Defensoría reporta que habitantes de 148 municipios tomaron agua contaminada en 2023

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reveló que durante el año 2023, 148 municipios en Colombia enfrentaron serios problemas de calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de aproximadamente 534.000 personas en áreas urbanas y 799.000 en zonas rurales.

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Los casos más críticos se registraron en municipios como Zaragoza (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo) y varios municipios de Nariño. El reporte se entrega en la conmemoración del Día Mundial del Agua.  

El jefe de la entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para garantizar el suministro efectivo de agua potable como un derecho humano fundamental, asegurando criterios de calidad, disponibilidad y accesibilidad.

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Además, se señaló que en 758 municipios no se evaluó la calidad del agua, afectando a una población estimada de 8.889.000 personas. Esta omisión preocupa a la Defensoría del Pueblo, ya que impide la adopción de medidas para reducir el riesgo.

En cuanto a la disponibilidad del agua, se destacó la insuficiencia de caudales concesionados y las pérdidas en los sistemas de distribución. Por otro lado, el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que 271 municipios enfrentan desabastecimiento de agua debido al fenómeno de El Niño.

En términos de accesibilidad, se subrayó la falta de cobertura en zonas rurales, como el caso del pueblo Wayúu en La Guajira. 

“Exhortamos a los alcaldes municipales a implementar estrategias para fortalecer los servicios de agua potable a través de medios alternos que la garanticen en situaciones de desabastecimiento. Además, les recomendamos destinar recursos y diseñar programas específicos para mejorar infraestructuras en zonas urbanas y rurales, involucrar a los habitantes en la toma de decisiones, evaluar tecnologías apropiadas para áreas rurales y cumplir con las funciones ambientales establecidas en la legislación”, indicó Carlos Camargo Assis.

Finalmente, se enfatizó que el al agua es un derecho esencial para el desarrollo socioeconómico de las comunidades, y su gestión sostenible es fundamental para alcanzar las metas de desarrollo sostenible y promover la paz.

Redacción Justicia:

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