Defensoría expide resolución que busca impulsar la implementación de la Ley de utilidad pública

La defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, para socializar la resolución con la que se busca implementar la Ley de utilidad pública para mujeres cabeza de familia, sancionada el año pasado.

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En compañía de la fiscal Luz Adriana Camargo y la ministra Ángela María Buitrago, la Defensora compartió la decisión con la que se busca beneficiar a cerca de 5.000 madres cabezas de familia. 

"Esta norma es la primera en el país que, con enfoque de género, contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, permitiendo cumplir la pena de forma extramural en actividades de impacto social en el ámbito comunitario y, a su vez, que la mujer pueda proveer y acompañar a sus hijos”, dijo Marín.

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En efecto, la Ley de utilidad pública les permite a algunas mujeres cabezas de familia pagar su pena en libertad, a cambio de prestar un servicio comunitario. Eso sí, no aplica para todas, sino a las condenadas por delitos relacionados con el hurto o estupefacientes, en los que la pena no sea mayor a ocho años de cárcel.

En un primer balance, la Defensoría del Pueblo ha notado que el número de penas concedidas es bajo, debido a que hay un desconocimiento de la ley y a que persiste una interpretación restrictiva por parte de operadores judiciales "que se han negado a implementar un enfoque diferencial y de género, por lo que surge la necesidad de que sea adoptada la Resolución Defensorial”.

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La Resolución Defensorial que expidió Iris Marín contiene varios puntos. Uno de ellos es que ordena a las diferentes oficinas de la entidad realizar un plan conjunto en los próximos 30 días, con el fin de avanzar en la implementación de la mencionada ley. 

También "exhorta al Ministerio de Justicia a continuar con el monitoreo de la implementación de la Ley en mención y promover la consecución de un mayor número de plazas de servicios de utilidad pública, especialmente en municipios apartados del país".

Y por último, convoca al Consejo Superior de la Judicatura -dirigido por la magistrada Diana Remolina- a promover un enfoque de género en los diferentes despachos judiciales, "de modo que la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública no sea negada a partir de interpretaciones restrictivas". A la Procuraduría también se le hizo un llamado para que a través de sus procuradores judiciales propicie este mecanismo sustitutivo de las penas intramurales, a favor de las mujeres.

Por último, se "exhorta a todas las alcaldías y gobernaciones del país a implementar programas restaurativos que incluyan a las mujeres potenciales beneficiarias de la pena de servicios de utilidad pública, a quienes, además, les deben brindar oportunidades laborales paralelas a los servicios gratuitos que deben prestar como parte de la ejecución de sus penas".

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]