El quinto año del acuerdo de paz bien puede ser considerado el de mayor avance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras un arranque lento, no exento de equivocaciones y marcado por las controversias políticas, la JEP empezó a marcar la ruta que esperan los colombianos. Que no es otra que consolidar la paz a través del imperio real de los principios de verdad, justicia y reparación para centenares de miles de víctimas del conflicto armado.
Es en ese marco en el cual se ha producido un hecho histórico: la aceptación de un general de la República y de otros 20 militares ya retirados del Ejército de su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’, la macabra práctica de asesinatos extrajudiciales que se extendió por varias unidades castrenses en la década pasada y por la que hoy comparecen ante la justicia alternativa centenares de exuniformados, entre ellos generales y coroneles.
El general Paulino Coronado se declaró culpable por omisión en el caso de 55 civiles asesinados por militares de la desaparecida Brigada 30 en la zona del Catatumbo y luego reportados como bajas legítimas en combate. Algunas de las víctimas fueron reclutadas en Soacha con falsas promesas de trabajo, y sus familias les perdieron el rastro por meses y años hasta que las denuncias de sus allegados y la valiente labor de varias personerías municipales pusieron el ojo de la justicia y el país entero sobre las sospechosas circunstancias de sus muertes. Ese caso emblemático, el de los ‘falsos positivos’ de Soacha, destapó la existencia de varios miles de muertes similares sobre las que han venido avanzando primero la justicia ordinaria y ahora la JEP.
Establecer la verdad de lo que pasó en la guerra es un duro pero necesario trance para consolidar la paz. Se avanza, pero aún falta mucho.
Que las víctimas y el país vean resultados reales es prioritario para todas las instituciones creadas por el acuerdo de paz. La JEP ha venido progresando en la investigación de los muchos crímenes cometidos por la antigua guerrilla de las Farc, si bien la imposición y el cumplimiento de las sanciones de la justicia alternativa siguen sin verse.
El paso dado por Coronado marca un hito, como que se trata de un antiguo agente del Estado colombiano que reconoce responsabilidad en uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestras instituciones, especialmente de nuestro Ejército.
Su llamado a antiguos compañeros de armas y a altos responsables del Estado a asumir el peso de sus acciones y omisiones frente a los ‘falsos positivos’ es valiente y necesario. Y debe llegar también a oídos de los antiguos de las Farc, cuyos aportes a la verdad y la justicia siguen siendo parciales o inexistentes en la nueva Jurisdicción de Paz.
Establecer la verdad de lo que pasó en la guerra es un duro pero necesario trance para consolidar la paz. Mucho es aún lo que falta por conocer de los 'falsos positivos' –no todos los generales que se acogieron a la JEP tienen cargos por omisión, sino por responsabilidades directas en las órdenes que dieron pie a esos crímenes–, pero el reconocimiento de culpabilidad de ese antiguo general es señal clave de que la justicia colombiana, como lo reconoció hace apenas semanas la Corte Penal Internacional, está avanzando.
EDITORIAL