Los retos para un cese del fuego en el país

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que más de diez grupos armados ilegales se han sumado al llamado del Gobierno Nacional al cese del fuego. Aunque no se conoce la totalidad de la lista, se cuentan agrupaciones como el ‘Estado Mayor Central’, la ‘Segunda Marquetalia’, las Agc, varias ‘oficinas’ de ciudades, la autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras.

(Lea: Curiosa broma de Gustavo Petro sobre su apodo de 'Petrosky' en plena ceremonia)

“Cada grupo con su propia identidad y motivación está expresando su voluntad de ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer y no torturar, y vamos avanzando”, dijo Rueda. Además, fue enfático al señalar que esas estructuras ya se sumaron al cese del fuego. “Ya lo están haciendo”, dijo.

Luego del acogimiento de estos grupos armados ilegales al llamado del Gobierno, ahora se espera cuál será la respuesta institucional al respecto y cuáles serán las implicaciones a nivel político, militar y social.

(Le sugerimos: Ellos son los funcionarios que posesionó el presidente Petro este miércoles)

“Hay que esperar a ver cómo se van a reglamentar esos ceses del fuego porque eso tiene que tener unas delimitaciones geográficas, unas reglas, tiene que tener verificadores que escojan las dos partes”, explica Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.

Sin embargo, la gran duda para el analista es que la mayoría de ceses del fuego se han decretado desde grupos ilegales hacia agentes estatales. Pero ¿qué sucede en los territorios donde los grupos ilegales están en guerra entre ellos mismos o en contra de la población civil? Eso es precisamente lo que el Gobierno deberá entrar a delimitar.

Aún más cuando dichas confrontaciones producen diversas formas de victimización entre comunidades. “El cese del fuego deberá también incluir acciones ofensivas en contra de comunidades y el cese de actividades económicas como la extorsión”, dice Trejos.

Sumando solo los hombres que tendrían agrupaciones como el ‘Estado Mayor Central’, la ‘Segunda Marquetalia’ y las Agc, serían alrededor de 3.200 de grupos armados quienes estarían acallando sus armas.

“El resultado del cese armado se mide en la disminución de delitos asociados al accionar de los grupos armados y en la disminución de delitos de alto impacto. En pocos meses vamos a poder analizar si estos acercamientos realmente tienen algún ápice de éxito cuando veamos el aumento o la disminución de las cifras mencionadas”, señala Guillermo Henao, analista y estratega político.

Autoridades locales en regiones como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Santa Marta, por su parte, aún no han confirmado un alto el fuego o una disminución de delitos. No obstante, alcaldes han manifestado su apoyo ante la idea de llegar a acuerdos que permitan parar la violencia que azota las regiones.

El comisionado Danilo Rueda aclaró que esta es una fase inicial en la que “la oficina de Paz está explorando mecanismos jurídicos para permitir el tránsito de grupos armados al Estado derecho”.

Dicha tarea requerirá, por ejemplo, que el Gobierno Nacional se siente a crear una base legal y jurídica que permita el reintegro de actores ilegales a la civilidad, esto conllevará estrategias de sometimiento, negociaciones, entre otras.

“Ahí puede estar la clave para que un grupo armado se decida a no salir definitivamente de la ilegalidad. Lo que tenemos hoy es el inicio de un proceso de negociación que como noticia es interesante, pero como realidad aún le falta bastante”, concluye el analista Henao.

REDACCIÓN POLÍTICA