Las evidencias que llevaron a la Corte a ordenar el envío a prisión de Ciro Ramírez

Un documento de 208 páginas contiene el estudio que hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para ordenar la captura y envío a prisión del senador Ciro Ramírez Cortés por un entramado de presunta corrupción con la contratación estatal.

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La Sala analizó una serie de documentos y testimonios que apuntan a que Ramírez “ideó, urdió, organizó y dirigió un entramado criminal" que, en connivencia con otras personas, “obtuvo la estructuración de un contrato de gerencia integral mediante el cual se asignó" a la empresa Proyecta "una considerable cantidad de recursos públicos para la financiación de obras civiles e interventorías”, se lee en la decisión.

La idea del “plan criminal”, dice el documento, era adjudicar los contratos a las personas que indicara el senador, “quienes, al parecer, asumieron el compromiso, tanto de respaldarlo políticamente como de entregarle una compensación económica por esa selección”.

Entre los hechos que reconstruyó la Corte está una reunión, en septiembre de 2021, entre el otrora gerente de la empresa Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa (hoy preso) y el senador en la cual se habría hablado de los avances en un contrato firmado entre esa empresa y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Posteriormente, el 13 de octubre de ese año, se habrían reunido en el DPS Herrera, Ramírez y Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de otro contrato “en esencia para favorecer los intereses económicos y electorales del procesado”, se lee.

En efecto, según la Corte, en diciembre se firmó otro contrato pero además se acordó direccionar, mediante invitaciones directas que haría Proyecta, otros 13 negocios jurídicos.

“El propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado y García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquél en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000.000.000”, se lee.

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Entre las pruebas que analizó el alto tribunal están documentos de inspecciones a la contratación del DPS, también registros de una visita que hizo Ciro Ramírez a la cárcel en donde estaba Pablo César Herrera, y una declaración juramentada que rindió el exsenador Mario Castaño (fallecido en noviembre) sobre las actividades de Ramírez ante el DPS.

También hay testimonios como el del propio Herrera, quien le aseguró a la Sala de Instrucción que Ciro Ramírez lo buscó para obtener apoyo político en Caldas y que se reunieron entre septiembre y octubre de 2021. Según su testimonio, fue Ramírez quien hizo el puente entre Proyecta y el exsubdirector del DPS.

“De esta manera, en las reuniones que empezaron a presentarse con García y Ramírez Cortés, los tres -incluyendo el testigo- dialogaron de la creación de una bolsa para una gerencia integral" en aquellas zonas en las que el senador tenía influencia: Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

De acuerdo con el testimonio de Herrera, ese negocio inicialmente se estimó “en un valor de $170.000.000.000 y se discutía que conduciría al crecimiento del caudal político del procesado, así como de otros parlamentarios, a quienes identificó como Carlos Motoa, Julio César García y Miguel Ángel Barreto”, se lee en el expediente.

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Sobre los contratos que se habrían direccionado, Herrera mencionó las interventorías de Tolima varios, Cunday, Villarrica, Mariquita, Piedras, Alvarado, Purificación y Melgar; asimismo, las obras de Mariquita, Melgar, Villarrica, Piedras, Alvarado y Purificación.

Los contratos habrían ido a parar a contratistas como ‘los Raúles’, pues se describen reuniones como una ocurrida en enero de 2022, en el hotel Capital de Bogotá, a la que asistieron Katherine Rivera Bohórquez (exasesora de la UTL de Ramírez) y Raúl Cardozo Ordoñez, ‘el padre’; Raúl Cardozo Navas, ‘el sobrino’; y Raúl Cardozo Nuncira ‘el hijo’; en la que, según se narró, se les comunicó a ellos tres que las obras e interventorías quedarían en sus manos.

Pero el de Herrera no es el único testimonio evaluado por la Sala de Instrucción. Se escuchó también a trabajadores de Proyecta que aseguraron haber visto al congresista en las instalaciones de esa empresa, en visitas que coordinó Alejandro Noreña Castro, asesor del otrora gerente de Proyecta, Pablo César Herrera.

Los trabajadores de Proyecta también le contaron a la Corte distintos detalles de cómo se estructuró el contrato interistrativo 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta, negocio que está en la lupa de la justicia por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en su suscripción.

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Varios testigos también hablaron de una invitación que hizo Noreña Castro para apoyar la candidatura de Ramírez en Quindío para las elecciones de 2022; y otros más fueron interrogados sobre las empresas que se quedaron con los contratos que el “entramado criminal” asociado a Ramírez habría direccionado.

El propios senador del Centro Democrático fue escuchado por la Sala de Instrucción en indagatoria el 31 de julio y el 26 de septiembre de 2023, y la Corte le preguntó sobre cómo conocía a las personas mencionadas en el entramado, pero también lo inquirió sobre varias reuniones referidas por esas personas en las que se habría fraguado el plan criminal.

