Defensoría pide mayores medidas para garantizar participación democrática de jóvenes

La Defensoría del Pueblo realizó en Buenaventura, Valle, un encuentro con jóvenes del país para tocar el tema de participación democrática. Esto por cuenta de algunos obstáculos que ha tenido dicha población para conformar procesos de esta índole, por cuenta del aumento de amenazas.

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Y es que el 43,7 por ciento de los a asesinatos en 2022 se concentraron en el rango de 14 a 28 años de edad, situación que se complica cuando se miran las cifras en regiones, pues solo 73 de los 1.102 municipios (el 6,7%) tiene una política pública de juventudes. "De ese escaso porcentaje, no todos tienen planes de acción, ni indicadores de seguimiento, ni presupuesto. No es más que una declaración de intenciones", explicó la entidad.

En ese sentido, se instó a las entidades del Estado para trabajar mancomunadamente con el fin de eliminar las barreras que impiden la participación. Dicha conclusión se presentó en el informe ‘Sistema Nacional de Participación Juvenil, una herramienta para la participación e incidencia juvenil: diagnóstico y seguimiento a su implementación’.

Sobre este asunto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, afirmó que "para que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la participación, es necesario velar por la garantía de otros derechos fundamentales conexos que les están vulnerando. Son ellos los actores estratégicos, claves, para el desarrollo del país y la transformación social”.

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El informe de la Defensoría parte de la Ley 1622 de 2013 (conocida como Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil). Con  dicha iniciativa empezaron a funcionar la Plataformas de Juventudes para entablar diálogos con instituciones. Sin embargo, faltaban los Consejos de Juventud, que se eligieron en 2021. 

“Hoy los jóvenes siguen encontrando barreras de para su plena participación con garantías. Por más de un año escuchamos las voces de las juventudes en encuentros presenciales realizados en diferentes territorios del país, realizamos una encuesta a más de 300 jóvenes consejeros y consejeras de juventud y solicitamos información a diferentes instituciones del orden nacional, con el fin de tener un documento que muestre el panorama actual sobre el ejercicio de participación”, dijo Camargo Assis.

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Para darle una solución a esta problemática, la Defensoría del Pueblo emitió desde Buenaventura varias recomendaciones enfocadas en que mejoren las capacidades de respuesta del Estado frente a la participación de jóvenes.

Carlos López

Redacción Justicia

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