Una apuesta democrática para la paz total

Hace unos días, el Gobierno Nacional anunció el programa Jóvenes en Paz, una iniciativa que pretende vincular a 100.000 jóvenes para que ejerzan como gestores de paz y convivencia, mediando en los conflictos que existen en sus comunidades y apostándole a un liderazgo constructivo desde la legalidad, a cambio de incentivos económicos y educativos. Un programa bien intencionado que quiere resarcir a los territorios en los que la juventud se ha visto impactada por diversas expresiones de violencia.

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Para la Defensoría, esta iniciativa es una oportunidad para que los jóvenes se interesen en el quehacer público y el ejercicio pleno de su ciudadanía, mediante el uso de las herramientas que ya tienen a disposición, como el Sistema Nacional de Juventud (SNJ); y también, que asuman con responsabilidad social el cumplimiento de sus deberes ciudadanos en la construcción de nación y en la búsqueda de soluciones a los problemas del país. Legitimar a los jóvenes ante la institucionalidad y legitimar la institucionalidad ante los jóvenes, es decir, construir confianza mutua, debería ser el objetivo fundamental de este esfuerzo.

El SNJ se ha conformado como un espacio de tolerancia, pluralidad y respeto por la diferencia; atributos indispensables para ser verdaderos gestores de paz y convivencia. El SNJ es el referente que necesita el Gobierno Nacional para sacar adelante su iniciativa, construyendo desde lo que ya está construido. Premiar la democracia y la institucionalidad es sin lugar a dudas avanzar hacia la paz total.

Con los jóvenes que representan diversas voces y visiones, el país ha avanzado en el reconocimiento de espacios democráticos e institucionales. Muchos de ellos y ellas fueron recientemente elegidos en los Consejos de Juventud o son integrantes de las Plataformas de Juventud que, durante años desde el territorio, desde sus comunidades, con conocimiento de primera mano de los problemas que los aquejan y de las soluciones que necesitan, se han dedicado, sin saberlo, a ser constructores de comunidad y gestores de paz y convivencia.

Por eso, y para concretar esa promesa de tomar en cuenta sus opiniones y poner en práctica sus propuestas para transformar sus territorios y sus realidades, tengo la convicción de que, como lo dije esta semana: “Estos jóvenes, elegidos con un mandato popular, legal y ciudadano, son los llamados a representar los liderazgos sociales y comunitarios para fortalecer los procesos que abanderan desde sus roles y en el marco de sus funciones”.

Por lo tanto, como defensor del Pueblo hago un llamado al Gobierno Nacional para considerar que los primeros beneficiarios del programa Jóvenes en Paz sean quienes, desde tiempo atrás, le están apostando a la democracia, y a través de ella a representar las necesidades de sus regiones, pero, ante todo, le apostaron a transformar a Colombia. Tomar esta decisión, más que un gesto bien intencionado, es reconocer la legitimidad de los jóvenes en el marco de la democracia, es asegurar así su participación e incidencia en los procesos políticos y garantizar la formación de nuevos liderazgos que participen en el proceso de construcción de política pública, de la inclusión en la agenda política y social, los asuntos territoriales, y ante todo es construir la Colombia que queremos.

CARLOS CAMARGO ASIS