Infraestructura

Tiene lugar por estos días en Cartagena el Congreso anual de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a lo largo del cual se le pasa revista a un sector clave para la competitividad y la propia salud de la economía. Para nadie es un misterio que en este asunto el país muestra todavía atrasos considerables frente a sus pares latinoamericanos, sobre todo en carreteras y ferrocarriles.

Ante esa realidad, diferentes istraciones han realizado esfuerzos para cerrar la brecha. Uno de los instrumentos claves es el modelo de concesiones, que comenzó a ensayarse unas tres décadas atrás y ya va por su quinta generación.

Sin entrar en honduras técnicas, este permite que el sector empresarial aporte capital y conocimientos a cambio de rentas provenientes de peajes o pagos del presupuesto nacional, una vez se vayan concluyendo las obras y la vía en cuestión sea operada durante varios años. Las normas establecen que la iniciativa puede ser de carácter público o privado, siempre considerando costos y tiempos de entrega.

Gracias a este mecanismo, desde 1990 se han concluido cerca de 3.000 kilómetros de carreteras, de los cuales unas tres cuartas partes corresponden a dobles calzadas. Los desafíos superados por la ingeniería colombiana han sido formidables, dadas las particularidades de nuestra geografía. Por esta causa somos hoy el país con más túneles en la región, además de contar con decenas de puentes y viaductos.

Obviamente, tal esquema viene complementado por la obra pública, indispensable en aquellas zonas en donde los volúmenes de tráfico no son altos o existen criterios como el de integrar regiones apartadas por razones de equidad o conveniencia. También, junto con la red primaria, se requieren esfuerzos continuos para mejorar la secundaria y terciaria, con el concurso de departamentos y municipios. Todo lo anterior demanda no solo dinero, sino capacidad de planeación, trámites de licencias ambientales, diseños adecuados, coordinación, buena gerencia y seguimiento. También la estabilidad en las reglas de juego, pues la incertidumbre no ayuda.

A este respecto, es importante anotar que, tras una serie de señales equívocas del actual gobierno, la situación ha mejorado. El atraso en los reajustes de los peajes –que le puso un gran signo de interrogación a una fuente clave de fondos– está en proceso de normalización y el pago de las vigencias futuras a los concesionarios se ha llevado a cabo según lo estipulado, con lo cual los distintos frentes de trabajo siguen avanzando y el avance de las autopistas 4G va en el 85 por ciento.

Tampoco se puede desconocer la firma de contratos claves como la ruta del Magdalena y la conclusión del tramo entre Buga y Buenaventura. Es alentadora la intención de impulsar el tren y de resolver varios cuellos de botella pendientes.

Sin embargo, falta hacer más. Tanto los atrasos en los pagos a los contratistas del Invías como el progreso de las vías terciarias inquietan. No menos importante es consolidar los pliegos tipo para la adecuada contratación, garantizar una apropiada financiación de los proyectos y establecer la hoja de ruta hacia el futuro, pues este debe ser un propósito de largo plazo. Solo de esa forma llegará el día en que Colombia tenga la infraestructura que se merece.