Llamado a la mesura

Hay que renovar el llamado a la mesura en la actual campaña electoral tras lo ocurrido el viernes pasado, cuando en la red social Twitter chocaron el candidato presidencial Gustavo Petro y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

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Todo comenzó cuando el candidato del Pacto Histórico lanzó un fuerte, y a todas luces inaceptable, además de irresponsable, señalamiento a “algunos generales” del Ejército de tener vínculos con el llamado ‘clan del Golfo’. Para ello se valió, de manera irrespetuosa con su memoria y con el dolor de sus familias, de la muerte de siete uniformados en Frontino, Antioquia, víctimas de un atentado con explosivos cometido por esa organización.

Tal afirmación, proveniente de una persona que ejerce un innegable y sólido liderazgo sobre un sector considerable de la población, gracias al cual hoy lidera las encuestas con miras a la cita en las urnas del próximo 29 de mayo, es, además, desconcertante. Deja abiertos muchos interrogantes, comenzando por el de si Petro es verdaderamente consciente del rol que tendría que asumir como comandante supremo de las Fuerzas Militares en caso de resultar ganador en los comicios. No se entiende qué pretende en últimas con su apuesta de minar, a través de señalamientos como este, la imagen de la institución que tendrá que comandar, y de la que deberá valerse para mantener la democracia y el Estado de derecho.

Dejar en el aire tan grave acusación no es lo que se espera de quien aspira a liderar los destinos del país. Su deber, de tener pruebas, sería el de permitir que la Fiscalía las conozca. De haberse basado en las investigaciones del ente acusador y que tienen en aprietos a algunos oficiales y dos generales en retiro, habría sido su obligación dejar claro en qué se apoyaba para así desligar a todos los demás oficiales, la inmensa mayoría, de conducta intachable.

Dicho lo anterior, la respuesta del alto oficial tampoco fue la adecuada. Un señalamiento así de grave necesitaba de una réplica, claro, pero de entrada cabe la pregunta de si dicha tarea no correspondía a un funcionario civil. Luego está la prohibición constitucional que tienen los uniformados de cualquier rango para participar en política. A estas alturas de la campaña, todo funcionario, civil o militar en servicio activo, sobre el que recaiga esta restricción tiene la obligación de mostrar plena consciencia de lo que está en juego y, en consecuencia, actuar con máxima prudencia en cualquier postura que asuma en público. Lo cierto es que corresponderá ahora a la Procuraduría establecer si las palabras del general en la red constituyen dicha conducta proscrita.

Este es un hecho que deja oportunas lecciones. Así el general se haya sentido afectado en su apego a la institución militar, debió sopesar la respuesta para no dar pie a un debate nacional sobre si quebrantó o no el precepto constitucional según el cual las Fuerzas Militares en Colombia no son deliberantes. Y no solo el general debe echar mano de la mesura, sino también quienes tienen alto poder de influencia, más frente a un proceso electoral que se desarrolla en medio de tantas tensiones. La responsabilidad de no atizar el fuego es de todos.

EDITORIAL