Regreso de Mancuso

El regreso al país del otrora poderoso y temido jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en su condición de deportado, luego de cumplir condena en EE. UU. por narcotráfico y no por genocidio, torturas o desaparición forzada, nos vuelve a rodar una película que comprende temas sensibles de la agenda de Colombia en los últimos cuarenta años: conflicto armado, guerrilla, paramilitarismo, ‘parapolítica’, extradición, tolerancia social con el crimen, jueces y magistrados valientes. Pero también, en algunos casos, lentitud de la justicia, pecaminosas alianzas de la Fuerza Pública, amnistías, indultos, despojo de tierras, desplazamientos de campesinos, entre otros muchos.

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Cómo no pensar en la tragedia de un departamento como el Cesar –cuyo primer gobernador fue López Michelsen– y en una ciudad hermosa como Valledupar, en donde florecieron, irónicamente en el seno de familias distinguidas, líderes de las Farc y del paramilitarismo, que tanto daño hicieron a su región y al país.

Allí, casi que convivieron en la adolescencia, en los clubes sociales, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, miembro de las Farc vinculado a los secuestros de empresarios y ganaderos; Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, preso en Colombia sin que nos haya contado toda la verdad, y el propio Salvatore Mancuso, en una época consentido de las élites por su supuesta lucha contra la guerrilla del Epl, –que azotaba con secuestros y asesinatos a los ganaderos– las Farc y el Eln.

Algunos colombianos no tan mayores aún deben tener en la retina cómo Mancuso era acogido no solo en el Congreso –con aplausos incluidos– sino en medios de comunicación que lo presentaban como el ‘Salvatore’ del país.

Era la época en que se ufanaba de tener en el bolsillo al 35 por ciento del Congreso. Después de que Rafael García, exfuncionario del DAS, se destapara en la revista Semana en declaraciones que fueron parcialmente publicadas en su edición impresa, comenzó el llamado proceso de la ‘parapolítica’, que en parte confirmó aquello de lo que Mancuso se ufanaba: la relación entre políticos favorecidos y paramilitares. Hay que decir que la Sala Penal de la Corte –sus nueve magistrados y un magistrado auxiliar– investigó y sancionó buena parte de esos hechos, en la mayoría de los casos con razón, aun cuando hubo excesos como los que llevaron a prisión al actual ministro del Interior o al presidente del Senado Carlos García –luego absueltos–, o la condena que muchos sectores consideramos injusta contra Álvaro Araújo Castro.

Luego vino el proceso de Justicia y Paz durante el gobierno Uribe para desmontar esa máquina criminal, con instrumentos utilizados antes y después, como las rebajas de penas y el compromiso de decir la verdad. El Gobierno consideró que los paramilitares concentrados en la cárcel de Itagüí no estaban cumpliendo los compromisos y decidió extraditarlos a EE. UU. no por asesinos, sino por narcotraficantes.

Un paréntesis. En algún momento los colombianos tenemos que revisar la escala de bienes jurídicos para analizar si vale o no la pena que, como ocurrió en ese caso, se privilegie el envío de toneladas de coca sobre conocer la verdad de los crímenes cometidos contra compatriotas como secuestros, asesinatos, violaciones, desplazamientos forzados y corrupción política.

Desde EE. UU., en Justicia y Paz, Mancuso y otros paramilitares extraditados dieron nombres de personas vinculadas al establecimiento sin que la justicia hubiese investigado todos los datos que aparecen en esos hoy empolvados expedientes.

Su presencia como procesado en Colombia con el estatus que le ha dado el gobierno Petro de ‘gestor de paz’ es el momento para que, ahora sí, como en la fórmula del juramento en el proceso penal, Mancuso diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sobre quienes lo financiaron, estimularon, sirvieron o facilitaron sus horribles acciones delincuenciales. Es lo que el Estado le debe exigir, que no se repitan las confesiones interesadas de muchos de esos líderes ‘paracos’ como Ramón Isaza que de un momento a otro sufrieron de súbitos ataques de amnesia. O la tendencia de tapar a unos y delatar a otros por razones políticas, personales o económicas. Y, claro está, su vida debe ser protegida a como dé lugar por el Estado colombiano.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