Falsos testigos, ¡vivitos y coleando!

Es totalmente repudiable que en una sociedad que se reclama como Estado de derecho existan los ‘falsos positivos’ o los falsos testimonios, orientados ambos a tergiversar realidades fácticas, con fines criminales. Mientras que los ‘falsos positivos’ llegaron al extremo de aniquilar gente humilde e inocente, los falsos testimonios son expresión genuina del sicariato moral, en especial contra servidores públicos.

En Colombia no censuramos a unos y otros con la misma vehemencia. De hecho, se evidencia una doble moral en algunos sectores, que persiguen los ‘falsos positivos’ y callan frente a los falsos testigos que, no en pocas ocasiones, han sido instrumento de su confrontación política.

La reciente columna de Alberto Donadío en la revista ‘Semana’, titulada ‘Testigo de Petro, reo confeso’, vuelve a poner en la agenda la gravedad de los falsos testigos, su impune utilización y la necesidad de una política criminal que les haga frente con decisión. Menciona Donadío un caso que, gracias a su iniciativa, debe desenmascararse integralmente.

El reconocido periodista investigativo recuerda que, en noviembre de 2019, los columnistas Daniel Coronell y María J. Duzán difundieron la especie de que en tiempos de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez ocurrió lo que ellos llamaron la “paz chuzada”. La falsa historia daba cuenta de que en el ente acusador se habían concertado varios funcionarios para interceptar ilícitamente a los negociadores de paz, con fines oscuros.

Los testigos falsos fueron reclutados en la mismísima Picota por los determinadores de este canalla infundio, donde conjuntamente redactaron la denuncia falaz. Eran el fiscal Fabio Martínez Lugo y el investigador del CTI Luis Carlos Gómez Góngora, quienes estaban privados de su libertad, ellos sí, por su vinculación con chuzadas ilegales. Martínez Lugo y Gómez Góngora recibieron el ofrecimiento de obtener su libertad en la JEP, para lo cual debían fabricar la tesis de que la Fiscalía se había prestado por años para ser un instrumento de la contrainsurgencia, más recientemente con la aprobación de Néstor Humberto Martínez.

Afirma Alberto Donadío en su columna: “En noviembre de 2020, Gustavo Petro realizó un debate en el Senado con base en un documento de dos testigos recluidos en La Picota. Dijo que tenían “amenaza sobre su vida”, calificó el documento como “muy interesante relato” y expresó que contenía “cuantiosas” pruebas”. El documento, afirmó Petro, señalaba que se habían interceptado las comunicaciones de Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y Humberto de la Calle, buscando pruebas que permitieran vincular a esas personas con las actividades criminales del ‘clan del Golfo’. El fiscal Néstor Humberto Martínez “recibía informes diarios” de las interceptaciones a “los negociadores de la paz”, aseveró Petro”.

Todo este montaje empezó a desmoronarse el año pasado, cuando el jefe de las salas de interceptación Gómez Góngora, luego de cambiar a su defensor Miguel Ángel del Río, de reconocido origen político, aceptó ante un juez penal que se trataba de un ‘falso positivo’: “Nunca recibí instrucciones del doctor Néstor Humberto Martínez ni conocí que se hubieran llevado a cabo interceptaciones ilegales a los negociadores de paz”. Afortunadamente para la verdad, lo mismo afirmó esta semana ante un juez penal el exfiscal Martínez Lugo, quien también se retractó de sus mentiras asistidas.

Petro y los periodistas deberían señalar el nombre de las personas que los indujeron a difundir el pasquín. Se sabe que el abogado defensor de los falsos testigos recibió honorarios, ¿quién lo hizo? Esto es necesario que se sepa para resarcir a las víctimas de este montaje, en particular al general Pérez, del CTI, y a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, quienes han sido víctimas de una persecución delirante, solo por cumplir con su deber.

Como los falsos testigos no dejan de trabajar en su perfidia, las autoridades deben estar atentas siempre, porque se hizo común manchar a los investigadores, a manera de retaliación. Según se sabe, los testigos falsos siguen ¡vivitos y coleando!

Taponazo. Hace muy bien la Corte Constitucional en reconocer el carácter espurio de los títulos sobre baldíos, obtenidos por sentencia judicial. La cuota inicial de la reforma agraria.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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