Coinciden filósofos en que el lenguaje construye realidad. Y lo que venimos viendo en tiempos recientes parece confirmarlo, en especial cuando se trata de casos sensibles, bajo la indagación de las autoridades, que en vez de merecer la espera y la prudencia que antecede a los resultados de las pesquisas terminan sometidos a narrativas confrontacionales que no ayudan a hallar la verdad.
Esto a propósito de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando la superintendente de Industria y Comercio y ministra de Comercio Exterior encargada, Cielo Rusinque, denunció a través de una publicación en X un intento de envenenamiento. El episodio tuvo un posterior pronunciamiento público de la Clínica del Río, que atendió a las cuatro personas que consumieron un dulce de coco que según la funcionaria contenía veneno. De acuerdo con el parte médico, el malestar de los pacientes se debió a una intoxicación alimentaria. La respuesta de la ministra fue una descalificación de plano del dictamen médico con el argumento de que los dueños de este centro clínico pertenecen a la oposición.
No hay duda de que toda denuncia sobre un presunto atentado contra la integridad física de un alto funcionario del Gobierno merece la reacción inmediata de las autoridades y respuestas prontas ante la opinión pública. Pero también es cierto que en medio de las investigaciones es necesaria la prudencia de los denunciantes, en espera de que las investigaciones concluyan a partir de elementos probatorios técnicos y verificables.
La complejidad de la denuncia exige darle espacio a la Fiscalía, la instancia convocada a dar claridad sobre lo ocurrido, y no adelantarse con conclusiones que ponen en tela de juicio la ética de los profesionales de la salud. La mesura y la responsabilidad son condiciones esenciales para dejar que las autoridades hagan su trabajo de investigación y entreguen resultados basados en elementos verídicos y comprobables, que es lo que esperan los ciudadanos.