Las 5 sanciones que la JEP propone para exmilitares por ‘falsos positivos’ en Dabeiba

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó a su cuarta resolución de conclusiones con un documento de 197 páginas en el cual la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRV) envió al Tribunal para la Paz de la jurisdicción, para la imposición de sus sanciones, el caso contra ocho exmilitares que aceptaron su responsabilidad en ‘falsos positivos’ en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia.

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La resolución de conclusiones, que reúne la investigación, la imputación a 10 exmilitares, y la aceptación de cargos de ocho de ellos, entre otras etapas del proceso, da luces sobre la impunidad en la que se matenían los crímenes cometidos en el camposanto, que no habían sido investigados antes por autoridades judiciales.

Este 22 de marzo, en rueda de prensa, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, destacó que otro caso más llegue a la etapa de conclusiones, lo que, indicó, muestra que cada vez más los avances en la JEP son más céleres.

Y el magistrado Alejandro Ramelli, correlator de este caso en Dabeiba, destacó que gracias a los aportes de verdad hechos por los comparecientes se pudieron conocer hechos que, de otro modo, jamás se hubieran conocido y se habría perpetuado la impunidad.

La investigación de la JEP incluyó la exhumación, en 29 fosas, de 75 hallazgos forenses, correspondientes a 49 cuerpos, de las cuales 13 ya fueron identificados y entregados dignamente a sus familiares.

Precisamente este viernes en Puerto Nare, Antioquia, la magistrada Nadiezhda Henríquez, correlatora del subcaso Dabeiba, acompañó la inhumación de la víctima número 13 en ser identificada: el joven reservista y desempleado para entonces Jhon Jarvi Cañas Cano, quien fue asesinado al bajarse de un bus urbano que venía de Medellín, en un retén del Batallón de Contraguerrillas No. 79, cuando venía con los sargentos Jaime Coral y Fidel Ochoa, quienes lo convencieron de aceptar un trabajo como obrero en una supuesta despulpadora de fruta en Dabeiba. 

Según comentó  Henríquez, en Puerto Nare esta es la primera vez que de un total de más de 280 personas desaparecidas, encuentran a una de ellas, "el es el primero que se ha recuperado, que ha regresado al seno de su familia. Esto es muy significativo", dijo.

Y añadió: "Encontrémosle el sentido restaurativo que tiene ese aporte a la verdad, la contribución de los comparecientes que no solo reconocieron lo que habían hecho y hablaron de otras personas comprometidas en los hechos, sino que además dijeron dónde estaban enterradas esas personas".

En el caso de Jhon Jarvi Cañas Cano, además de la inhumación realizada este 22 de marzo en Puerto Nare, este jueves 21 de marzo se realizó también un acto de entrega digna en Medellín, en  el cual estuvo el el magistrado Ramelli.

En este proceso investigativos se estableció que los delitos siguieron tres patrones macrocriminales perpetrados por integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 (BCG 26) Arhuacos, del Batallón de Contraguerrillas No. 79 (BCG 79) y de la Brigada Móvil 11 (BRIM 11) del Ejército para engrosar ilegalmente sus cifras de resultados operacionales.

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Esto lo hicieron reportando falsamente como bajas en combates el asesinato de campesinos, habitantes de calle o jóvenes desempleados a quienes trasladaban bajo engaños de ofrecerles un trabajo, así como el de algunos combatientes que ya estaban fuera de combate y debían ser entregados a las autoridades para enfrentar un proceso penal pero que en su lugar fueron asesinados.

“En su inmensa mayoría, se trataba de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años”, se lee en la resolución de conclusiones sobre el perfil de las víctimas, algunas de las cuales fueron niños desde los 12 años de edad.

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Los patrones macrocriminales determinados en este proceso fueron 1) el asesinato de campesinos y personas puestas fuera de combate por prejuicio insurgente; 2) la muerte de personas engañadas y trasladadas desde Turbo, Medellín y otras localidades hasta Dabeiba para asesinarlas y; 3) la desaparición forzada mediante el ocultamiento de los cuerpos en el cementerio Las Merdeces.

Los comparecientes vinculados al caso fueron clasificados en tres grupos, el primero es un grupo de 10 exuniformados que fueron llamados como máximos responsables, sobre los cuales versa esta resolución; el segundo grupo incluye a 17 activos y retirados de la Fuerza Pública que no fueron considerados como partícipes determinantes, y cuyos procesos deben ser resueltos por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

En el último grupo de comparecientes hay algunos ex uniformados que hicieron aportes a la verdad pero sobre hechos que salen del marco temporal o territorial definido para este caso, por lo cual seguirán siendo investigadas por el macrocaso 04 de la JEP, sobre la situación territorial de Urabá, y será en ese proceso en el que se determine su eventual responsabilidad.

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Puntualmente por el caso de Dabeiba, que fue el primero que se investigó en conjunto bajo dos macrocasos -el 03, por ‘falsos positivos’, y el 04-, los 10 comparecientes llamados como máximos responsables son:

Del BGC 26 el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, y el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo.

Del BCG 79 el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, mayor (r) Efraín Enríque Prada Correa, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo, el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado.

Finalmente del BRIM 11 se identificó como máximo responsable a su antiguo comandante, el coronel (r) Jorge Alberto Amor Páez.

De este listado todos aceptaron su responsabilidad con excepción de los coroneles en retiro Guzmán Ramírez y Amor Páez, cuyos procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que opera como su fiscalía, para que enfrenten el proceso adversarial.

Frente a los demás exmilitares, varios de los cuales nunca habían sido investigados por la justicia por estos graves crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad consideró que cumplieron con aportar verdad sobre los hechos y reconocieron plenamente su responsabilidad, por lo cual recomendó para todos una sanción propia, que es el tipo de pena que impone la JEP a quienes reconocen verdad y responsabilidad, y que implica una sanción no privativa de la libertad de entre 5 y 8 años en los cuales los procesados deben realizar trabajos para la reparación de las víctimas.

En la resolución de conclusiones se destacan apartes de los reconocimientos hechos por los comparecientes tanto por escrito como en una audiencia pública de junio de 2023 que dejan ver, entre otras cosas, que para cometer los crímenes en Dabeiba hubo un patrón de colaboración con las autodefensas, y habría una intensa presión de los superiores militares por presentar bajas en combate lo cual se convirtió en combustible para la perpetuación de esta práctica criminal.

Una cita del mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo dice, por ejemplo, que se entregaron a las Auc radios de comunicación y que se usaban frecuencias conjuntas para comunicarse con los paramilitares, él habló también de las presiones que recibían en programas radiales liderados por el general (r) Mario Montoya Uribe en los cuales intervenía el entonces mayor Pinzón Turcios, comandante del BCG 26, incentivando los asesinatos. Según su testimonio, Pinzón Turcios, al momento de salir a operaciones, les decía “bueno aquí no me traigan heridos, toca eso es dar de baja, necesito es dar resultados porque mi general Montoya me está presionando y aquí el que no sirva lo sanciono”.

También se destacan los recoocimientos que hizo sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas, quien fue el primer compareciente en hablar sobre lo ocurrido en el cementerio Las Mercedes y junto con el soldado profesional (r) Contreras Salgado fueron los primeros que informaron de puntos exactos en el camposanto en los cuales inhumaron a víctimas.

Capera le describió a la JEP, por ejemplo, que su función era “maquillar” las escenas de ejecuciones extrajudiciales para que parecieran bajas en combate, “se tomaban fotografías para hacer el procedimiento legal de policía judicial, de puntos de amarre, norte magnético, se hacía el embalaje de sus manos, del arma de dotación, o del arma que le colocábamos en sus manos porque nosotros se la dotábamos a ellos”, comentó Capera, quien también contó que capacitó a los soldados “para dar unas declaraciones en la justicia penal militar, porque sabíamos que, si se archivaban en ese lugar, la verdad de los asesinatos que cometíamos no iba a salir a la luz pública”.

La resolución de conclusiones enviada al Tribunal de Paz de la JEP incluye cinco propuestas de sanciones restaurativas que podrían aplicarse a los exmilitares que reconocieron los delitos. Estas propuestas surgieron del análisis tanto de los proyectos que propusieron los mismos comparecientes, como de las observaciones de víctimas y también de una recomendación de oficio que hace la Sala de Reconocimiento de dos posibles Trabajos, Obras o Acciones con contenido Reparador-Restaurador (Toar) para cumplir las sentencias que se dicten por este caso.

Los Toar propuestos por comparecientes son el mejoramiento de vías terciarias, que fue una propuesta presentada a la SRV por 11 comparecientes; la propuesta de restauración en pedagogía titulada ‘Catedra para la Paz’, presentada por 8 comparecientes; y un proyecto productivo de galpones de gallinas ponedoras, presentado por 11 comparecientes.

