Reacciones políticas al llamado de independencia de la Rama Judicial

Luego de que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial exigiera respeto por la división de poderes y también calificara como positiva la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, el próximo 30 de enero diferentes sectores políticos reaccionaron a la declaración emitida.

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María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, la coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con el principio constitucional de la colaboración armónica de los pdoeres públicos "para lograr los fines esenciales del Estado y con fortalecer el Estado Social de Derecho".

"Parte de nuestro legado será restituir la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, que fue hecho trizas por la pasada istración. De especial importancia es que los jueces puedan istrar justicia, con autonomía e independencia. La Fiscalía y la Procuraduría deben comprometerse con garantizar estos principios esenciales de toda democracia", puntualizó la congresista y negociadora del Ejecutivo con el Eln.

En medio de lo que cataloga como una puja por los jóvenes procesados por la protesta social y las solicitudes de suspensión de las órdenes de captura, el senador de Alianza Verde Ariel Ávila manifestó que dicha disputa está a punto de convertirse en "un choque de trenes entre el Gobierno y la Rama Judicial".

"Esto es previo a esa reunión del presidente con el fiscal y es posible que este comunicado sea más un mensaje que una verdadera situación compleja, pero solo lo sabremos cuando se dé la reunión. Lo tercero, vienen temas complicados: el sometimiento a la justicia o la aceptación de la responsabilidad penal, viene el tema de humanización penitenciaria. Son proyectos de ley donde los jueces que están pidiendo mucha participación. Creo que también es un llamado a que se les tenga en cuenta", argumentó el legislador de los 'verdes', que hacen parte de la coalición de gobierno.

El Ejecutivo, según Ávila, en ocasiones emite mensajes que deberían "ser antes avisados internamente dentro del aparato estatal", en aras de la colaboración armónica e independencia de un estado democrático.

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"Al presidente Petro hay que recordarle que en Colombia existe una democracia, no una monarquía y, por ende, él no es el rey del país. Existen frenos y contrapesos, fundamentalmente soportados en la división de poderes", comentó al respecto el senador de Cambio Radical David Luna. 

El congresista del partido independiente hizo, además, énfasis en que la Rama Judicial es autónoma, así como lo son las cortes, los fiscales y los jueces. "Al presidente Petro hay que exigirle respeto por la autonomía", sentenció. 

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"La respuesta de la Rama es sintomática. Sintieron que estaban usurpándole, por parte del Ejecutivo y del presidente Gustavo Petro, facultades exclusivas de la Rama Judicial. La única forma de garantizar la libertad de los ciudadanos es con la separación de poderes. Respaldamos incondicionalmente las decisiones de jueces y magistrados que son parte de la institucionalidad y que no deben ser contaminadas por decisiones arbitrarias del Ejecutivo", expresó la senadora María Fernanda Cabal, del partido opositor Centro Democrático.

Para ella, se está descalificando la reunión del presidente Gustavo Petro y el fiscal general. "Por más que haya sido, de pronto, una actitud generosa del fiscal para lograr morigerar las diferencias, creo que la Corte está advirtiendo que, pase lo que pase, no van a ceder en las facultades constitucionales", opinó.

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Por parte de Cambio Radical, partido declarado como independiente, el senador Carlos Fernando Motoa respaldó el comunicado de la Comisión Interinstitucional, pues, para él, el comunicado es un "escrito fundamentado" que ratifica la advertencia de "interferencia del Ejecutivo sobra las otras ramas del poder público".

Motoa también agregó  que "se aleja el Gobierno del cumplimiento del estado de derecho de la carta política. Cada vez más, propende y trabaja como abogado de oficio de los delincuentes en el país".

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REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO