Duterte en La Haya

Señalado de ser el responsable de al menos 19 ejecuciones extrajudiciales –por el momento– en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas, el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido en Manila el pasado martes por la policía de su país, atendiendo una circular roja de Interpol motivada por una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya (Países Bajos).

Esta captura ha llamado la atención en un contexto en el que el TPI viene siendo objeto de críticas por su lentitud y, dicho coloquialmente, "falta de dientes", al punto de que las órdenes de arresto contra personajes como Vladimir Putin, presidente de Rusia, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han tenido poca trascendencia y no han logrado inquietar ni a estos líderes ni a su entorno.

Este caso sí tiene avances. La captura se produce por la decisión del Ejecutivo de Filipinas al mando de un antiguo aliado de Duterte, el actual presidente, Ferdinand Marcos y Romuáldez, de permitir que la policía de su país actuara cumpliendo la orden del Tribunal a instancias de Interpol.

Ver a Duterte frente a este tribunal defendiendo su inocencia ante múltiples acusaciones de haber liderado escuadrones paramilitares para llevar a cabo asesinatos masivos –algunas ONG calculan que las víctimas pueden contarse en miles– es un hecho político poderoso para el mundo. En tiempos en los que crece el escepticismo sobre la capacidad de los entes multilaterales de todo tipo para poner freno a los excesos antidemocráticos de gobiernos de todas las vertientes ideológicas, el TPI puede sentar –de ser hallado culpable Duterte– algo así como un precedente oportuno. Un mensaje de que el mundo todavía puede poner freno –siempre y cuando exista voluntad de cooperar por parte de los gobiernos– a los impulsos irrefrenables de corte autoritario de personas aupadas por la sensación de que no hay límite para su sed de poder.