A estos se sumaron los dos propuestos de oficio por la Sala que son, en primer lugar, un proyecto de obra de memorialización y reparación simbólica para re-dignificación en el cementerio Las Mercedes; y el segundo es un proyecto consistente en la reconstrucción de 7 puentes que fueron destruidos por la Fuerza Pública y eventualmente otros tantos por otros actores durante el conflicto armado.

“La re-dignificación del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba fue una solicitud proveniente de las víctimas que les permite a los comparecientes reparar el daño allí causado en un camposanto municipal, transformar un lugar que, la JEP determinó fue utilizado para desaparecer forzadamente civiles en 29 fosas comunes para que una obra y placa conmemorativa lo convierta en un espacio de culto y sepulcro digno que permita honrar la memoria de las víctimas allí inhumadas ilegalmente durante el conflicto armado”, dice la resolución sobre el proyecto Toar en el cementerio.

Y sobre la propuesta de reconstruir puentes para cruzar el río Sucio, la resolución señala que según la comunidad, estos siete puentes fueron destruidos por la Fuerza Pública en su imaginario de que eran puentes que únicamente usaban y beneficiaban a las Farc cuando en realidad son necesarios para conectar a veredas de Dabeiba con el casco urbano, “permiten la distribución de alimentos, la libre circulación en el territorio y darían seguridad a campesinos y personas vulnerables que hoy deben arriesgar sus vidas transitando por el río o atravesándolo con puentes colgantes en precarias condiciones”.

Este caso se construyó sobre el aporte a la verdad de los comparecientes y sobre la ciencia forense, porque ni había documentos militares, porque los quemaron, ni expedientes que revisar, porque no se investigó. Fue el aporte a la verdad y la contrastación con lo que encontró la ciencia forense lo cual finalmente se consideró que demostraba su responsabilidad y ellos lo reconocieron. Por eso en esta resolución se consideró que eran elegibles para una sanción propia, sin sus testimonios y reconocimiento no se sabría jamás qué fue lo que pasó en Dabeiba.

Algunos de estos hechos fueron investigados en la Fiscalía pero prontamente lo enviaron a la Justicia Penal Militar (JPM) y aunque preguntamos qué pasó en la JPM con las investigaciones, nunca nos respondieron. Sabemos que en la Procuraduría en un momento se abrió un caso preliminar por el caso de Edison Lexánder Lezcano (una de las víctimas de desaparición) pero luego lo archivaron todo.

Se mantienen los trabajos para la identificación y ojalá se logren más identificaciones. Ese proceso de la identificación no se cierra y por el mismo reprocesamiento de muestras que hace Medicina Legal, en cualquier momento podría haber nuevos resultados. También siguen los procesos de toma de muestras para poder hacer cotejos con el ADN recuperado de los restos.

Fue todo un diálogo durante varias reuniones entre víctimas y comparecientes, ellos expusieron, las víctimas dieron sus opiniones. Se analizó que habría mayor viabilidad de esos proyectos que se incluyeron en la resolución, pero el Tribunal de Paz tendrá que decir si son estos, o si son otros, los colegas (de la Sección con Reconocimiento) definirán cuáles son viables, en qué tiempos, cuáles son otras alternativas.

¿Por qué se decidió incluir de oficio dos propuestas de reparación?

Lo que pretende la Sala es que las sanciones sean un instrumento de restauración de derechos fundamentales de las víctimas, a veces en esa discusión la magistratura puede hacer propuestas, pero finalmente son propuestas, ya el Tribunal tendrá que decidir por cuál de todas ellas se decanta y esa será la sanción que ellos imponen; también hay que tener en cuenta que las sanciones propias son de 5 a 8 años, y hay que mirar hasta dónde un proyecto tiene probabilidad a largo aliento.

Creo que las amenazas se intensificaron antes de la audiencia de Dabeiba (realizada en junio de 2023), después no hemos vuelto a recibir, pero la situación de riesgo permanece, no tenemos certeza de que haya desaparecido el factor que las generó.

Frente a la investigación de la Fiscalía, no tenemos información de que haya generado resultados. Ha pasado ya tanto tiempo que le queda a uno la impresión de que finalmente no se logró ningún resultado.

Sí, nosotros no simplemente les preguntamos si se consideraban o no culpables, esto lleva detrás toda la investigación, las fuentes y testimonios. Por eso se les imputa con base en la cantidad de pruebas, no es simplemente que decidieron no aceptar. Hay todo un material probatorio que sustenta nuestra imputación. Por supuesto, ellos tienen derechos a declararse inocentes; y en el auto de determinación está todo el material probatorio y es clara su responsabilidad.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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