Martínez y Carrillo niegan vínculos con excomisario español Villarejo

El exfiscal Néstor Humberto Martínez y el Procurador General, Fernando Carrillo, negaron las afirmaciones que hizo recientemente el diario Público, de España, que dio a conocer nuevos detalles sobre la trama del caso Lezo.

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Según ese medio, el excomisario español José Manuel Villarejo habría ofrecido información a altas instancias fiscalizadoras colombianas a cambio de dinero por suministrarles datos sobre este caso, cuyos hechos también se han investigado en Colombia.

Según este medio de comunicación español, las autoridades colombianas querían conocer el funcionamiento interno de la empresa pública madrileña y dar con las personas involucradas en la trama.

Se refiere, específicamente a la Fiscalía General de la Nación, cuando estaba encabezada por Néstor Humberto Martínez, y a la Procuraduría General de la Nación (PGN), bajo la dirección de Fernando Carrillo.

Sin embargo, el exfiscal Martínez negó que se hubieran dado reuniones con Villarejo, mientras el procurador Carrillo aseguró que “no hubo acuerdos de ninguna naturaleza”.

El periódico español asegura que a partir del segundo trimestre de 2017, Villarejo entró en o con Martínez y Carrillo, con el fin de que estos pudiesen adelantar investigaciones por la gestión en Colombia de la empresa española Canal de Isabel II y poder así expropiar a la colombiana Triple A.

Según este medio de comunicación, las autoridades colombianas querían conocer el funcionamiento interno de la empresa pública madrileña y dar con las personas involucradas en la trama.

Carrillo, en efecto, afirmó que Villarejo "hizo os con la Procuraduría para ofrecer entrega de información, pero no hubo acuerdos de ninguna naturaleza ni jamás se realizó entrega alguna de información a la PGN".

Asimismo, el procurador afirmó que "ninguna incidencia tuvo sobre las actuaciones de la PGN en la empresa Triple A, que son de conocimiento público y que fueron claves para defender los recursos públicos inescrupulosamente manejados por ejecutivos de esa empresa".

Martínez, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que sabía quién era el excomisario, pero que no tiene "récord de reuniones" con él. "Frente a eso no hubo ningún tipo de negociación", señaló el exfiscal.

La Audiencia Nacional, máximo organismo judicial en España, asumió la investigación de la compra por parte de la empresa Canal de Isabel II de empresas extranjeras, como la colombiana Inassa. Se habría pagado un sobreprecio para beneficiar a autoridades políticas españolas, que luego fueron detenidas. Es el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

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La empresa barranquillera Triple A actuaba como filial de Inassa y había intereses para forzar al Canal de Isabel II a venderla a bajo precio, según el sumario del caso Lezo. El diario Público informa que Fernando Carrillo, procurador general de la nación, logró en 2018 el embargo cautelar de las acciones de Inassa, y precisa que Villarejo tenía al sumario del caso Lezo. Esa fue la información que quiso entregar a las entidades fiscalizadoras colombianas.

Villarejo habría viajado entre el 8 y el 17 de julio de 2017 a Colombia. Cinco meses después fue detenido por la Policía española, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

De acuerdo con el diario español, en los archivos informáticos de Villarejo fueron hallados correos electrónicos en los que se habla de una “cotización de servicios” y “borradores de propuesta de honorarios”, al parecer dirigidos a la PGN. De hecho, según Público, Villarejo inició en agosto de 2017 los trámites para constituir la empresa Cenyt Colombia SAS, al parecer destinada a manejar los dineros recibidos por él como fuente de información de los movimientos de empresas en Latinoamérica.

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El excomisario Villarejo se encuentra preso desde el 3 de diciembre de 2017 y se caracterizaba por grabar sus conversaciones con políticos y personajes de la vida pública española, bajo la cobertura de su rango policial. A cambio de sus conocimientos de inteligencia, recibía dineros y regalos de los interesados en la información recabada por él y otro comisario español de la Policía Nacional, que también se aprovechaba de su cargo. Lo acusan de haber espiado a sus rivales y desprestigiar a sus enemigos.

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La investigación sobre su actuación se ha dividido en múltiples casos e involucra a un presidente africano, ministros, fiscales, banqueros del BBVA, líderes de Podemos y del Partido Popular e incluso a Corinna Larsen, examiga íntima del rey emérito de España.

Las grabaciones que se han filtrado despiertan la inquietud de si hay un entramado escondido, una especie de “Estado profundo”, que se mueve desde las sombras en España. Algo que en el país denominan “las cloacas del Estado”: ese espacio en el que se ha movido Villarejo durante los últimos cuarenta años.

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JUANITA SAMPER OSPINA* Y JUSTICIA

*Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID