EE.UU. envía a representante en temas de migración a Bogotá, ¿qué viene a hacer?

Este domingo llegó a Colombia la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para los Migrantes y Refugiados, Julieta Valls Noyes. Ella tendrá diversos encuentros con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales.

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De acuerdo con el departamento de Estado, tiene previstas paradas en Bogotá, Medellín y Necoclí y su agenda estará concentrada en “discutir los esfuerzos para continuar abordando los altos niveles de migración irregular y desplazamiento en la región y evaluar la efectividad del apoyo humanitario financiado por los Estados Unidos”.

Se trata de un tema de alto relieve para ambos países en el que hay algunas coincidencias, pero también profundas diferencias.

Para la istración de Joe Biden el objetivo central es detener el flujo de migrantes que están llegando a las puertas de su frontera sur y que incluye colombianos, venezolanos y ciudadanos de muchos países del mundo que utilizan nuestro país como ruta para alcanzar el sueño americano.

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Y de allí la parada en Necoclí, donde hay toda una crisis humanitaria por el alto volumen de migrantes que llegan a esta pequeña ciudad en el Urabá antioqueño con la idea de atravesar el peligroso tapón del Darién para alcanzar Panamá y de allí subir por Centroamérica rumbo a Estados Unidos.

El tema es prioritario para la istración demócrata, que desde su llegada al poder en enero del 2021 ha visto números récord de migrantes llegar a su frontera pidiendo asilo o intentando entrar ilegalmente. Un tema explosivo con grandes ramificaciones políticas en este país, pues los republicanos responsabilizan a Biden por la crisis fronteriza y suelen utilizarlo con objetivos electorales.

En ese contexto, ambos gobiernos están en la misma página. El gobierno de Petro está urgido del respaldo estadounidense para enfrentar una situación que impacta sus finanzas públicas, está provocando una emergencia salubre y es generador de altos índices de delincuencia. Estados Unidos, por su parte, quiere que Colombia le ayuda a atajar el flujo migratorio.

Desde hace varios años, Washington ha venido aportando recursos (más de US $300 millones), pero las necesidades son infinitas y, en su viaje, Valls Noyes pretende armonizar estrategias para ser más efectivos.

Pero hay otro componente de la agenda migratoria donde las coincidencias son más bien pocas, pero que son prioridad para el gobierno Petro.

Desde que se posesionó en su cargo, el embajador Luis Gilberto Murillo viene empujando varias iniciativas ante el gobierno estadounidense para facilitar el de los colombianos a este país.

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Una de ellas, donde ya se han presentado resultados concretos, ha sido la acelerar los trámites para la expedición de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde se estaba presentado todo un cuello de botella con tiempos de espera de más de dos años para obtener una cita. Esos tiempos ya se han logrado reducir a menos de la mitad y todo indica que seguirán bajando en los próximos meses.

En este caso se trata de regresar a los tiempos de espera que existían antes de la pandemia del coronavirus para el trámite de visas de turismo, negocios y estudios pero que no “amplían” de por sí el de los colombianos a Estados Unidos.

Pero hay otras dos iniciativas que sí pretenden esto último pero que son mucho más complejas. Una de ellas es que Colombia ingrese al programa de exención de visas o “visa waiver program”, y que incluye a los nacionales de unos 40 países a los que no se les exige el documento para viajar a Estados Unidos.

En Latino América sólo Chile tiene esta categoría. Para poder ingresar a este selecto club, el país debe primero cumplir con una serie de estrictos requisitos, entre ellos que la tasa de rechazo a las aplicaciones de visas esté por debajo del 3 por ciento y otros.

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Aunque muchas de las exigencias son de procedimiento, en el fondo lo que Estados Unidos busca asegurar es que se trate de un país estable y con un buen nivel económico que garantice que los ciudadanos exentos de visa no viajarán con el fin de quedarse en territorio estadounidense de manera ilegal. Criterios que Colombia está lejos de cumplir. Sobre todo ahora que están siendo arrestados casi 20.000 colombianos al mes en la frontera sur con la intención de pedir asilo.

El propio Murillo reconoce que este es un proceso de años y ya anunció que este mes habrá reuniones con las contrapartes estadounidenses para ir documentando los avances y, en lo posible, acelerar el proceso. Pero los antecedentes no son los mejores. El gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, dedicó más de seis años en empujar esta misma iniciativa, pero la terminó abandonando al no poder cumplir con lo exigido.

Y pocos creen que Petro pueda alcanzar un resultado distinto. Especialmente por lo polémico que es y seguirá siendo el tema migratorio en la política doméstica en Estados Unidos y porque nadie espera, en el corto o mediano plazo, que Colombia se transforme en un país donde ya no haya interés en migrar a suelo estadounidense.

El otro vehículo que ha planteado Murillo es que a los colombianos que están actualmente ilegales en Estados Unidos o en espera de que se les apruebe una solicitud de asilo se les conceda lo que en Washington se conoce como Salida Forzosa Diferida o DED (por su sigla en inglés). Bajo el DED, el presidente estadounidense puede diferir la deportación de los nacionales por un período determinado y otorgarles un permiso de trabajo durante ese lapso.

En este caso, Murillo ha dicho que serían por 18 meses mientras estos colombianos se organizan con el objetivo de regresar. Pero para este caso los criterios también son muy complicados de cumplir. Primero porque es un concepto raramente utilizado (actualmente solo hay dos vigentes, Liberia y Hong Kong) y se reserva para casos donde hay una guerra civil, una crisis humanitaria o clara persecución política.

Ya el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ha dicho que Colombia no cumple con estas condiciones y sería muy difícil justificar ese estatus. Entre otras cosas porque Estados Unidos sabe que la mayoría de ciudadanos a los que se les concede ese DED terminan quedándose de manera permanente en el país y porque si se le otorga a los colombianos muchos otros países querrán un trato similar más adelante.

Pero lo que lo vuelve casi un imposible es que sería visto -por los republicanos especialmente- como un “premio” para muchas personas que llegan a Estados Unidos de manera ilegal. Y aunque Colombia, como insiste Murillo, es el gran aliado de Estados Unidos en la región y sus ciudadanos merecen un trato humanitario, tampoco hay el mejor ambiente en este partido para beneficiar a un gobierno de izquierda con el que no están a gusto.

Y menos en momentos en que arranca la campaña electoral de cara a las presidenciales y legislativas del 2024 donde el tema migratorio será central.

Murillo también ha dicho que, en paralelo, también piensa pedirle a Estados Unidos otros dos beneficios. Por un lado que conceda la exención de visa -así no se haya decretado para todo el país- a algunos colombianos que “llevan años viniendo a Estados Unidos, que nunca han tenido un problema y no se han quedado ni quieren hacerlo”.

Por otro, que permita hacer el pre-registro de viaje a Estados Unidos –es decir el trámite migratorio que por lo general se hace cuando se llega a un punto de entrada de EE.UU.- desde Colombia. Algo que actualmente se hace con los ciudadanos de algunos países que hacen parte del programa de exención de visas.

Si bien estos dos objetivos son más viables que el ingreso como tal al “visa waiver program” o el DED, también son complejos y exigen tanto una decisión política como un componente istrativo pues Estados Unidos tendría, por ejemplo, que montar dependencias en Bogotá y otras ciudades para adelantar el pre registro.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington