Los riesgos y desafíos que genera la avalancha de reformas en el Congreso

Si bien es un comportamiento natural del Congreso que desde el 20 de julio hasta esta semana se haya radicado más de 600 iniciativas, lo que llama la atención es que el Gobierno llevó sus principales reformas sociales en el último mes y medio y les apuesta, en total, a 18 proyectos nuevos y a 11 que iniciaron su curso el semestre pasado. En principio eran 12, pero con la muerte de la reforma política esta semana la lista se redujo.

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En la agenda están las reformas laboral, pensional y de salud, Plan Nacional de Desarrollo, adición presupuestal, ley de sometimiento, Código Minero, humanización penitenciaria, jurisdicción agraria, Código Electoral, regulación del cannabis, prohibición del fracking. Todas ellas, grandes apuestas del gobierno Petro que tendrán al Congreso a tope en este segundo periodo de la legislatura que termina el 20 de junio.

El tiempo es tan apretado que el presidente del Congreso, Roy Barreras, le dijo a Petro que será necesario convocar sesiones extraordinarias una vez terminen las ordinarias, pues se corre el riesgo de que no se aprueben algunos proyectos. Y desde la Casa de Nariño buscan dejar las cosas listas este semestre: no solo porque mientras más tiempo pasa más alto es el riesgo de que algo salga mal con la coalición oficialista sino porque todos los partidos están ya haciendo cuentas para las elecciones de octubre próximo, cuando se eligen alcaldes y gobernadores.

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Y no solo son los proyectos del Gobierno los que están en la fila: hay que incluir los de los parlamentarios, de oposición y aliados de Petro, que buscan lograr que sus iniciativas al menos tengan una aprobación que evite su muerte por trámite.

Pero, ¿qué implica que el Gobierno pretenda aprobar 29 iniciativas, entre leyes claves y reformas constitucionales, en 13 semanas? En columna publicada en este diario, el exministro Juan Lozano advirtió que “la hemorragia legislativa es muy peligrosa”, pues los congresistas estarán legislando a la “carrera”.

Y en eso coinciden analistas consultados por este diario, así como algunos congresistas, quienes, además, anticipan que se abre la puerta para el ‘pupitrazo’ y la aparición de ‘micos’, pues por defecto en los debates faltará profundidad y atención. Además, habrá poco espacio para que los ciudadanos, a través de audiencias públicas, así como de los medios de comunicación, conozcan qué se está aprobando y cómo los puede afectar.

El riesgo es mayor teniendo en cuenta que se están tramitando reformas que tocarán a todos los colombianos en asuntos sensibles como la salud, el trabajo y las pensiones.

Beatriz Gil, coordinadora del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, considera que el gobierno Petro se demoró en presentar las llamadas reformas sociales y pide mayor espacio para hacer pedagogía con la ciudadanía.

Sobre la acumulación de las grandes reformas, considera que además de que se generan condiciones de poca profundidad en el debate, le puede dar margen de maniobra al Ejecutivo para negociar. Es decir, puede ceder en algunos aspectos de la reforma de la salud, por ejemplo, pero mantiene unas líneas rojas en la pensional y laboral. “Es posible que la estrategia sea tener en todos los proyectos artículos negociables que les ayuden a mover los votos en otros proyectos”, dice.

Entre los congresistas hay opiniones diversas. El representante a la Cámara Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, aseveró que la avalancha de reformas no es dañina para la democracia, pero reconoció que sí demorará el trámite, lo que “va a obligar a los congresistas a trabajar más. No trabajar desde el martes sino desde el lunes. Tendremos que discutir más, sobre todo las comisiones donde se están acumulando las grandes”.

Pero desde la oposición piensan todo lo contrario. Según el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, “el calendario empieza a verse restringido por otras obligaciones como días de víctimas y mociones de censura, eventos que harán que el debate sea cada vez más escaso y terminen ‘pupitreando’ reformas (...). Esto claramente va en contra del nivel del debate, de la profundidad”.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, que hasta hace unas semanas estaba en la independencia y en los últimos días se estrenó en la oposición, señala, por su parte, que no habrá “un debate profundo, de calidad, de cara al país, con audiencias públicas. No se alcanza a cumplir en tres meses. Este es el periodo más corto de la legislatura”. Esto, complementó, “se presta para micos y artículos sin debate”, teniendo en cuenta que son varios proyectos con mensaje de urgencia.

Entre estos están el Plan de Desarrollo, que ya fue aprobado en las comisiones conjuntas, así como la ley para humanizar la política criminal y el proyecto de sometimiento de bandas criminales.

Y ya hay ejemplos de artículos aprobados por la puerta de atrás: el año pasado, en la reforma de la Ley 418, mientras había escándalo por las facultades de indulto que se pedían para el Presidente, se coló el artículo que le permitió al jefe de Estado nombrar gestores de paz a de la primera línea. La paternidad puntual de esa norma nunca se determinó.

Y otro riesgo es que muchas de estas reformas vienen con facultades extraordinarias para el Presidente. En total, han sido 23 las que ha solicitado en varios proyectos, algunas de ellas sin especificaciones. Ya en el Plan de Desarrollo se negaron cinco, aunque pueden revivir en los últimos debates.

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El Gobierno argumenta que las reformas están bien distribuidas en diferentes comisiones. Sometimiento y cárceles, por ejemplo, están en las primeras; Plan de Desarrollo y adición presupuestal, en las económicas, y las reformas de salud, pensional y laboral, en las séptimas. La de salud entró por Cámara y las otras dos, por Senado.

Carlos Enrique Moreno León, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, dice que la cantidad de reformas se explica porque el Gobierno, como todos, quiere aprovechar “la buena reputación que tiene con la opinión pública para impulsar la mayor cantidad de propuestas en ese periodo en que cuenta con una buena valoración. A medida que vaya pasando el tiempo, la popularidad va disminuyendo y eso significa que será más difícil pasar esos proyectos”.

De hecho, ya la coalición está mostrando grietas, y después de las regionales serían mayores. En todo caso, desde varios sectores crecen las voces que piden queproyectos de tanta relevancia tengan un debate que, de ser necesario, se tome más allá de los tres meses que faltan para acabar la legislatura.

Pero, más allá de la falta de debate y los riesgos de micos en esta avalancha de proyectos, la docente Gil hace un llamado a la calma y pide confiar en las instituciones, recordando que existe la separación de poderes. “Puede que se aprueben artículos que no son deseables, pero, afortunadamente, tenemos el equilibrio de poderes. Hay que creer en la institucionalidad. Ya el Congreso les pondrá sus arandelas (a los proyectos), pero ahí están las cortes”.

Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA