Aunque hasta ahora el paro camionero que se planteó a comienzos de año parece haber quedado en rumores, la Defensoría del Pueblo se reunió con líderes y lideresas del gremio transportador para escuchar sus inconformidades y verificar el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno en septiembre de 2024.
Sobre las 10 de la noche finalizó la jornada que incluyó dos reuniones: una con el sector que expresa inconformidades con las acciones derivadas del pliego de cargos firmado hace cuatro meses, y otra con el grupo que sostiene que el Ejecutivo ha sido fiel a su palabra.
El diálogo, presidido por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, incluyó a pequeños transportadores, transportadores independientes y no agremiados.
"En cada espacio, la Defensoría del Pueblo recopiló información detallada sobre los puntos de los acuerdos, a fin de entender las posiciones y preocupaciones de todas las partes involucradas", informaron desde la entidad.
El pasado domingo, cuando la posibilidad de paro estaba más latente, la Defensoría pidió al Ministerio de Transporte un informe sobre el estado de ejecución de los 15 puntos a los que se comprometió el Gobierno el pasado 6 de septiembre.
Ese día culminó una masiva movilización del gremio, después de casi una semana de cese de actividades que le costó al país más de 1 billón de pesos (las pérdidas se calcularon en 240.000 millones de pesos diarios, según Fenalco), y el desabastecimiento de medicamentos, alimentos y gasolina, lo que en su momento fue un frenazo a la economía con un alto costo político para el presidente Gustavo Petro.
Por eso, cuando en los primeros días de 2025 comenzaron a ventilar rumores de paro entre algunos líderes del sector, todas las instituciones, incluida la Defensoría, que ofreció su mediación, salieron a intentar sofocar estas versiones antes de que tomaran fuerza.
"La Defensoría del Pueblo tiene un rol autónomo e independiente y es garante del cumplimiento del acuerdo y de los derechos humanos. Por lo tanto, reafirma su compromiso de garantizar espacios de diálogo constructivo, que eviten el escalamiento de la conflictividad social y velen por el respeto a los derechos de todas las personas afectadas por esta situación", comunicó el Ministerio Público.
El siguiente paso, para limar cualquier aspereza, será analizar la información recibida y resolver de manera definitiva los puntos de divergencia. La Defensoría buscará facilitar respuestas adecuadas por parte del Gobierno, promoviendo los espacios de diálogo necesarios.
"Como institución mediadora, continuaremos trabajando para que las negociaciones se desarrollen en un ambiente de respeto y entendimiento, cumpliendo con nuestra misión de proteger los derechos fundamentales de los y las habitantes de Colombia", recalcó la entidad.
Sara Valentina Quevedo
Redacción Justicia