Cinco masacres, 56 casos de violencia de género y 36 niños reclutados en 2025 en Catatumbo: ONU Derechos Humanos

Tres meses después de la peor emergencia humanitaria registrada en el Catatumbo, la situación sigue sin normalizarse. Desde el fatídico 16 de enero, cuando la masacre de tres de una misma familia —entre ellos un bebé de 11 meses— desató el escalamiento de los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha reportado más de 66.000 personas desplazadas, 126 homicidios y 36 casos de reclutamiento de menores, de los cuales el 23 % son migrantes venezolanos.

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Luego de su visita a Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por las condiciones de riesgo que persisten en las comunidades de la región.

Actualmente, más de 900 personas continúan viviendo en refugios, otras han retornado sin garantías mínimas de seguridad y cerca de 11.000 permanecen confinadas, esquivando las balas de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las operaciones legítimas de la Fuerza Pública.

En lo que va de 2025, Naciones Unidas ha verificado el asesinato de cuatro defensores de derechos humanos y cinco masacres en la región. Uno de los asuntos que más alarma genera es el reclutamiento forzado de menores. Según el último informe del Puesto de Mando Unificado, entre las más de cien víctimas mortales había al menos 23 niños, niñas y adolescentes que habían sido incorporados a la fuerza por los grupos armados.

“El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años es un crimen perpetrado por grupos armados no estatales. Condenamos esta práctica y urgimos a estos actores a abstenerse de seguir reclutando y a liberar de inmediato a quienes tienen en su poder. Las plataformas de redes sociales facilitan este tipo de captación en Colombia. También llamamos al Estado, que tiene la obligación de proteger a la infancia, a tomar todas las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento”, declaró Campbell.

Otro de los temas abordados fue el impacto negativo de la suspensión de recursos por parte de la agencia de cooperación internacional estadounidense USAID, cuya ayuda era clave frente a esta crisis humanitaria. Asimismo, hizo énfasis en las graves afectaciones del conflicto sobre las comunidades indígenas, atrapadas en medio del fuego cruzado.

“Me reuní con autoridades del pueblo indígena Barí, quienes me explicaron que sus 26 comunidades, ubicadas en el Catatumbo, enfrentan severas restricciones de movilidad; vigilancia permanente sobre sus territorios y sus vidas; y la instalación de minas antipersonales en sus caminos ancestrales, lo que interrumpe su espiritualidad y, muchas veces, les impide cazar, pescar y recolectar plantas de su medicina tradicional. También manifestaron la urgente necesidad de saneamiento y ampliación de sus resguardos”, señaló el representante.

Campbell se sumó a la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre el incremento de las violencias basadas en género. En medio del deterioro del orden público se han documentado 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 64 % corresponde a víctimas migrantes.

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“Uno de los fenómenos más preocupantes identificados por la Oficina de ONU Derechos Humanos es la violencia, el señalamiento y la estigmatización de mujeres acusadas de colaborar con grupos armados no estatales. Esta situación las expone a agresiones físicas, psicológicas y sociales. Además, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp se han difundido fotografías, listas con nombres, direcciones y otros datos personales en las que se les acusa de tener vínculos con estos grupos y se les amenaza directamente”, expuso la Oficina.

El representante también sostuvo reuniones con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y con mandatarios locales, quienes le compartieron las acciones adoptadas para atender la emergencia.

“Reconocemos los esfuerzos realizados por las instituciones del Estado, tanto locales como nacionales, para responder a la crisis en el Catatumbo y garantizar los derechos humanos de su población. Para alcanzar este objetivo, es fundamental que la Fuerza Pública, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pueda asegurar el orden público en toda la región, especialmente en las zonas rurales, y así proteger efectivamente a las comunidades y pueblos indígenas”, insistió el representante del organismo multilateral.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno para investigar y aplicar estrategias que frenen el reclutamiento de menores, y avanzar con el financiamiento y ejecución del Pacto Catatumbo, que recientemente debió ser ajustado tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles algunas medidas no relacionadas directamente con la emergencia.. 

Redacción Justicia