Aunque ninguna situación ha puesto en duda por un instante su permanencia constitucional en el poder, a estas alturas han sido más de diez las veces en las que el presidente Petro ha denunciado golpes de Estado por parte de actores tan diversos como las Cortes, el Congreso y los partidos de oposición en el último año, ante cada derrota que sufre su agenda de propuestas frente a sus respectivos contrapesos. Pero lejos de enfrentarse a una colección de conspiraciones, el Gobierno ha mostrado desde su versión más radical que no reconocerá ninguna decisión que no favorezca sus objetivos.
Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –la misma que otras veces ha protegido los derechos políticos de Petro– dejó claro que las investigaciones del Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña de 2022 de ninguna manera afectan los derechos políticos del Presidente. Su respuesta, sin embargo, lleva meses siendo la misma: que el CNE hace parte de un complejo entramado que busca sacarlo del poder. También, el Presidente ha acusado a las altas cortes de buscar darle un "golpe blando" a través de sus fallos. En varias ocasiones, los magistrados de las diferentes cortes han pronunciado su inmensa preocupación por el ambiente de rivalidad que el Gobierno ha promovido en su contra y las posibles consecuencias que eso puede traer como resultado.
En las horas difíciles de las reformas del Gobierno en el Congreso, tampoco ha primado la diplomacia y las respuestas del mandatario en momentos como el hundimiento de la pasada reforma de la salud han estado muy lejos de ser las de un estadista. Ni una sola vez el presidente Petro se ha detenido a reconocer la legitimidad de las posturas de sus contrincantes cuando una de sus reformas se ha visto cuestionada o derrotada por parte de mayorías parlamentarias. Su respuesta en todos los casos ha sido señalar con las peores acusaciones a sus críticos, lo que cierra significativamente las puertas para posibles acercamientos en el futuro. La furia del Ejecutivo ha sido suficiente para todos y ha sobrado.
Deja mucho que desear el talante democrático de un líder político que ha demostrado estar listo para destinar la furia de sus electores más radicales.
De fondo, todo esto obedece a un mismo motivo. Desde el inicio de su mandato, el presidente Petro ha insistido en una dañina narrativa según la cual si los legisladores no aprueban sus reformas, es porque buscan darle un permanente golpe de Estado. Se trata, de entrada, de una lectura que desconoce de manera premeditada el rol del Congreso, que también ha sido elegido por votación popular y representa a todas las corrientes ideológicas y políticas de la ciudadanía. Y ahora que la beligerancia de las respuestas del presidente Petro divide tanto a la opinión pública, debemos recordar que es perfectamente válido, democrático y legítimo que un Congreso no apruebe todas las reformas de un Gobierno. A todos los presidentes de Colombia se les han caído reformas en el Legislativo y estamos lejos de observar el caso de un Gobierno bloqueado.
También las cortes están en todo su derecho y deber de investigar a un Gobierno y de ponerle los respectivos frenos constitucionales, en caso de que encuentren excesos o incumplimientos frente a las normas vigentes. Lo que sí no es normal ni propio de demócratas es desconocer el funcionamiento de la institucionalidad, señalar golpes de Estado en todos los lugares y amenazar con levantamientos ciudadanos cada vez que las ramas del poder público no marchan al ritmo que el Presidente pretende. No podemos relativizar ni normalizar una práctica tan poco democrática por parte de un Gobierno como la de llamar golpistas, con todo lo que eso implica, a las otras ramas del poder siempre que éstas no avanzan tal como les exige el Presidente.
A los demócratas no se les conoce cuando sus agendas salen ganadoras luego de largas discusiones, en medio de aplausos y felicitaciones: ahí cualquiera puede posar de demócrata y liberal. En cambio, sí se sabe mucho de la noción de democracia de los líderes desde sus respuestas ante las derrotas de la cotidianidad. Es ahí cuando la mesura, la diplomacia y la necesidad de alcanzar soluciones concertadas han definido a los más recordados estadistas. Y desde la furia, los trinos cargados de rabia y los discursos poco conciliadores del primer mandatario han sido la antítesis de ese liderazgo que un país debería esperar de sus gobernantes.
Será difícil que en el Año Nuevo las relaciones entre el Gobierno Nacional y el Congreso mejoren –y más aún en temporada electoral– cuando el discurso ha consistido en el constante ataque desde los peores agravios contra la rama legislativa. Pero, sobre todo, deja mucho que desear el talante democrático de un líder político que ha demostrado estar listo para destinar la furia de sus electores más radicales y tildar de golpista a cualquier rama del poder público que haga algo distinto a aplaudir sus decisiones al pie de la letra. ¡Con esos demócratas para qué enemigos de la democracia!