Contrabando corruptor

El escándalo por la infiltración del poder criminal del contrabando en instancias encargadas de combatirlo, así como el episodio de la millonaria suma de dinero procedente de esta actividad que el español Xavier Vendrell, cercano al Gobierno, recibió con destino a la campaña presidencial de Gustavo Petro y que el entonces candidato ordenó devolver de forma inmediata, según lo ha manifestado, ha puesto al país de cara a un delito cuya magnitud y tentáculos parecen colosales.

El detonante de esta tormenta es el señalado contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, hoy detenido en Portugal y cuya extradición reclama el Presidente. Su caso tomó relevancia luego de que su nombre salió a relucir en el cruce de críticas del turbulento consejo de ministros transmitido en vivo, el pasado 4 de febrero.

Ante tal realidad, el país necesita respuestas claras y enfrentar la magnitud de este problema. Cuando se habla de crimen organizado se suelen citar la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de migrantes, entre otros. El contrabando, en cambio, tiende a pasar de agache. Pero se trata, como va quedando claro, de una actividad tan lucrativa como las anteriores –estrechamente ligada– y con igual o mayor potencial corruptor. Lo anterior, quizás, por el estatus de cierta invisibilidad del que ha gozado. Lo que ya se sabe, independiente de responsabilidades individuales, sobre la penetración de organizaciones como la de 'Papá Pitufo' al más alto nivel es señal contundente.

De ahí que, mientras la justicia y en particular la Fiscalía hacen su trabajo, y a la espera de que se sepa toda la verdad sobre los intentos de infiltración de Marín en la campaña presidencial del hoy mandatario y en varias entidades del Estado, es urgente un debate a fondo sobre este fenómeno criminal.

En este orden de ideas, cabe recordar que son muchas las cruzadas que la sociedad colombiana ha emprendido. Es hora de hacer lo propio con el contrabando, que causa tanto daño a la economía, a las arcas nacionales y a quienes hacen empresa. Mucho hay que hacer. Hay que comenzar por replantear las instituciones que luchan contra él, como la Policía Fiscal y Aduanera y la propia Dian, por supuesto, con serenidad y buen criterio para no caer en cacerías de brujas o cometer el error de arrasar con todo. Pero estamos ante una realidad que pone en evidencia muchos vacíos y vulnerabilidades.

El primer paso, coinciden los expertos, es invertir en desarrollos tecnológicos que permitan un mayor grado de control. Contar con software que rastree de manera eficaz las importaciones y cuyo uso para quienes cumplen con sus obligaciones y le apuestan a la formalidad sea mucho más sencillo e intuitivo.

Es urgente concientizar a la sociedad sobre cómo esta actividad ayuda a lavar los capitales amasados a través de otras conductas ilícitas. Algo similar a lo ocurrido hace varias décadas con los primeros asomos del narcotráfico y sus excesos –que eran recibidos con complacencia y permisividad de ciertos sectores– puede decirse que ocurre hoy con el contrabando. Adquirir mercancías sin factura y a precios irrisorios no tiene ninguna sanción social. No quiere decir esto que toda la responsabilidad recaiga sobre la ciudadanía, no. Pero sí es una invitación a que la sociedad reaccione y entienda que puede poner más de un grano de arena para atajar un delito que corrompe y va contra todos.