¿Por qué el aumento de mujeres en la cárcel fue superior al de los hombres?: así es su realidad intramuros

El número de personas que cometen delitos ha crecido de forma proporcional al aumento de la población. Sin embargo, aunque la cantidad de mujeres privadas de libertad es considerablemente menor que la de los hombres —representan el 6,2 % del total de los internos en Colombia—, el crecimiento de la población femenina en las cárceles ha sido más acelerado. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la región esta tasa se ha duplicado en los últimos 20 años.

En las Américas, acorde a la CIDH, mientras la población carcelaria en general se incrementó 24,5 %, la femenina lo hizo 56 %. Sectorizado en el país, un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja reveló que desde los años 90's, esta alza ha sido del 300 % versus 429 %, inclinando la balanza hacia las mujeres. ¿Qué factores están detrás de esta disparidad?

Una investigación conjunta entre Dejusticia, Mujeres Libres y la Corporación Humanas, en el marco de la Comisión de Seguimiento a la vida en Prisión de la sociedad civil, arrojó que detrás de este pico existen variables como la desigualdad socioeconómica, que se arrecia contra las mujeres. 

(Lea también: Corte ordenó al Minjusticia definir una política pública para la atención en materia carcelaria)

El reflejo de esta realidad son los delitos por los que terminan tras las rejas. "Cinco de los diez crímenes más cometidos por mujeres en Colombia están directamente vinculados a motivos económicos. En primer lugar, se encuentran los delitos relacionados con drogas, seguidos por el concierto para delinquir y el hurto. En el quinto lugar está la extorsión y en el décimo, la estafa", enumera el informe, basado en los tableros estadísticos del Inpec.

Este ranking evidencia la estrecha relación de la criminalidad femenina con las brechas de género. El estudio apunta a las condiciones sistémicas que hacen que para la mujer sea más difícil acceder a capital, a un trabajo digno, bien remunerado y a un estatus económico. Esto, sumado a un cambio de rol con el que deben asumir las cargas de cuidado y solvencia de sus hogares. 

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también se alínea con esta teoría. "Hemos identificado que hay una relación directa entre la función de proveedora de la mujer y su vinculación con delitos económicos, muchos de los cuales son cometidos para subsistir", le dijo a EL TIEMPO. 

(Lea también: La respuesta de la Corte Suprema al canadiense que solicitó la libertad de todos los detenidos de Colombia)

Un estudio de 2019 realizado por esta cartera en alianza con Naciones Unidas (UNODC), citado por el informe, caracterizó las condiciones socioeconómicas de las mujeres procesadas por delitos relacionados con drogas. Los resultados mostraron que más del 80 % de ellas pertenece a los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. Cubrir las necesidades básicas de sus familias fue la causa predominante en el 58 % de los casos, pues el 47 % tenía bajo su responsabilidad económica entre una y dos personas, y el 29 % entre tres y cinco dependientes.

"Este fenómeno lo han estudiado organizaciones internacionales que correlacionan el cambio de rol de las mujeres con una mayor propensión a la criminalidad. Ahora, si bien el aumento no es superlativo, sí es una señal de alerta frente al núcleo poblacional", agregó la Ministra.

Con corte a agosto de este año, en Colombia hay 16.095 mujeres con libertad restringida, según cifras del Inpec. 6.440 de ellas están en prisión intramural, 8.950 en detención domiciliaria y 705 bajo vigilancia electrónica. Es decir, casi el 60 % cumplen su pena o la medida cautelar fuera de centros penitenciarios. Sin embargo, "otras no aparecen en este registro, como es el caso de aquellas privadas de la libertad de forma permanente en establecimientos de detención transitoria, lo que claramente es una irregularidad", subraya la investigación. 

(Lea también: La decisión que tomó la Corte Constitucional con relación a los migrantes presos en Colombia y las visitas de sus familiares)

Para retratar situación, las organizaciones autoras del estudio solicitaron cifras a la Policía Nacional que dan cuenta que 751 mujeres no están en lugares aptos para la reclusión, la mayoría de ellas en estaciones de Policía y URIS. 707 son imputadas, 42 condenadas y dos extraditables. Seis de ellas están en embarazo, Ocho en condición de discapacidad, 29 sufren enfermedades o patologías y 18 son adultas mayores. 64 son extranjeras. 61 son venezolanas, hay una estadounidense, una alemana y una italiana.

"Las cárceles están construidas por hombres y para hombres, y hay necesidades de las mujeres que requieren particularidades diferenciales. La política carcelaria debe abordar de manera integral todos estos aspectos", señaló la Ministra.

