Salud, a ritmo del ‘pupitrazo’

Son dos imágenes opuestas. La sonrisa del equipo gubernamental conformado, entre otros, por los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti, al concretarse el jueves pasado la aprobación en la Cámara de Representantes del segundo intento de reforma de la salud por parte de esta istración, contrasta con los rostros angustiados de miles de pacientes que han vivido en carne propia el rápido y alarmante deterioro de la atención del sistema de salud.

Mientras entre los abanderados de la iniciativa en el Capitolio brota la alegría y se declaran altamente optimistas por haber dado un paso más hacia su objetivo de darle un vuelco al sistema que desde el primer día –no obstante sus virtudes, reconocidas internacionalmente– han visto como inadecuado, una parte considerable del sector de la salud sigue alertando sobre lo que han calificado como un riesgo serio y real de colapso.

Lo cierto es que el articulado de la nueva reforma, si bien genera entusiasmo en las filas el Ejecutivo, no alcanza, por desgracia, a sembrar esperanza entre quienes hoy, reiteramos, experimentan cómo es cada vez más difícil recibir pagos –esto es, entidades y profesionales de la salud–, atención pronta, programar citas o acceder a medicamentos. Sin olvidar que crecen las cifras de reclamos de los pacientes.

Hay que ser realistas. Los pasos dados por la vía istrativa hacia el modelo deseado por este gobierno a través de la intervención de EPS, antes que mejoras en el servicio, han agravado la crisis. Además, lo sucedido con el ajuste al modelo de salud de los maestros, considerado por algunos como un plan piloto del revolcón en el sistema, ha desembocado en serias fallas de atención y quejas del magisterio que siguen sin ser resueltas.

De estos episodios toman nota quienes no creen que el propósito de darle al Estado un rol central en la gestión de la salud que busca esta reforma sea motivo de ilusión alguna.

La responsabilidad del Legislativo con la gente es grande. Está en manos del Senado y de la Comisión Séptima hacer la tarea. Esto es, un análisis concienzudo y alejado de las componendas políticas –que parecen tener un nuevo aire en el Capitolio– de los artículos y sus implicaciones. Es importante tener en cuenta que el proyecto carece nada menos que de aval fiscal. Que incluye aspectos polémicos y susceptibles de ser semilla de escándalos, como la contratación directa en hospitales públicos o el nombramiento, también a dedo, de los directores de hospitales.

Los problemas del sistema no son pocos, y los retos se acumulan. Uno de los frentes más complejos es el financiero. Bueno es recordar que ya son varios años en los que el Gobierno y los actores del sector han estado enfrentados por los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Mientras esta última se refiere al monto que transfiere el Estado a las EPS por cada afiliado bajo el esquema de aseguramiento aún vigente, aquellos cobijan los recursos que se reconocen para cubrir los servicios y las tecnologías en salud no incluidos en el plan de beneficios.

En este frente crucial que tiene relación directa con la atención al paciente, el Gobierno ha venido definiendo una UPC insuficiente para la prestación de los servicios, cuya demanda está en alza. Este cálculo, muy por debajo de las cuentas de las EPS, viene ahogando financieramente al sistema. La Corte Constitucional terció en el pulso y les dio la razón a los actores privados en dos decisiones sobre los presupuestos máximos y la UPC.

Para los primeros, el alto tribunal instruyó el giro de lo adeudado a 2022 –unos 820.000 millones de pesos– y para la segunda derogó el ajuste de la UPC para 2025, ordenó la revisión de los montos de 2024 y desde 2021, así como la convocatoria de una mesa técnica para abordar esa crucial discusión. Desafortunadamente, el Ministerio de Salud se ha mostrado renuente al acatamiento de estas determinaciones, aunque en días recientes se han dado pasos en la dirección correcta.

La salud de los colombianos no merece ni dilaciones para lo urgente ni modelos inviables para el futuro. Por eso, el primer llamado es al Gobierno para que cumpla estos fallos de forma inmediata en aras de aliviar el deterioro de la prestación de los servicios para millones de colombianos. Y el segundo llamado es al Senado, donde se resolverá el destino de la reforma en las próximas semanas. Sus integrantes deben garantizar un debate transparente, de cara al país, que les permita a los ciudadanos conocer las implicaciones de lo que se está aprobando. Hay que evitar el lamentable ‘pupitrazo’ de esta semana. Si esta práctica de vía libre a un modelo inviable las consecuencias las pagarán los pacientes. Que no quepa duda, la responsabilidad de los senadores es con la vida de los colombianos.

EDITORIAL