Hacen falta más de $ 300 billones para reparar a las víctimas: Contraloría

El asesinato de una comisión de restitución de tierras en Mesetas, Meta; el ataque a policías en Bugalagrande, Cauca, en una diligencia de restitución; y el atentado contra la lideresa de víctimas Derly Pastrana son solo algunos de los hechos recientes que encendieron las alarmas de organismos de control, que presentaron este miércoles el octavo informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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En el evento participaron la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.

La procuradora Cabello resaltó que en el país hay más de 9 millones de víctimas del conflicto, y que ese universo ha crecido por los distintos hechos victimizantes que siguen presentándose en el país.

Frente a eso, el Contralor General aseguró que 7,3 de esos 9 millones son sujetos de derechos, "y por eso, los 135,5 billones de pesos destinados por el Gobierno Nacional desde el año 2012 van a ser insuficientes" para atender a las demandas de reparación y restitución de tierras de esta población.

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Para Córdoba, hasta 2031 —cuando acaba la vigencia de la Ley de Víctimas, que este año se prorrogó por una década más— se van a necesitar 338,3 billones de pesos para cumplirles a las víctimas.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, señaló que "aún persisten brechas significativas" en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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Camargo llamó a las entidades del Estado a atender la profundización del conflicto armado en el país.

Puso de relieve que las regiones más afectas son el norte y sur del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Bajo Atrato, bajo y medio Putumayo, Catatumbo, Montes de María, Magdalena Medio, zonas de frontera y la Costa Pacífica en su totalidad. Todas estas regiones han estado históricamente marcadas por la violencia. 

En ese sentido, la lideresa de víctimas Ludirlena Pérez puso de relieve la falta de garantías de no repetición del conflicto armado. "Tristemente estamos en un país donde ser líder o defensor de derechos humanos es tener una sentencia de muerte", aseguró.

De acuerdo con la procuradora delegada para el seguimiento al acuerdo de paz, Diana María Cadena, se han pagado 983.038 indemnizaciones, que corresponden al 12 % de las víctimas que tienen derecho a esa medida.

En cuanto a la meta de este cuatrenio, va apenas en el 19 %, lo que evidencia "un rezago importante", dijo la Procuraduría.

A su turno, el procurador delegado para la Restitución de Tierras, Germán Robles, contó que de 276.634 órdenes judiciales, solo se han emitido 6.974 sentencias.

Robles resaltó que "se requieren mayores esfuerzos de la institucionalidad para una gestión eficiente y segura". Y reveló que entre 2020 y el primer trimestre de 20201 se presentaron 6.656 solicitudes de restitución, de las cuales solo el 13 % se resolvieron de fondo durante el año pasado y el 9 % en los primeros tres meses de 2021. En promedio, resolver dichas solicitudes toma 26 meses, aunque la ley contempla que el plazo es de 90 días.

El Ministerio Público también alertó sobre las dificultades de implementación en términos de reparación colectiva para pueblos étnicos. "Luego de 10 años de expedición de los decretos leyes étnicos, se registra apenas 7 % de avance en acciones de reparación dirigidas a comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras, y 12 % para indígenas", dijo el representante de la Procuraduría

El representante indígena Edgar Velazco señaló que desde que se puso en marcha la Ley 1448 han existido una serie de incumplimientos a las garantías de las comunidades. "Estas instituciones, recursos, voluntad de los diferentes gobiernos están diseñados para no cumplirles a los pueblos étnicos en Colombia", señaló.

De hecho, al cierre del evento, la procuradora General, Margarita Cabello, señaló: "El principal reto es saber que han pasado 10 años de vigencia de la Ley 1448 y los decretos leyes étnicos y debemos reconocer que a pesar de que se han hecho esfuerzos, no se ha podido cumplir a cabalidad todo lo allí previsto. La demanda para atender a las víctimas ha superado la capacidad de respuesta del Estado".