La mejor decisión para todas las niñas y mujeres del país

La regulación sobre el aborto en los países del mundo ha tenido una clara evolución. La tendencia de los últimos 25 años a nivel global muestra que un grupo mayoritario de países, 72, se inclina por regular el aborto con sistemas que permiten su de manera legal más allá de causales específicas o limitadas. Inclusive, existen algunos territorios que han dado un paso más adelante: eliminar la regulación del aborto por medio del derecho penal y regular la interrupción voluntaria del embarazo mediante legislación sanitaria con una perspectiva de derechos humanos. Se trata de un enfoque que deja atrás la criminalización de mujeres, niñas y adolescentes para que tomen decisiones sobre su cuerpo y su vida.

Lugares como Canadá, el Territorio de la Capital Australiana (TCA) y el estado de Nueva York, en Estados Unidos, han dado este paso con resultados notables. Estas regulaciones han permitido un claro avance en la eliminación de barreras que impiden el efectivo al aborto en condiciones seguras. Esto ha llevado a que el 90 por ciento de estos procedimientos se realice en las primeras semanas de gestación. Además, la ausencia de una amenaza penal sobre las mujeres, niñas y adolescentes que necesitan acceder a este servicio, así como para el personal de salud involucrado en proveerlo, ha facilitado que las personas obtengan información sobre servicios de salud reproductiva para tomar decisiones libres e informadas.

Estas experiencias comparadas muestran la urgencia de dar un paso adelante en la forma en que se regula el aborto en Colombia, tal como se lo ha propuesto el movimiento Causa Justa a la Corte Constitucional, mediante la demanda que solicita declarar inconstitucional ese delito. La demanda explica que la existencia de dicho delito no ha evitado que las mujeres busquen abortar, únicamente incrementa la incidencia de los abortos realizados en condiciones inseguras. La demanda también evidencia que la criminalización por el delito de aborto se ha enfocado en las mujeres, adolescentes y niñas en las condiciones más vulnerables, que tienen menos al sistema de salud o enfrentan pobreza.

Esta situación afecta particularmente a las niñas y adolescentes, quienes son las más afectadas por embarazos producto de violencia sexual y las más perseguidas por el delito de aborto. Según el Dane, los partos en niñas menores de 14 años en Colombia se incrementaron en un 22,2 por ciento para el segundo trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020. Y, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 12,5 por ciento del total de casos denunciados por aborto fueron contra niñas y adolescentes, quienes fueron sancionadas en el 24 por ciento de los casos.

La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de transformar dolorosas realidades que criminalizan el aborto en nuestro país. A pesar de la urgencia en este tema, el tribunal se ha tomado más de un año en la decisión de esta demanda y cada día que pasa sin una sentencia es una condena para las niñas, adolescentes y mujeres más vulnerables que siguen expuestas a procedimientos en condiciones inseguras y a ser procesadas por un delito injusto.

A la luz de los avances que internacionalmente se han dado para regular el aborto, es necesario que la Corte opte por la mejor opción: un futuro en el que ninguna niña, adolescente o mujer sea perseguida penalmente por tomar una decisión sobre su proyecto de vida. Una decisión intermedia, que no elimine el delito de aborto, mantendría las graves consecuencias que este tiene. Esperamos que la Corte no deje pasar el momento histórico frente al cual se encuentra.

CATALINA MARTÍNEZ CORAL*

* Directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.