El Congreso tumbó la mitad de las facultades extraordinarias de Petro

Después de tres días de discusión, las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. De aquí a finales de abril se tendrán que revisar las nuevas proposiciones que incluyeron los congresistas para armar un nuevo texto y poder discutirlo en plenarias de Cámara y Senado. La fecha máxima para aprobar todo el proyecto es el 7 de mayo.

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Los congresistas votaron en bloque la mayor parte de los artículos del Plan. En los únicos que se detuvieron fueron en los nuevos fondos que manejarían plata y en las facultades extraordinarias que tendría el presidente Gustavo Petro. El resto quedó como constancia para ser debatido a puerta cerrada por los coordinadores y ponentes.

Finalmente, los fondos los acabaron aprobando todos, excepto el artículo que creaba el Fondo para la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad), puesto que no estaba claro a qué se iban a destinar los recursos. Los que sí aprobaron fueron los artículos para crear el fondo cuenta del Ministerio de Deporte y el Fondo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ como un patrimonio autónomo, istrado por el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, las facultades extraordinarias no tuvieron la misma suerte. La mitad de ellas las tumbó el Congreso. Las comisiones económicas conjuntas le negaron al Presidente la posibilidad de crear un grupo empresarial del sector eléctrico con compañías como Electrohuila, Electrocaquetá y Cedelca, entre otras, debido a que se podría afectar la “descentralización”.

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“Se quiere despojar abiertamente y de manera descarada a 13 departamentos de Colombia de sus intereses territoriales. Esto es no tener 5 dedos de frente”, sentenció el senador Juan Felipe Lemos.

También le negaron la creación de dos agencias nacionales: una de Ciencia, Tecnología e Innovación y otra de Seguridad Digital y Asuntos Especiales. Este fue uno de los puntos más álgidos del debate puesto que varios congresistas criticaron la presencia de Saúl Kattan (presidente de la junta directiva de Ecopetrol y asesor de la presidencia) en el recinto para impulsar dicho artículo.

Detrás de este, según el senador Miguel Uribe, el Gobierno iba a poder utilizar la tecnología para poder intervenir nuestros datos únicamente con el pretexto de seguridad digital. “Tendrían la oportunidad de intervenir nuestras cuentas sociales, teléfonos y WhatsApp”, advirtió.

Los otros dos que se cayeron son el que buscaba que el Presidente pudiera redefinir las condiciones de reclusión de la población indígena y el que le permitía la reorganización de algunos fondos estatales.

De otro lado, aún siguen vivas otras 5 facultades. Se salvó la que le permitiría a Petro modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción y la que le confiere facultades para adquirir la infraestructura del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.

Igualmente, pasó la que le permite crear una entidad pública para fomentar el mejoramiento de los caminos vecinales, con la que puede fortalecer el Grupo Bicentenario y otra para el desarrollo del servicio nacional forestal. Estas se suman a la de regular los usos alternativos de la coca que se cayó antes.

Adicional a ello, están los 22 artículos que se eliminaron frente a la propuesta original del Gobierno. Aquí aparecen desde los que planteaban cambios de fondo al manejo de los recursos del sistema de salud hasta el que prohíbe la minería de carbón a cielo abierto.

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También se negaron otros artículos que habían generado fuerte discusión, como el que enviaba a la Policía Nacional al Ministerio de Justicia, sacándola de la órbita de la cartera de Defensa.

Lo que sí se aprobó y se tendrá que volver a discutir en las próximas semanas con las proposiciones recibidas es el ajuste automático de los avalúos de todos los predios del país, salvo aquellos actualizados durante los 5 últimos años.

También pasó la revisión técnico-mecánica de vehículos particulares nuevos, que sería obligatoria a partir del quinto año y no desde el sexto, como ocurre hoy en día, o el que habla de la enajenación de bienes inmuebles rurales en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Uno de los cambios más importantes que trae la hoja de ruta del gobierno Petro y que pasó es la creación de un nuevo sistema de transferencias para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. El artículo 55 crea un Registro Universal de Ingresos (RUI), que sería istrado por el Departamento Nacional de Planeación con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.

También quedó el artículo 88 del Plan en el que se señala que el subsidio en el costo de la energía para los habitantes de estrato 3 en todo el país se mantiene hasta el 30 de junio de 2027.