Defensoría hizo llamado por la lenta implementación del acuerdo de paz firmado con las ex-Farc

Pese a que han pasado más de 7 años desde que se firmó el acuerdo de paz con las extintas Farc, la implementación va a paso lento, persiste la violencia y han crecido algunos escenarios de riesgo contra líderes y defensores de derechos humanos por la expansión de grupos armados ilegales, que incluso han ampliado su control territorial pese a que adelantan diálogos y negociaciones en el marco de la política de Paz Total.

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Así lo concluye el ‘VI Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, presentado este 20 de agosto por el Defensor del Pueblo Julio Balanta Mina.

El informe hace un recuento de la implementación del acuerdo con corte al 31 de abril de 2024 y señala, entre otros retrasos, que el a la tierra, la formalización, el catastro multipropósito y los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (RRI) continúan con niveles bajos de ejecución y falencias en términos de articulación institucional.

En temas de la RRI se dice que solo hay un avance del 37,84 por ciento en la redistribución de predios a campesinos sin tierra, pues la Agencia Nacional de Tierras informó que a corte 31 de marzo de 2024 han ingresado al Fondo Nacional de Tierras 21.132 predios, correspondiente a 2’413.654,541 hectáreas, de los cuales se han adjudicado 9.660 predios por 913.542,9039 hectáreas.

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También se reportó una baja caracterización de los predios, “continúa entonces un preocupante rezago que afecta el cumplimiento de los fines de la Reforma Rural Integral, en la medida que la falta de caracterización de los bienes inmuebles no permite tener la certeza de si estos acreditan condiciones de viabilidad jurídica, física y técnica para el reconocimiento efectivo del derecho de a la tierra a favor de los sujetos de reforma agraria”.

Frente al catastro multipropósito, se señala que al primero de enero de 2024 se reportaba el 12,40 % del área geográfica del país con información actualizada, y partiendo de una línea base del 9,4 % del área geográfica del país, en términos reales el avance reflejado durante la vigencia 2022-2024 corresponde al 3 por ciento.

“Se evidencia entonces que los avances en el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Gobierno nacional son bajos para medir la política de catastro multipropósito. Además, considerando el número de municipios que están bajo su intervención, se puede deducir que difícilmente se cumplirá la meta definida para el 01 de enero de 2025, consistente en actualizar el 35,94 % del área geográfica del territorio nacional”, se lee.

Adicionalmente, se indica que la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances. "En la ruta individual, 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80 por ciento corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite".

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De igual forma hay problemas en el cierre de la frontera agrícola, pues el informe indica que el balance en términos de implementación del plan de zonificación ambiental para el primer semestre del presente año corresponde al 6.35 %, siendo el más bajo en comparación con los otros quince Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.

Además se evaluó el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y se cuestionó que con corte al 29 de febrero de 2024, de las 33.007 iniciativas pactadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), menos de la mitad, 14.545 iniciativas, es decir el 44,06 por ciento, tenían una ruta de implementación activa, en la cual no se explica el estado de la iniciativa o si ya terminó la ejecución.

“Preocupa entonces el ritmo de avance, si se considera que, a siete años de la implementación del Acuerdo de Paz, menos del 50 por ciento de las iniciativas han iniciado un proceso de gestión, sin que ello indique necesariamente que se encuentra en curso la ejecución de proyectos para dichas iniciativas o que su implementación hubiera finalizado”, dice el informe.

En el lado positivo, se destacó la aprobación en el Congreso de la Jurisdicción Agraria y Rural, diciendo que esto "no solo responde a una deuda histórica con el campesinado colombiano, sino que además materializa el cumplimiento de lo convenido en el Acuerdo Final y da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional”, dijo la Defensoría, que no obstante señaló que hace falta aprobar la ley ordinaria que reglamentará la operación de esta jurisdicción.

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Frente al punto 2 del acuerdo, sobre participación política, la Defensoría comenzó por advertir de una ampliación del escenario de riesgo para la labor de las personas defensoras y líderes sociales por el accionar de grupos armados organizados y del crimen organizado. De hecho, para el periodo entre enero y abril de 2024 la Defensoría había registrado 57 homicidios contra personas defensoras de derechos y liderazgos sociales.

La Defensoría también advirtió que hay una estrategia de “copamiento, expansión y control territorial de los grupos ilegales, mientras algunos de ellos adelantaban sus diálogos y negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Esta estrategia se manifiesta en territorios en los que tiene lugar: a) confrontación entre los grupos, b) acciones de fortalecimiento territorial de dichos grupos o c) territorios de control hegemónico”.

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También se cuestionó que aunque ha sesionado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), en estos espacios no se han movilizado acciones contundentes para mitigar los riesgos, “la presencia diferenciada (y deficiente) del Estado, que ha sido parte histórica de la respuesta estatal, se ha profundizado y existen territorios que carecen de una presencia eficaz del Estado social de derecho”, cuestionó el ente de derechos humanos.

Al respecto el defensor Balanta Mina dijo que si no hay seguridad en los territorios rurales del país, no puede haber reforma agraria, ni sustitución de cultivos ilícitos, ni restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada.