Esta visión es la que desglosa el estudio, encontrando serias falencias en temas como los traslados, la salud menstrual y reproductiva, las violencias basadas en género, entre otros. 

Frente al primer punto, encontró que las transferencias de una cárcel a otra "no son debidamente notificadas a las partes interesadas y se realizan de manera intempestiva. Tampoco respetan la dignidad y el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad trasladadas". 

(Lea también: El Inpec estrena flota de camionetas para el transporte de los privados de la libertad y grupos especiales: tuvo un costo de $6.000 millones de pesos)

Estas decisiones han carecido de un enfoque de género imprescindible en estos casos en los que la mayoría de las internas tienen personas a cargo y son cabeza de hogar. Hasta el 2020, el 94 % de las mujeres en prisión eran madres (cifras de Minjusticia). Por esta razón, "restringir de manera desproporcionada la unidad familiar en estas reubicaciones, afecta particularmente al género femenino".

En lo que respecta al tema de las violencias basadas en género, Dejusticia, Mujeres Libres y la Corporación Humanas, soportadas en cifras de la Fiscalía hasta junio de 2024, mostraron que se han abierto 22 procesos por delitos sexuales en centros penitenciarios. En cuanto a las víctimas, en el 54,5 % de los casos fueron mujeres, en 27,2 % no se reportó el sexo y en el 18,1% fueron hombres.

Así mismo, por hechos intramurales con víctimas mujeres, se abrieron 21 procesos por lesiones personales, uno por homicidio y dos por tortura.

(Lea también: En Cartagena lanzan del programa ‘Alas de Libertad’, un paso hacia la reintegración y la equidad de las mujeres privadas de la libertad)

"Las cifras de delitos violentos contra mujeres en prisión son poco representativas. Esto podría relacionarse con bajas dimensiones de violencia contra esta población al interior de las prisiones del país, pero en realidad son muestra de la desatención, negligencia y ausencia de garantías para la denuncia sin retaliaciones por parte de las mujeres. Posiblemente, también tenga que ver con prácticas de corrupción", se analiza en el informe. 

Por su parte, el ministerio de Justicia lleva la cuenta de 83 casos de violencia de algún tipo contra mujeres privadas de la libertad. "Estos han sido puestos en conocimientos de las autoridades correspondientes en lo penal y/o disciplinario. El último caso fue en Pedregal, donde se retiraron a los funcionarios señalados de abuso sexual y se autorizó el traslado de la interna", informan desde la cartera.

En la mayoría de estas situaciones, sobre todo cuando el perpetrador ejerce una posición de autoridad sobre la víctima, se evidenció un aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de las mujeres en prisión.

La investigación además sacó a la luz los baches del sistema carcelario en materia de salud menstrual, la visita íntima y la planificación. La Comisión encontró que en las prisiones colombianas la atención en salud y gestión menstrual son deficientes. 

"Según la información recibida durante la mesa de trabajo convocada por el ministerio de Justicia en el mes de julio de 2024, las mujeres de la Cárcel del Buen Pastor (Bogotá) informaron que, desde mayo de 2024, no habían recibido kits de aseo (...) luego de pasados 4 meses, solo les habían entregado 20 toallas higiénicas, lo cual no cubre el mínimo de 10 toallas mensuales establecido por ley", ejemplifica el estudio.

Frente a las visitas, las mujeres han pedido que estas sean más largas para abordar problemas familiares, en lugar de limitarse exclusivamente a las relaciones sexuales. Y con respecto a la planificación familiar, han denunciado limitantes en su libre elección, pues sus opciones se cierran a los métodos disponibles en el momento.

Ante este panorama de inequidad, el interrogante de fondo es cómo lograr una resocialización efectiva, ya que en el caso de las mujeres, el camino es más pedregoso debido a la doble estigmatización que recae sobre las pospenadas.

En cuanto a las políticas públicas implementadas para abrirles las puertas a una vida digna y que aborden las causas que en un principio las motivaron a delinquir, el ministerio de Justicia destacó la cifra de 3.848 mujeres —la mitad de la población carcelaria— que actualmente se encuentran vinculadas a actividades de confección, proyectos productivos, estudio y enseñanza.

También resaltó que 121 pospenadas están realizando una actividad laboral gracias al enlace del INPEC con más de cinco empresas. "Tratamos de que consigan las destrezas necesarias o una profesión que les permita ser contratadas antes de salir de prisión. Tenemos cinco compañías asociadas. No es el número que uno desearía, pero estamos avanzando en el sentido resocializador de la política penitenciaria con enfoque de género", puntualizó Buitrago.

SARA VALENTINA QUEVEDO 

Redacción Justicia