El llamado de la Defensoría para que el Estado garantice los derechos de comunidades indígenas en contextos urbanos

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, la Defensoría del Pueblo exhortó a las entidades del Estado a concentrar esfuerzos en atender a las comunidades indígenas que están en contextos urbanos, por las múltiples problemáticas que enfrentan por estar fuera de sus lugares de origen.

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Esto lo hizo el organismo de derechos humanos al presentar el informe defensorial 'Cabildos indígenas en contextos urbanos de Bogotá y departamentos de la Orinoquía y Amazonía', en el cual se evidencia que en la capital de país hacen presencia 14 cabildos urbanos, siete de ellos son reconocidos por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, del Ministerio del Interior, y los siete restantes están amparados en el marco de la política pública distrital.

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El documento también advierte que los pueblos indígenas desplazados sufren impactos por la ”urbanización” a la que se ven forzados y señala que el Estado debe encaminar medidas para proteger el goce efectivo de los derechos de estas poblaciones, con el fin de garantizar su permanencia física y cultural.

De hecho, se indica que las comunidades indígenas que se encuentran en contextos urbanos identifican como principales necesidades el a la salud, alimentación, educación, trabajo y vivienda, “las cuales deben estar garantizadas con observancia del enfoque étnico diferencial que en la práctica no se materializa”, dijo la Defensoría mediante un comunicado de prensa.

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La entidad añadió que la situación que viven las víctimas de un conflicto armado ajeno a sus tradiciones y costumbres es de suma gravedad.

“En las regiones Orinoquía y Amazonía, por ejemplo, perviven pueblos indígenas en riesgo de extinción, declarados así por la Corte Constitucional; es decir, aquellos con menos de 500 habitantes por comunidad”, añadió la institución.

De acuerdo con el organismo, el trabajo para proteger a los pueblos indígenas debe ser articulado entre las distintas instituciones del Estado.

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El informe de la Defensoría también hace una serie de recomendaciones para avanzar de manera efectiva en la garantía de sus derechos, desde el reconocimiento de cabildos indígenas urbanos hasta acciones que permitan la identidad cultural, la implementación de políticas de empleo, la prevención de la explotación infantil, el a los servicios de salud de calidad, entre otras.

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