Con respecto de la visita el 13 de octubre de 2021 al DPS, el senador aseguró que estuvo determinada “por petición expresa de Noreña Castro para efectos de solucionar un inconveniente con un convenio. Lo anterior, aseguró el investigado, resulta bastante rutinario en el desarrollo de sus funciones, esto es, que personas busquen su acompañamiento para resolver problemas con entidades gubernamentales”, se lee en el documento de la Sala de Instrucción.

En cualquier caso, recogió la Corte, el congresista negó haber dialogado o participado en reuniones encaminadas a consolidar una nueva gerencia integral en beneficio de Proyecta o haber discutido “sobre direccionamientos de contratos en beneficio propio o de sus electores por conducto de dicha entidad del orden departamental”.

Sobre la ayuda de Noreña Castro a su campaña en Manizales, a través de vallas electrónicas, dijo que todos los recursos provenían de su campaña. Ramírez también reconoció la visita en prisión, en octubre de 2022, a Herrera Castro, pero dijo que lo hizo para propender por el respeto a los derechos de los presos y para denunciar actos de maltrato.

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Sin embargo, para la Corte había varias inconsistencias en su versión. Por ejemplo, sobre la visita del 13 de octubre de 2021 al DPS, la Corte encontró que Herrera Correa ya había ido al DPS al menos dos veces antes de esto, por lo cual no parecía creíble que necesitara que Ciro Ramírez intercediera por él para solucionar un problema.

“Por el contrario, en virtud del contexto y lo sucedido durante la segunda semana de noviembre, las declaraciones de Herrera Correa y Noreña Castro cobran notable corroboración. En otras palabras, ambos testigos coinciden en que, ese día, durante la reunión en el DPS, el Senador indagado discutió la posibilidad de explorar la consolidación de un nuevo contrato de gerencia integral, precisamente, por los buenos resultados del 501 de 2021”, se lee.

El documento de la Sala de Instrucción también señala que el direccionamiento de contratos públicos no se soporta solo en las declaraciones de Herrera Correa, quien aceptó ocuparse directamente de ese asunto.

“Por el contrario, la Sala ha establecido la existencia de un patrón de sistematicidad en la asignación de los contratos, caracterizado por la selección de proponentes ligados entre sí, incluso, con concurrencia de únicos proponentes aptos para ser seleccionados”, se lee.

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Por ejemplo, la Corte determinó la existencia de dos líneas paralelas de contratación, una coordinada por Raúl Cardozo Ordoñez y otra por Anderson González González, quien se presentó como un asesor externo que asesoraba a varias de las empresas referidas en los contratos.

También se encontraron características comunes en los contratos que habrían sido direccionados ilegalmente, como que en todos la propuesta seleccionada compitió sin un real contendor: “en el momento de ser analizadas por el comité de contratación de Proyecta, el común denominador era que solo uno de los tres invitados presentara una oferta apta de ser seleccionada o, en su defecto, solo uno la subsanara”, dice la Corte.

Frente al apoyo electoral al senador Ciro Ramírez, la Sala señaló que tanto Cardozo Ordoñez, como González González, con ayuda o patrocinio de Alejandro Noreña Castro, apoyaron la campaña del congresista.

Y si bien Cardozo, Ramírez y su asesora Katherine Rivera Bohórquez trataron de minimizar el impacto de ese apoyo electoral, al decir que el fortín político de Ramírez estaba en Boyacá, al analizar tablas de resultados electorales la Sala de Instrucción encontró casos extraños en Santander, pues en Piedecuesta y Floridablanca Ramírez llegó a registrar variaciones de votación del 2.852% y 112%, respectivamente.

“Ese fenómeno, sería atribuido, al menos en parte, al apoyo reconocido y reivindicado por Cardozo Ordoñez en su declaración”, dice la Corte.

También hubo incrementos aparentemente inexplicables de votos “en ciudades como Armenia o Manizales, cuya ajenidad fue reconocida de manera explícita e inequívoca por aquél en los descargos rendidos en estas instrucción, tuvo incrementos del 1.952% y 202%, respectivamente”, se lee.

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Tomando en cuenta todo esto, a lo que se suma la visita “privilegiada” a prisión que Ciro Ramírez le hizo a uno de los principales testigos, para la Corte había evidencia de que el congresista podía obstruir la investigación y por eso era necesaria su captura y envío a centro carcelario.

De hecho, desde ya la Corte advirtió que podría estarse configurando una coordinación de versiones exculpatorias entre los involucrados porque interceptaciones legales, como una del pasado 6 de octubre, dejaban ver que Raúl Cardozo Ordóñez y su hijo, Cardozo Nuncira, hablaban de que mantenían un diálogo con el senador y su asistente Rivera, y que ella les instruyó no aceptar preacuerdos y que en el escenario más adverso, asumieran ellos toda la responsabilidad.

Por el momento, frente al caso de Ramírez, quien fue enviado a la cárcel La Picota, la Sala de Instrucción continuará con la investigación en su contra, y en la Fiscalía avanzan también procesos contra personas que no tienen fuero, como su exasesora Katherine Rivera.

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