Italia: ¿de qué trata el polémico decreto migratorio que aprobó el Parlamento?

El Parlamento italiano aprobó este jueves el decreto migratorio elaborado por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, una norma que según las ONG de salvamento marítimo contraviene el derecho internacional ya que, entre otras modificaciones, limita el número de rescates y asigna puertos lejanos para el desembarco de los buques.

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El Senado le dio el visto bueno este jueves al texto, con 84 votos a favor y 61 en contra, una semana después de hacerlo la Cámara de Diputados, que aceleró el proceso mediante un voto de confianza.

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"Hemos evitado tres veces los desembarcos. Italia está preparada contra la subversión", explicó este jueves el impulsor de la reforma, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, que estima que gracias a su acción se ha evitado la llegada de más de 20.000 personas.

A comienzos de este año, el Consejo de Ministros italiano promulgó el decreto con dos puntos que modifican sustancialmente las actividades de salvamento: la obligación de pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos.

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Desde hace meses, Italia desvía los barcos a puertos por toda la costa nacional, incluso los ubicados en el centro-norte del país o la costa del mar Adriático, en lugar de sitios próximos a la zona de rescate, como Sicilia o Lampedusa (sur).

Así, buques de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Open Arms han tenido que viajar hasta 4 y 5 días para poder desembarcar a los migrantes rescatados con seguridad.

La única embarcación a la que se le cambió en estos meses el puerto asignado inicialmente fue la Sea Eye 4, que viajaba con 109 migrantes y dos cadáveres tras dos operaciones de rescate en el Mediterráneo central y logró atracar en Nápoles (sur), mientras que el ya que al primero al que se le mandó se encontraba a unos cinco días de navegación.

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El decreto establece también un régimen de sanciones istrativas que incluyen "la detención istrativa del buque (contra la cual se ite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar".

Además, se estipulan sanciones de 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque.

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Al respecto de la norma, el Consejo de Europa escribió al Gobierno italiano para pedirle que dé marcha atrás, debido a que podría privar a los migrantes de una "asistencia vital".

Por su parte, el Gobierno italiano explicó en su respuesta que "lo que la nueva norma pretende evitar es, más bien, la actividad sistemática de recuperar migrantes en aguas de las costas libias y tunecinas para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación".

Según datos del Ejecutivo italiano, más de 10.000 migrantes han llegado a Italia en lo que va de año a través del Mediterráneo central, triplicando la cifra de llegadas en este mismo periodo de 2022, cuando el total de personas desembarcadas en las costas italianas ascendió a más de 100.000.

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A inicios de febrero se conocieron las conclusiones de la cumbre de Bruselas, que pedían una mayor acción exterior, más control de las fronteras y una política común de retorno eficaz. En particular, los líderes de la UE manifestaron quieren que la Comisión Europea financie infraestructuras, medios y equipos de vigilancia. Los Estados buscan intensificar sus acciones para evitar la llegada de inmigrantes de manera irregular.

El resultado de la cumbre, sin embargo, pareció un claro éxito para aquellos países, con Austria a la cabeza, que insisten en medidas drásticas en las fronteras terrestres. Pero el Gobierno italiano también cantó victoria, con el "reconocimiento de las características específicas de las fronteras marítimas" y el "reforzamiento de la cooperación en las actividades de búsqueda y salvamento".

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Según el Gobierno de Meloni, una especie de premisa de cara al objetivo final: una Unión Europea con un código de conducta para las ONG que realizan rescates en el mar. "La migración es un problema europeo y necesita una respuesta europea. Para mí, este es un gran cambio en el enfoque de la migración, pero, por supuesto, esto no es lo único que hemos logrado", manifestó la primera ministra. 

Desde su inicio, en noviembre pasado, el gobierno de Meloni ha iniciado un pulso contra las naves de las ONG, a las que acusa de favorecer la inmigración irregular, y les ha cerrado sus puertos, como hiciera en 2018 Matteo Salvini, actual vicepresidente.

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Basta recordar el episodio de noviembre pasado, cuando Italia hizo un desembarco selectivo de inmigrantes de un barco humanitario. El gobierno aceptó el desembarco selectivo de algunos de los 179 inmigrantes salvados por el barco humanitario Humanity 1 en el mar, los más vulnerables, mientras que otros fueron rechazados y dejados a bordo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL