Falta liderazgo en Gobierno Petro en lucha anticorrupción: Transparencia por Colombia

A pesar de ser una de sus principales banderas en campaña, el presidente Gustavo Petro no tuvo el mejor de los resultados en su lucha contra la corrupción al cumplir dos años en el poder. Esto se evidencia en el ‘Balance de la acción pública del gobierno nacional en materia a dos de gestión', hecho por Transparencia por Colombia. En 48 páginas se hizo un recorrido sobre los éxitos y los aspectos pendientes de la actual istración en la lucha contra la corrupción.

Antes y durante la campaña, al ahora mandatario lo acompañó el sello anticorrupción. Estaba el antecedente de las denuncias en el Congreso del entonces candidato sobre la parapolítica, el carrusel de la contratación y otros temas que le daban este aval de lucha contra uno de los males que más aquejan al país en los últimos años.

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Sin embargo, al cumplirse dos años en el gobierno, la istración Petro no queda bien parada en este aspecto. Tal ha sido el impacto de varias polémicas que en las últimas encuestas se ha ubicado la corrupción como la cuarta preocupación para los colombianos, con un 15 por ciento. De igual manera, el 85 por ciento del país considera que ha empeorado la corrupción en el actual gobierno. Todos estos datos son de la última encuesta Invamer, hecha días antes del 7 de agosto.

La mala percepción quedó retratada en el informe de Transparencia por Colombia. El texto comienza con la conclusión general de que en estos dos años hay una “ausencia de una mirada sistemática de la corrupción y la falta de liderazgo claro desde la cabeza del gobierno para avanzar en la lucha contra la corrupción”. Y se hace la observación de que en el primer año se consideró como gran logro que en el plan nacional de desarrollo se incluyeron medidas para fortalecer la lucha anticorrupción. Sin embargo, un año después, no se ha hecho el desarrollo de estas políticas fijadas.

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Asimismo, se recordó que en vez de aminorar los escándalos de corrupción, que en ese momento hacían referencia a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, han aumentado con el escándalo de la UNGRD y otras polémicas: “Estos nuevos escándalos están alcanzados dimensiones tales que ponen en evidencia la magnitud de la corrupción, su actuación sistemática y la vulneración de derechos fundamentales a varios grupos poblacionales”.

En la actualidad, de acuerdo con lo recogido por el informe, el Ejecutivo enfrenta polémicas por posible corrupción en los temas de presunta financiación irregular de la campaña, en la que no solo sale el nombre de uno de los hijos del Presidente, Nicolás Petro, sino de varios cercanos: Ricardo Roa –presidente de Ecopetrol-, Armando Benedetti –embajador ante la FAO- y Laura Sarabia –directora del Dapre-. También están los temas de presunta firma irregular de contratos en el Ministerio del Deporte, los contratos del Fenoge a Euclides Torres y, siendo el más grande, el de la UNGRD.

En un primer diagnóstico meramente descriptivo, Transparencia por Colombia indicó que, si bien es cierto que hay herramientas para la lucha anticorrupción, “se observa un limitado desarrollo de capacidades institucionales para enfrentar la corrupción a nivel nacional, más aún en la cooperación internacional”. En este aspecto se llamó la atención en la falta de articulación de propuestas de cooperación interinstitucionales.

Aunque hay una retórica anticorrupción, “no se materializa en resultados suficientes”, explicó la organización no gubernamental, que luego pasó a describir el accionar anticorrupción del gobierno: “se ha caracterizado por ser más reactivo que preventivo”. A esto, de acuerdo con el informe, hay que sumarle la estigmatización a la sociedad civil y a los medios de comunicación que denuncian posibles irregularidades.

Más allá de esta caracterización, se pudieron identificar 57 acciones puntuales desde el Ejecutivo en la lucha anticorrupción. La mayoría han sido lideradas por Secretaría de Transparencia, la dependencia liderada por Andrés Idárraga, con 14. El Departamento de Planeación le sigue con 10 y Presidencia con 7. Hay otros sectores que también han colaborado a la cifra: Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de las TIC, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), entre otras.

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Del total, 15 de las acciones son totalmente enfocadas en la lucha anticorrupción, 23 son de gestión pública, 5 son relacionadas con integridad política y 14 son enfocadas en la transparencia de dos de las banderas del Ejecutivo: paz y preservación del medio ambiente. Además de identificarlas, se hizo una evaluación de cada una de ellas, midiendo su pertinencia, eficacia y sostenibilidad.

Con un escalafón de 0 a 2, las calificaciones del gobierno Petro por las medidas contra la corrupción son las siguientes: 1,57 en pertinencia, 1,28 en eficacia y 1,21 en sostenibilidad –que es su posible perduración en el tiempo-. Luego se caracterizó por cada enfoque.