En cuanto al punto 3, sobre fin del conflicto, la Defensoría parte por analizar el avance de la reincorporación de excombatientes de las Farc a la vida civil y señala que en el marco de la ruta de atención por compra directa de tierras, hay avance en la compra directa de 44 predios entre 2019 a febrero de 2024, de los cuales 14 inmuebles han sido adjudicados para la consolidación de los AETCR -en los que habitan algunos de los excombatientes- así como para sus proyectos productivos

“Pese a que la Agencia Nacional de Tierras viene avanzando en procesos de compra de predios para atender los compromisos de a tierras para población firmante (...) se hace necesario que los trámites de adquisición directa respondan a los criterios de priorización definidos por la Agencia Nacional de Reincorporación, a efectos de prevenir la configuración o exacerbación de riesgos contra la vida, libertad y seguridad personal”, dijo la Defensoría.

Sobre la sostenibilidad económica de los firmantes de paz, la Defensoría reportó que entre el 1.° de enero y el 31 de marzo de este año no se han aprobado proyectos productivos colectivos por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), aunque en el consolidado histórico se reporta que hay 131 proyectos productivos colectivos aprobados que vinculan a 4.053 personas. Y frente a proyectos individuales, el total acumulado es de 5.743 proyectos desembolsados, beneficiando a 6.885 personas.

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Uno de los mayores lunares en este punto volvió a ser la situación de seguridad de los firmantes de paz, pues la Defensoría dijo que las afectaciones en contra de esta población se han mantenido en los últimos años, y tan solo en los primeros cuatro meses de 2024, la entidad registró 10 homicidios de firmantes.

“Más allá de que el énfasis de la respuesta se centre en las acciones de la Fuerza Pública, se requiere la acción integral y articulada que contemple las vulnerabilidades que posibilitan la concreción de los factores de amenaza. La comprensión integral de los escenarios de riesgo planteados en las Alertas Tempranas permitiría una aproximación estratégica de las medidas orientadas a superar las causas generadoras de los factores de riesgo, no solo sus expresiones coyunturales”, dijo la entidad.

En cuanto al punto 4 del acuerdo de paz, referente a la solución al problema de las drogas ilícitas, la Defensoría dijo que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) está actualmente renegociándose y de las más de 99.000 familias vinculadas, solo 35.028 familias (35.34 por ciento) se han acogido a procesos de renegociación, el otro 64.65 por ciento de la población beneficiaria del programa no ha manifestado su voluntad de redefinir los términos de implementación de los proyectos productivos, por lo cual la Defensoría dijo que es imperativo que se defina un plan de acción para “retomar la implementación de los proyectos productivos de ciclo corto y largo, con aquellas familias que han manifestado su intención de no acogerse a los nuevos lineamientos de renegociación del Pnis”. 

Los avances en esos proyectos productivos son disímiles, pues aunque en los de ciclo corto había un avance del 83 por ciento al 31 de mayo de 2024, pues se había atendido en todo el país a 68.539 familias cultivadoras y no cultivadoras; los de ciclo largo no llegan ni al 2 por ciento, pues solo 1.529 familias habían recibido la totalidad de los pagos por dicho concepto, correspondiente al 1.85 por ciento de avance.

“La implementación de proyectos productivos de ciclo largo estaba concebida para el segundo año de implementación del programa, por lo que, a siete años de la firma del Acuerdo de Paz, este eje continúa presentando serios retrasos que impactan en la soberanía alimentaria y buen vivir de las familias que se comprometieron con el levantamiento de los cultivos de uso ilícito y la no resiembra”, se lee.

Además, aunque en octubre se adoptó la nueva política de drogas de Colombia, a la fecha no se ha definido qué se considera un “pequeño productor”, por lo que tampoco se ha avanzado con un diagnóstico de las personas que se encontrarían inmersas en este concepto y con las que se adelantarían programas de tránsito a economías lícitas, distinto a lo que se hará con los grandes cultivos, para los que se aplicará toda la fuerza del Estado.

La Defensoría hizo un llamado a que se acote qué es un pequeño cultivado para poder avanzar en diagnósticos sobre el contexto social, económico, ambiental, territorial y organizativo de las zonas a intervenir con el Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas, “dando paso a la etapa de concertación social para la implementación de los componentes que serán brindados a población rural, que se ha visto afectada a nivel social, cultural y económico por la presencia de cultivos de uso ilícito en sus territorios”.

En el punto 5, sobre víctimas, la Defensoría destacó como un gran avance la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad, sin embargo, señaló que “la divulgación y apropiación del legado de la Comisión continúa enfrentando retos a pesar de los avances en acciones realizadas, relacionados con su falta de apropiación por parte de algunos sectores de la sociedad y parte de la institucionalidad”.

Sobre la búsqueda de desaparecidos se indicó que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas reportó un universo de personas dadas por desaparecidas de 111.614, con 32.988 solicitudes de búsqueda y con un resultado de 1.483 cuerpos recuperados. De estos, 272 han sido entregados dignamente a sus seres queridos y se lograron 21 reencuentros de personas vivas.

En cuanto a la JEP se destacaron los avances en sus 11 macrocasos y se dijo que a la fecha había 14.136 personas compareciendo ante la JEP, el 70 por ciento corresponde a excombatientes de las Farc, el 28,7 por ciento a de la Fuerza pública y el 1,3 por ciento a agentes del Estado no integrantes de la Fuerza pública.

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Aunque se han emitido 11 autos de determinación de hechos y conductas que incluyen a 151 comparecientes y se han presentado tres resoluciones de conclusión ante el Tribunal para la Paz, aunque todavía no hay sentencias. En ese sentido la Defensoría dijo que “si bien no todos los macrocasos avanzan con la celeridad prevista; ello depende de la clase de asunto, las investigaciones y las víctimas involucradas, se recomienda revestir de impulso los procesos, reconociendo amnistías e indultos siempre en cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia