Los hechos por los que la JEP rechazó nulidad en caso del excongresista Luis Fernando Almario y mantiene en firme su juicio

El excongresista Luis Fernando Almario continuará por la vía adversarial -contemplada para quienes no aceptan los crímenes imputados- en la Jurisdicción Especial para la Paz. Su expediente continuará en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la fiscalía de la JEP, y se mantendrá en firme su juicio con el que, en el caso de ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena de hasta 20 años de cárcel. 

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La Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Almario que pedía tumbar la imputación en su contra. La JEP le endilgó responsabilidad por sus presuntos vínculos con la extinta guerrilla de las Farc en el caso de los homicidios del expresidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Diego Turbay Cote; su madre, Inés Cote de Turbay; y los señores Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní y Rafael Ocasiones Llanos.

En 2018, la JEP recibió una compulsa de copias de su expediente por parte de la Corte Suprema, que consideró que por el tiempo de vigencia del tribunal "resultaba precedente para su competencia", en el marco de las investigaciones de los terceros civiles que fueron enlace con los grupos armados.

El 22 de julio de 2020, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad aceptó el sometimiento voluntario del ahora acusado, por este nexo que desembocó en “los asesinatos, secuestros y desplazamientos de los que fueron víctimas, por motivos políticos, 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del llamado grupo 'turbayista' del Caquetá”.

Bajo este contexto se perpetró el magnicidio de la familia Turbay Cote. Corría el año 2000 y se adelantaban los acercamientos entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc. Se había dictado la zona de despeje en el Caguán. Diego Turbay Cote, quien ejercía como presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, se desplazaba en caravana por la vía hacia Puerto Rico con su madre y cinco acompañantes más, cuando fue retenido por hombres del Frente 14 de la antigua guerrilla. Pese a que se encontraban negociando su desarme con el Estado, asesinaron a las siete personas siguiendo órdenes de la estructura de mando. 

Turbay Cote también ejercía un liderazgo político en la región, por lo que su homicidio generó un gran daño en la comunidad. Era de la línea de sangre del expresidente Julio César Turbay. Su padre, Hernando Turbay Turbay fue congresista y uno de los primeros políticos en levantar su voz para denunciar el accionar criminal de las Farc. Su hijo Rodrigo lo relevó en esta vocería, pero fue secuestrado y asesinado en cautiverio por el Frente 15 (este hecho también se lo endilgan a Almario). En 1998 aparece en escena Diego Turbay Cote para preservar el legado político de su familia. Fue elegido representante a la Cámara y ficha clave del expresidente Pastrana en las negociaciones. 

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Luis Fernando Almario era el contendiente político de los 'Turbayistas' liberales en el departamento. Fue 'barón' conservador, diputado y congresista. Según el expediente que trasladó la Corte Suprema a la JEP, se alió con la guerrilla para la persecución y el magnicidio por el que será llevado a juicio en este tribunal, pero además, según el dossiere, jugó en los dos bandos y también fue condenado por 'parapolítica' en la justicia ordinaria.

Su proceso en la JEP ha tenido varias talanqueras y la defensa, acudiendo a los recursos contemplados para garantizar el debido proceso, ha interpuesto varias acciones legales. El compareciente ha negado su responsabilidad en los hechos por los que se le acusan, razón por la que, cumpliendo con toda la etapa procesal, su caso terminó en la Sala de Ausencia de Reconocimiento y posteriormente fue remitido a la UIA. 

La etapa procesal en la Jurisdicción está ad portas del juicio adversarial y con esta nulidad queda en firme. Sin embargo, este fallo también es sujeto de apelación y reposición. 

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción justicia