Minjusticia radicó en el Congreso proyecto de ley de seguridad ciudadana

Este miércoles el ministro de Justicia Wilson Ruiz radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana en el cual venía trabajando el gobierno desde hace unos meses.

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Este proyecto, que fue construido conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, busca fortalecer los instrumentos jurídicos para la persecución de los delincuentes, y contempla reformas a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Código de Policía.

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El proyecto de ley incluye medidas para luchar contra la reincidencia, e introduce en el Código Penal como circunstancia de agravación punitiva “que el sentenciado haya sido condenado previamente por delito doloso, dentro de los 5 años anteriores”.

La iniciativa propone aumentar las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un miembro de la Fuerza Pública, estipulando una pena de 500 a 600 meses de prisión (41 a 50 años).

También, crear como delito la intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas y armas blancas con una pena de 48 a 72 meses, además de agravar la pena del delito de hurto en relación con las cuantías.

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Otras conductas que se convertirían en delitos son la intimidación y amenaza con arma de fuego; y la obstrucción de la función pública y el porte de armas blancas, que sería sancionado hasta con pena de cárcel. 

El proyecto de ley, de otra parte, también incluye apartes sobre las armas no letales, categoría que incluye armas neumáticas, eléctricas, traumáticas, entre otras. Sobre estos elementos, se crea el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, rios, partes o municiones la inclusión de armas, elementos o dispositivos menos letales o cuando se alteran para aumentar su letalidad.

Además, a la hora de definir la medida de aseguramiento de alguien, la iniciativa propone que se tenga como situación de peligro para la comunidad el uso de armas de fuego convencionales y no convencionales, es decir, las armas menos letales.

Igualmente, se propone como agravante al delito de perturbación en servicio de trasporte público el empleo de máscaras o elementos que oculten la identidad, así como “ejecutar la actividad valiéndose de la calidad de servidor público, emplear armas de fuego o hechizas y ejecutar la conducta valiéndose de menores”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que este proyecto de ley busca crear herramientas para contrarrestar hechos vandálicos, como los sucedidos en el paro nacional de 2021, así como la protección de los uniformados que intervienen en estos hechos.

“Lo que vimos del 28 de abril hasta junio de este año es una situación que los colombianos no quieren volver a vivir. Que si alguien destruye una estación del MIO o del TransMilenio, no le pase nada. Los colombianos no quieren volver a vivir que alguien busque incendiar la Fiscalía, como sucedió en Popayán, y no le pase nade”, dijo Molano ante el Congreso.

Molano aseguró que, solo en Bogotá, en el último mes y medio, en el marco del plan de intervención de la Policía para la contención del homicidio, alrededor de 6.133 personas fueron capturadas en flagrancia y 9.387 por orden judicial. “De las más de 6.000 personas capturadas en flagrancia quedaron en libertad 5.000, es decir, el 86 por ciento, es por esto que este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a estos problemas”, agregó.

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