No obstante la disminución, sigue alerta por homicidios de líderes sociales en Colombia

Aunque las cifras varían, lo cierto es que los homicidios de líderes sociales, aunque registran una leve disminución este año, no han parado en Colombia.

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Ad portas de que se conozca este 15 de agosto el último balance de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, bases de datos como la de la Defensoría reportaban para el primer semestre de este año 92 homicidios, en comparación con 114 en el mismo periodo del año pasado.

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Por su parte, ONU DD. HH. había recibido, hasta el 31 de mayo, 82 denuncias, de las cuales había verificado ya 21; en el mismo periodo del año pasado fueron 89 denuncias, y también había verificado 21.

Otras son las cifras de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que tenía 76 casos en los seis primeros meses de 2023 y 100 para el mismo periodo del 2022. E, Indepaz, que reportaba 98 víctimas entre enero y el 26 de julio de este año, en comparación con 116 para 2022.

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Los números varían por los periodos y métodos de medición que utilizan las distintas entidades, pero la conclusión para todas es la misma, y la señaló a finales de julio el defensor Carlos Camargo: “Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes”.

Frente a los motivos que han empujado la violencia contra los líderes y defensoras, Andrés Preciado, director del área Conflicto y Violencia Organizada de la FIP, recordó que la reconfiguración de los actores armados en los territorios pusieron en cierta vulnerabilidad a los líderes sociales; esa reconfiguración viene desde 2016, tras la firma del acuerdo de paz que llevó al desarme de las Farc.

“En los territorios lo que ha pasado es que en 2016 las Farc venían retirándose como grupo armado, pero luego llegan a esos espacios el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’, el llamado ‘Estado Mayor Central’, también hay una expansión del ‘clan del Golfo’... Ese control territorial es lo que genera la mayor vulnerabilidad”, explicó.

De acuerdo con cifras de la FIP, entre 2016 y junio de este año habían sido asesinados 886 líderes y defensores en todo el país, siendo 2022, con 182 casos, el año más violento. Para el mismo periodo, la Defensoría del Pueblo reporta 1.205 de estos crímenes y 2022 también es el año con más casos, con 215. Indepaz reporta las cifras más altas de todas, con 1.519 casos entre 2016 y el 13 de agosto de 2023.

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Recientemente, también fue presentada la investigación ‘Reclamar y morir: exterminio del liderazgo social de base en Colombia, 2016-2022’, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP), que identificó entre 2016 y 2022 un total de 951 víctimas.

Todas estas cifras son reflejo del mismo panorama: una violencia exacerbada contra los defensores de derechos humanos.

Para Leonardo González, director de Indepaz, hay otros dos factores que están jugando en la continuidad de los ataques, además del hecho de la reconfiguración territorial de los actores armados.

El primero es “la gran impunidad que hay sobre el homicidio de líderes, hay avances para el esclarecimiento, pero no hay sentencia. La Fiscalía reporta un 70 por ciento de esclarecimiento, pero cuentan eso como abrir la investigación o una orden de captura, no como que haya una sentencia, lo cual no pasa del 15 por ciento”.

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La otra explicación frente a los crímenes, especialmente los de este año, es una violencia especial contra las comunidades que se resisten a las normas de control social que están queriendo imponer los grupos armados, algo que sucede hace meses, pero se habría exacerbado por la cercanía de las elecciones regionales de octubre.

“Sucede hace varios meses, por ejemplo, en poblaciones de Norte de Santander: solo puede entrar quien tenga una determinada calcomanía que tiene un valor, incluso tienen un peaje permanente donde les cobran a las tractomulas, camiones, motos… El control social es una dictadura local. Estamos viendo pequeñas dictaduras locales en las que les exigen un comportamiento específico a las comunidades”, concluyó González.

Frente al panorama que vive el país desde hace al menos seis años, los analistas señalan que las salidas estarían en varios frentes.

Para Preciado es necesario aplicar la política de seguridad del país, una que contenga medidas claras sobre cómo desescalar a los grupos armados en los territorios, con presencia militar, combinada con los esfuerzos de paz que adelanta el Gobierno.

En resumen, Preciado dijo que se necesita “una presencia integral del Estado: militar, policías, escuelas, salud, y cumplir el acuerdo de paz para parar la guerra entre los grupos armados en esos territorios”.

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que las medidas de protección que se han tomado antes para proteger la integridad y vida de los defensores “se han visto desafiadas por el hampa organizada sin que exista por parte del Estado una respuesta eficiente y contundente”, por lo que dijo que es necesario que haya “una Fuerza Pública robusta y con papel operativo en inteligencia, esa es la única alternativa para cuidar la vida de estas personas para que no siga aumentando esta cifra macabra”.

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Y González, desde Indepaz, dijo que debe haber medidas combinadas para enfrentar el control social que están queriendo imponer los grupos armados, así como una implementación integral del acuerdo de paz, incluyendo las medidas para resolver el problema de las drogas y enfrentar el narcotráfico, que en muchas regiones es el motor de los grupos que asesinan a los líderes.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia.

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