¿Se puede enredar la reforma de la salud de Petro por vicios de trámite?

El trámite de la reforma de la salud en el Congreso no luce sencillo. A los reparos que ya expresaron las principales fuerzas políticas, incluidos los partidos de la coalición de Gobierno, se suma una duda alrededor del curso legislativo.

Si bien el Ejecutivo insiste en darle carácter ordinario al proyecto, desde el Capitolio advierten que debe ser estatutario, pues se toca el derecho fundamental de la salud.

(Además: Reforma a la salud: las dudas sobre el trámite legislativo del polémico proyecto)

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se mantiene firme en cuanto al trámite que se planea adelantar en el Legislativo.

De hecho, este martes en la noche, publicó desde su cuenta de Twitter: “La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma de la Ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”.

La discusión no es de poca monta, porque de haber vicios de trámite la Corte Constitucional podría tumbar la iniciativa, si esta es aprobada y se realiza una eventual demanda ante el alto tribunal. Esto tendría un alto costo político para el presidente Gustavo Petro.

El Gobierno radicó el proyecto en la Cámara y se espera que la discusión se inicie en la Comisión VII de esa corporación, cuyo presidente es Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico.

(Lea también: Reforma de la salud: 25 congresistas advierten sobre posibles vicios de trámite)

De allí que varias voces le están pidiendo al Gobierno que evalúe bien su estrategia. Pero en la Casa de Nariño están tranquilos con el camino que se eligió. Así lo dejó claro la ministra de Salud, Carolina Corcho, en una entrevista con Caracol Radio. “Esta ley ordinaria se inspira en la ley estatutaria, la cita, pero no es una modificación de la estatutaria. Es una ley que reorganiza aspectos de prestación se servicio, de estructura del sistema. Es una ley ordinaria con toda la claridad porque eso fue consultado bastante”.

Y el mismo presidente Petro este martes en la noche, luego de su intervención en plaza pública para defender las reformas: "La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla".

Pero siguen las dudas, teniendo en cuenta que la Constitución Política, en su artículo 152, establece que los derechos fundamentales y deberes de las personas deben ser regulados a través de leyes estatutarias. Y la salud es un derecho fundamental, por lo que son varios los sectores que consideran que una cirugía como la que se está planteando debería tramitarse a través de una ley estatutaria.

Por eso son varias las voces que hacen un llamado a la Presidencia para evitar vicios de trámite. “Hagamos las cosas bien, demos el debate. Hay un consenso sobre que la reforma se necesita y hay que dar el debate, pero no lo hagamos a la carrera”, advirtió la representante por Alianza Verde (gobierno) Catherine Juvinao.

(Le puede interesar: Mafe Carrascal: 'La movilización popular siempre ha legitimado el cambio')

“Pretender discutir la reforma en las comisiones séptimas es violatorio de la carta política, lo que empieza mal termina mal, se debe discutir en comisiones primeras en sesiones ordinarias en el tiempo comprendido entre el 16 de marzo y el 20 de junio”, comentó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical (independiente).

De hecho, este martes 25 congresistas de varios partidos, muchos de la coalición de gobierno, les enviaron una carta a los presidentes del Congreso, Roy Barreras y David Racero, en la cual aseguran que “existen elementos más que suficientes para determinar” que “tendrá que ser tramitado como ley estatutaria (...) con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional”.

La discusión se da porque una ley ordinaria comienza su trámite en una de las siete comisiones de Senado o Cámara, mientras que una estatutaria debe pasar por las comisiones primeras, que trabajan asuntos de derechos y deberes.

(En contexto: Petro sobre reforma de la salud: 'No vamos a cerrar ningún hospital privado')

Si así hubiera sido, en las primeras, si bien el Gobierno tiene las mayorías, también tiene voces críticas. Y la oposición e independencia tienen voces muy importantes.

En ese sentido, esto implica un trámite más complejo, pues se debería tener mayoría absoluta, que es la mitad más uno de la corporación donde se lleve a cabo la discusión. Esto dificulta el debate, pues obligaría al Gobierno a asegurar las mayorías que, si bien las tiene, no siempre funcionan: el semestre pasado se le hundieron algunos artículos por un par de votos. Y ahora, de cara a la polarización que genera el proyecto, los apoyos podrían ser más esquivos. Hoy el Gobierno solo tiene seguros los votos del Pacto.

De otro lado, si se trata de una ley estatutaria, esta no podría ser debatida en las sesiones extraordinarias, como lo plantea el Gobierno, que espera expedir esta semana un decreto para que se inicie la discusión.

Uno de los casos más recientes fue cuando en abril del 2022 el alto tribunal tumbó el Código Electoral. Lo hizo porque se trataba de una ley estatutaria y lo tramitaron durante las sesiones extraordinarias. Se declaró “la inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso”.

(Siga leyendo: Petro vuelve al duro discurso de campaña para defender sus reformas)

Si el Gobierno no reserva su decisión, algo que no pasaría según Corcho, se espera que en marzo se inicie el primer debate en la comisión VII de Cámara; en abril, el debate en la plenaria y en mayo, el tercer y cuarto debate en el Senado.

Pero eso sí, para llegar hasta allá primero el Gobierno deberá alinear su bancada, situación que no parece fácil. Habrá que esperar qué decisiones toman los partidos Liberal, Conservador, ‘la U’ y la Alianza Verde, que estaban esperando la radicación del texto para tomar una postura, más allá de las dudas que han expresado previamente.

MATEO GARCÍA 

REDACCIÓN POLÍTICA