'No se puede descalificar a los jueces ni atacarlos en su función’: presidente de JEP

En diálogo con EL TIEMPO, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló de lo que viene para el próximo año y de la relación con el Gobierno Nacional, en la que reconoce un “franco” desacuerdo pero una comunicación directa.

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Avanza mucho, esta es una coyuntura muy particular porque son las primeras y estamos utilizando por primera vez nuestro procedimiento. Todos los equipos están trabajando a todo vapor porque tenemos un compromiso de tener las sentencias lo más rápido posible, sabemos que el país, las víctimas y la comunidad internacional están a la espera de esas sentencias.

Nosotros tenemos la aspiración de tener la primera sentencia en el primer semestre, ojalá en el primer trimestre del año entrante, esa es nuestra aspiración.

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Está avanzando mucho la de Farc, por secuestros, pero las dos del caso 03 (‘falsos positivos’) también están muy adelantadas.

Estamos muy contentos porque hay una receptividad muy grande de comparecientes tanto de Fuerza Pública como de Farc para vincularse a esos procesos. Los proyectos en los que estamos trabajando son estos tres primeros: desminado y educación en riesgo de minas, en Antioquia; la restauración ambiental en Bogotá, y la construcción de una casa de la memoria con unas connotaciones espirituales grandes en Nariño.

El trabajo de la JEP ha mostrado que caminar en la verdad del conflicto armado es una cuestión muy dolorosa para todos. Estamos hablando de la fase más luctuosa de los crímenes más atroces y caminar por ahí no es fácil para nadie. No es fácil para las víctimas porque remueve los dolores más profundos. No es fácil para los comparecientes asumir responsabilidades por crímenes internacionales y quiero que se entienda bien: decir crímenes internacionales quiere decir que en Colombia sucedieron cosas del nivel de gravedad de las que están sucediendo en Ucrania o en Palestina e Israel, Colombia ha sido el escenario de ese horror por décadas. Por eso nosotros entendemos que levantar la memoria del conflicto produce reacciones que van desde el dolor hasta la preocupación y los temores.

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¿Se avecina el ingreso de más ‘exparas’?

En estos cinco años, la JEP ha rechazado la solicitud de 1.700 personas que querían ser recibidas como paramilitares. En ese escenario, en este momento para el particular y excepcional caso de la bisagra se han procesado 13 solicitudes específicas, de esas se rechazó la primera que es la de ‘Jorge 40’, se ha aceptado la segunda, de Salvatore Mancuso, y en las otras 11 está el proceso caminando y vendrán decisiones, algunas serán positivas, unas negativas, dependiendo del caso concreto. Lo que hemos insistido es que no es una regla general, sino que esto está sometido a la investigación del caso.

Como exparamilitares han sido investigados y condenados en Justicia y Paz, aquí lo que nos interesa es el tema de la conexión con la Fuerza Pública y eso es bien importante porque Justicia y Paz eso no lo podía investigar. Es tan importante que nosotros hemos lanzado 300 compulsas de copias basados en la declaración de Mancuso, en 17 años, Justicia y Paz ha enviado a la Fiscalía 18.000 compulsas sobre terceros que ellos encontraron mencionados en sus investigaciones y que han remitido para que lo investigara una autoridad competente.

La JEP hace un esfuerzo muy grande por mantener su autonomía e independencia como una garantía para todas las partes, sabemos que vamos a recorrer un camino difícil, pero aquí hay un tribunal serio que ofrece todas las garantías, que ofrece transparencia.

Los jueces somos la garantía de la existencia de las democracias, la seriedad de los tribunales es la garantía de la democracia. Aquí el problema es garantizar que todos los jueces y todos los tribunales tengamos la autonomía para trabajar y que esa autonomía sea respetada. El muro de la autonomía judicial es la garantía de la democracia.

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El espacio de la autonomía es sumamente delicado, hay desde atentados contra la integridad de los de la Rama Judicial, pero hay muchos ataques que pueden ser velados; por supuesto, hay una vulnerabilidad en el tema presupuestal… Yo creo que el llamado es que el respeto por la Rama Judicial es fundamental y creo que independientemente de si uno está de acuerdo o no con la decisión, no se puede descalificar a los jueces ni se les puede atacar en su función.

Nosotros hemos tenido la ocasión de hablar ya varias veces con el Canciller, he hablado con el Presidente de la República y le pusimos en conocimiento muy claramente cuál es la posición de la JEP y cuáles son nuestras demandas respecto de la autonomía; ellos han sido serios y receptivos. Es una comunicación franca que no obligatoriamente pasa porque pensemos lo mismo, entonces no hay una pelea, hay un desacuerdo franco y una comunicación muy directa.

Hemos podido tener desacuerdos con el Presidente, pero él ha afirmado su posición como demócrata, que respeta profundamente la autoridad judicial, y él ha honrado ese compromiso en el sentido de que la JEP también ha recibido apoyo importante del Gobierno en cosas como los proyectos del sistema restaurativo, si el Gobierno cierra esa puerta esos proyectos no pueden existir. El Presidente ha dispuesto los recursos que se necesitan, las actividades que se necesitan, entonces yo creo que hay una respuesta positiva y de reconocimiento al trabajo de la jurisdicción.

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Él tiene una condena bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y está cumpliendo una pena, pero al mismo tiempo se somete y entonces lo que viene es una labor de colaboración judicial, esa labor de colaboración judicial no es directa entre nosotros y el juez de allá, sino que está mediada por la autoridad competente en Colombia, que es el Ministerio de Justicia, entonces a través del Ministerio nosotros solicitamos colaboración judicial. En este caso hemos solicitado que nos den a esa persona para poder recibir sus testimonios, para que haga aportes a la verdad, pero estamos hablando de decisiones de jueces competentes y jueces soberanos que pueden decirnos que sí o que no. Y lo mismo pasa en la relación con nosotros, tenemos peticiones de jueces americanos que solicitan a la JEP informaciones, pruebas, y nos corresponde a nosotros decir sí, no, o no podemos.

En la medida en que se abren todos estos procesos y hay investigaciones allá de estas personas, ellos también nos están pidiendo: ‘Ah, ustedes están investigando a estos señores, mándennos la información’.

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Las primeras sentencias, los primeros proyectos de sanción, un avance sustancial en las investigaciones de los macrocasos. También, el tema de una integración con las autoridades internacionales muy fuertes, muy pronto a instancias de la Cancillería, la Corte Penal Internacional va a abrir la oficina en Colombia, y viene un trabajo coordinado con la Corte Interamericana y con las expectativas de lo que hemos llamado el Sistema Nacional de Justicia Transicional, que es un diálogo estrecho de autoridades judiciales y las grandes preguntas de cómo en los procesos de paz que está adelantando el Gobierno se van a resolver los problemas judiciales del futuro, lo cual involucra a muchas autoridades.

¿Lo de la oficina de la I en Colombia es ‘meter al policía en la casa’? ¿Nos expone a que la Corte vuelva a abrir el examen que le cerró a Colombia?

Los términos de la complementariedad positiva se enfocan en mirar cuáles son los avances del modelo colombiano y cuáles son las cuestiones que podemos mejorar con la comparación internacional. Pero también hay que decir, si la metáfora funciona, que sí vamos a tener al ‘policía’, lo que pasa es que trabajamos con él. Pero la Corte no para su función de revisar que no haya impunidad en obligaciones internacionales del Estado.

Esperamos también decisiones muy prontas.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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