Frente a la consulta, hay que actuar

La consulta popular es un mecanismo valioso de participación ciudadana de nuestra Constitución, y cualquier mandatario está en su derecho de convocarla, ojalá comenzando su istración, para un mandato inequívoco al Congreso sobre una reforma política que democratice los partidos, acabe la corrupción y las transacciones sobre los votos, dando más espacio en la dirección de esas colectividades a los ciudadanos y militantes y no solo a los congresistas. Una reforma que sancione con pérdida de la curul el incumplimiento de la ley de bancadas y obligue al voto nominal y público frente a iniciativas legislativas y debates de control político de alta sensibilidad para el futuro democrático y la estabilidad institucional y económica del país.

Desafortunadamente, la consulta que saca del sombrero el gobierno Petro es otro dulce envenenado para lavarse las manos frente a un pueblo que sufre por el desempleo, la informalidad, el deterioro en la salud, la inseguridad y el aumento de las dificultades de las familias colombianas, sobre lo cual las preguntas de la consulta guardarán silencio.

La consulta anunciada cuesta más de medio billón de pesos, y lo peor es que será inocua, pues, al cumplir todos los tiempos del trámite en el Congreso, revisión de la Corte Constitucional y su convocatoria por la Registraduría, habrán pasado 10 u 11 meses, ad portas de las elecciones del Congreso. La Registraduría se ha quejado públicamente de la falta de presupuesto, porque el Gobierno Nacional, de manera inconsulta y arbitraria, le recortó los recursos para preparar adecuadamente un año electoral.

Lo primero que debe decir el nuevo ministro de Hacienda es cuántos recursos adicionales va a asignar al presupuesto de la Registraduría para concretar la posibilidad de la consulta envenenada.

Los colombianos debemos actuar de manera estratégica, articulada, eficaz y democrática en defensa precisamente de nuestra democracia.

Todos debemos analizar cuál es el quehacer que nos corresponde para cada etapa del proceso. Por ejemplo, para el trámite del Congreso, con seguridad habrá audiencias públicas, y a ellas hay que asistir planteando preocupaciones y propuestas ciudadanas sobre la consulta.

Posteriormente en la Corte se podrán presentar argumentos y coadyuvancias para el examen constitucional y, solo si obtiene vía libre, cabrá determinar cuál es la estrategia más conveniente: si derrotar la consulta por la abstención o votar contra el caramelo envenenado.

Para algunos, la consulta es la oportunidad de dar una paliza abstencionista al gobernante que amenaza a empresarios, Congreso, sociedad civil, políticos de la oposición, Poder Judicial, mujeres periodistas, alcaldes, periodistas, gobernadores y fiscales que no se acomodan a sus caprichos.

Antes de definir cuál será la acción política y ciudadana estratégica frente a la consulta, cada quien, desde su escenario, debe sumar esfuerzos y capacidades para acompañar y defender a las instituciones durante el trámite antes de salir a las urnas a consultar al pueblo.

Tenemos un presidente débil en conocimientos, en argumentos y en respeto internacional, pero capaz de mucho más en su proceso de destrucción del país.

La Policía y la UNP deben aumentar la protección de los ocho senadores que, con valentía, estudios técnicos y argumentos, archivaron en Comisión Séptima del Senado el malhadado proyecto de reforma laboral que destruiría pequeñas y medianas empresas y aumentaría el desempleo.

Lo archivaron a pesar de mermelada, aquelarres y sahumerios que no fueron capaces de llenar la plaza de Bolívar. Con estrategia, unión y sin resignación, uniremos esfuerzos para derrotar contundentemente a un gobierno que sufre el delirio del poder y se niega a entender que irremediablemente perdió el juicio de la historia.

MARTA LUCÍA RAMÍREZ

(Lea todas las columnas de Marta Lucía Ramírez en EL TIEMPO aquí)