En las estrategias enfocadas a las acciones anticorrupción son consideradas todas las actividades que pretenden “fortalecer las entidades encargadas de diseñar, implementar y evaluar las políticas anticorrupción”. Fue en este punto que se hizo mayor énfasis en la ausencia de una estrategia coordinada desde las distintas instancias del gobierno, sobre todo al señalar “que todas las entidades del país son corresponsables en la protección de los recursos públicos y en el cumplimiento de los fines del Estado”.

De las 15 acciones de enfoque totalmente anticorrupción, la mayoría se están ejecutando en el momento, solo tres están culminadas y cuatro en formulación. La calificación global es de 1,4 en pertinencia; 1,3 en eficacia; y 1,0 en sostenibilidad.

Una de las acciones más importantes enmarcadas en esta primera categoría fue la inclusión en el plan nacional de desarrollo del mandato para elaborar una propuesta de estrategia nacional de lucha anticorrupción a cargo de la Secretaría de Transparencia. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo se raja en este apartado: no hay avances, por lo que se saca cero en pertinencia y eficacia.

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“Luego de haberse cumplido el plazo dispuesto en el plan nacional de desarrollo, el Gobierno no ha cumplido con esta tarea y la propuesta de estrategia de la Secretaría de Transparencia que se presentó a consulta pública desconoce varios de los aportes del PND y no aborda, o aborda superficialmente, problemáticas clave para la lucha contra la corrupción en el país”, reza el informe.

En este sentido se hace énfasis en que el borrador presentado por Idárraga no responde a las necesidades de una instancia autónoma que coordine a nivel nacional con otras ramas la lucha anticorrupción, el fortalecimiento de la lucha anticorrupción en el Gobierno, la mitigación de la afectación de los derechos humanos por la corrupción y una mejora en los mecanismos para el seguimiento de los recursos en patrimonios autónomos.

En cambio, se destaca en este apartado que la Andje ha comenzado a enfocarse “en la reparación al daño causado por la corrupción en sus acciones de defensa”. Se celebró, de igual manera, la convocatoria de la comisión nacional de moralización, que celebró una sesión a comienzos de gobierno y de fue llamada en junio de 2024. Sin embargo, se recomendó que al menos sesione dos veces al año.

En este primer aspecto de análisis también se reseñó como logro la radicación del proyecto de ley que busca establecer medidas de protección a las personas naturales que denuncien actos de corrupción. “Contiene elementos clave para promover la denuncia en el país”, indicó Transparencia por Colombia.

En cuanto a Gestión pública, que busca es el fortalecimiento “de forma transversal de la gestión pública de las entidades del Estado”, se identificaron 23 acciones, que tuvieron una calificación global de 1,4 de pertinencia; 1,2 de eficacia; y 1,5 de sostenibilidad. De estas, ocho se han culminado, una está en formulación y el resto se encuentra en proceso de realización.

De todas, las que menor calificación sacan son las labores llevadas a cabo por la Presidencia y la Secretaría de Transparencia. La organización autora del informe llamó la atención en cuanto a que no se han llevado a cabo las “reformas estructurales necesarias para la modernización del Estado”.

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No obstante, se destacó el trabajo hecho por el Mintic para la promoción de datos públicos, sobre todo con la radicación del proyecto de ley de infraestructura de datos del Estado. En este mismo camino se resaltó la intención de aplicar un módulo de información presupuestal del sistema del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y la territorialización de la lucha anticorrupción pidiendo más tiempo para que la misión de descentralización presente proyectos en ese sentido.

El ítem de integridad política es al que mejor le va al Ejecutivo, con calificaciones de 1,6 en pertinencia y 1,8 en eficacia, según Transparencia por Colombia. No se incluyó en esta categoría el de sostenibilidad ya que muchas de estas propuestas fueron propias de la coyuntura.

Transparencia por Colombia destacó sobre todo los informes de seguimiento de las elecciones, la convocatoria pública para la Defensoría, la terna de mujeres para la Fiscalía y el pedido de un fiscal ad hoc para el caso Nicolás Petro. En cambio, fue ampliamente crítico del informe de inhabilidades que presentó la dependencia de Idárraga para los comicios de 2023. “No responden a las competencias y suscitó críticas por una posible intervención en política por parte del gobierno a partir de ese informe”, dijo la organización.

En cuanto a los temas de paz y ambientales, se hizo énfasis en que son áreas susceptibles a corrupción y fallas en estos apartados pueden terminar causando impedimentos para la concreción de la ‘paz total’.

El informe concluyó con unas sugerencias con miras a lo que queda del gobierno. En esta se hace un pedido para “el Presidente asuma el liderazgo anticorrupción de manera ética, coherente y determinada”. La petición incluye el llamado a que deje de estigmatizar a la prensa y a la sociedad civil que ejerce control sobre su mandato.

Otro de los puntos es que la lucha anticorrupción se haga de manera articulada, esto incluye “la colaboración armónica con otros poderes del Estado y la ejecución de acciones concretas desde el Ejecutivo”. De igual manera se solicitó una mayor acción desde la Secretaría liderada por Idárraga.