La izquierda se equivoca en un tema capital: el combate contra la inseguridad

De hecho, si bien América Latina tiene más de 180 millones de habitantes viviendo en la pobreza y la reputación de ser la región más desigual del planeta, la violencia se ha convertido en la principal preocupación de sus países. Un determinante clave para el apoyo popular a sus gobiernos ha pasado a ser el hecho de si son capaces de controlarla o no.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha capitalizado la frustración popular con la violencia para fortalecer su propia posición política. Aunque su enfoque para aplastar la violencia de las pandillas ha suscitado gran inquietud en el ámbito de los defensores de los derechos humanos –a febrero de 2024, su campaña contra la violencia había incluido cerca de 78.000 detenciones y 235 muertes en custodia del Estado–, esta ha demostrado tener gran popularidad entre los votantes. De hecho, Bukele acaba de ser reelegido con un aplastante 82,66 por ciento de los votos, mientras que la izquierda, representada por el antiguo partido de Bukele, el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), obtuvo el peor resultado de su historia, con apenas un 6,4 por ciento.

En contraste, Gabriel Boric, el joven presidente izquierdista de Chile, se ha visto en problemas para combatir tanto la delincuencia común como el crimen organizado, y su posición política se ha visto afectada. Fue electo con el 56 por ciento de los votos en 2022, pero hoy más del 60 por ciento de los chilenos desaprueban su liderazgo. 

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Mientras que la derecha y la centroderecha se sienten cómodas beneficiándose de la ansiedad del electorado acerca de su seguridad personal, a menudo la izquierda y la centroizquierda centran el debate en buenas intenciones más que en soluciones viables. Por ejemplo, la idea de que los pobres “roban porque tienen hambre” todavía está muy arraigada entre los progresistas. Así que, en lugar de impulsar medidas represivas que pudieran asociarse con violaciones de los derechos humanos, suelen poner énfasis en la prevención y la rehabilitación.

El problema de este enfoque es que, en las actuales condiciones, la delincuencia a veces está motivada más por la búsqueda de estatus que por el hambre, por el deseo de acceder rápido a la riqueza y al lujo sin tener que trabajar para lograrlo. Los delincuentes representan una perversión del sistema, de modo muy similar al de los mercados ilícitos, piénsese en las drogas, el tráfico de seres humanos, la prostitución, la piratería y la tala forestal y la minería ilegales.

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A menos que deseen seguir estando arrinconadas por la derecha, las fuerzas del progresismo deben cambiar su acercamiento a la violencia de manera fundamental, lo que implica reformular conceptos básicos y reconocer que, si bien es necesaria su propuesta más emblemática –fortalecer el estado de bienestar–, esa es una respuesta insuficiente a las amenazas que plantean la violencia y el crimen organizado.

El estado de bienestar moderno es una construcción compleja, forjada mediante luchas sociales, innovaciones intelectuales (como el keynesianismo) y políticas públicas (como varias de las establecidas después de la Segunda Guerra Mundial). Tiene distintas dimensiones: salud, pensiones, desempleo, vivienda, educación y, de manera más reciente, la ‘economía de los cuidados’. Pero la seguridad no es una de ellas, y la incapacidad de la izquierda en este frente es una razón clave de sus derrotas recientes.

Si bien puede que el problema no sea tan urgente para los sectores más acomodados de la sociedad, que pueden comprar la seguridad faltante a proveedores privados, una mayoría sustancial de los habitantes de la mayor parte de los países de América Latina necesitan una solución pública. Por ende, la seguridad debe verse como un componente esencial de la protección social. Como ha señalado el exministro de Justicia brasileño Tarso Genro, resulta esencial para asegurar el funcionamiento normal de las instituciones y proteger los derechos de los ciudadanos. Abordar este tema es crucial, porque obstruye el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos.

Teniendo esto en mente, la visión de un “Estado seguro” en el que la seguridad se considere un bien público fundamental debería convertirse en el nuevo paradigma. Este es el objetivo del proyecto ‘Hacia la reconstrucción de estados de bienestar social en las Américas’, que yo y mis colegas hemos desarrollado a lo largo de estos últimos dos años a través de reuniones presenciales en Santo Domingo, Guadalajara, Santiago, São Paulo y Bogotá, y que tiene el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las Fundaciones Open Society y, más recientemente, la Fundación Friedrich Ebert.

Reconocer la importancia de la violencia y la delincuencia como un problema político central es apenas el primer paso. Los progresistas de América Latina (y de los países ricos), deben además diseñar una postura programática efectiva y viable que no deje de abordar la precariedad como causa de los delitos y la delincuencia, como tienden a hacer hoy, pero sin llegar a imitar el enfoque de mano dura de la derecha.

Por último, la seguridad cuesta dinero. No es ninguna coincidencia que América Latina tenga menos policías, jueces, cárceles y fiscales que la mayoría de los países “seguros”. Por sí solo, el aumento del gasto no va a solucionar el problema de violencia que se vive en la región, pero deberá ser un pilar de toda agenda progresista.

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Diseñar una estrategia y garantizar la seguridad que anhelan tantos latinoamericanos tal vez sea el reto más difícil al que se enfrentan muchos de los gobiernos de la región, pero también es el más importante.

América Latina es la región más violenta del mundo, y la violencia viene en aumento. Algunos datos para entender la magnitud del problema.

-Pese a que nuestra región alberga solo al 9 por ciento de la población del planeta, en ella se comete un tercio de todos los homicidios del mundo.

-Aquí el número de homicidios por persona es cinco veces mayor que en América del Norte y diez veces más que en Asia.

-Cada año, la violencia juega un papel importante en la decisión de emigrar de millones de latinoamericanos.

-Desde inicios de la década del 2000, el crimen organizado es la principal fuente de violencia en la región.

-En 2012, un informe del Banco Mundial ya estimaba el costo de la violencia en un 8 % del producto interno bruto (PIB) en seis países de la región.

-Para poner los números en contexto, en 2020 fueron asesinadas 36.773 personas en México, 47.722 en Brasil y 12.247 en Colombia, llegando a una cifra cercana a los 100.000 muertos en un año. A modo de comparación, un reporte de 2022 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que el total de muertes de civiles en la guerra civil de Siria en diez años fue de 306.887.

-Solo en el 2023, en México hubo 30.523 asesinatos. Lo que representa una media de 83,6 por día.

-En 2017, Ecuador tenía una tasa de homicidios de cinco personas por cada 100.000 habitantes. Ahora supera las 40.

-Al igual que en el resto del mundo, la mayoría de las víctimas y victimarios son hombres jóvenes. Sin embargo, en América Latina los hombres víctimas representan el 90 por ciento, superando largamente al 70 por ciento de Europa y al 67 por ciento de Asia. En otras palabras, el 41 por ciento de todos los homicidios contra varones en el mundo ocurren en las Américas.

-El uso de armas de fuego es otro rasgo latinoamericano del homicidio. Mientras que en el mundo cerca del 32 por ciento de los homicidios se cometieron usando armas de fuego, en Latinoamérica ese dato escala al 75 por ciento.

(*) Con información del Banco Mundial, Naciones Unidas y Fundación Carolina