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Polémica por reconocimiento como gestores de paz a detenidos de la primera línea

Es un compromiso que ha asumido el Gobierno y la oposición cuestiona la decisión.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció este fin de semana sobre los jóvenes que están detenidos por cuenta de los desmanes protagonizados en la denominada protesta social que se dio el año pasado en el país y que generó pérdidas en vidas humanas, heridos y detenidos, así como daños a la infraestructura en algunas ciudades.
Desde Pasto, el jefe de Estado anunció que centenares de jóvenes detenidos por participar en la protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena.
Y esto de inmediato generó una intensa polémica. Fueron varios los sectores que salieron a plantear dudas y a cuestionar esa posibilidad.
Como primera medida, la idea es que estas personas, cuyo número no se ha estipulado aún, deberían estar libres antes de la Navidad.
De acuerdo con un balance que sacó la Fiscalía el pasado 3 de noviembre con referencia a la primera línea, “reporta 33 casos contra supuestos integrantes de ese grupo”.
Además señala que “se han imputado 168 personas y presentado 118 escritos de acusación. De los casos, cinco están en etapa de indagación, 16 en investigación, 10 en juicio, uno en terminación anticipada y un caso en ejecución de penas, este último se encuentra inactivo”.
Para comenzar hay que señalar que la idea de Petro de dejar libres a estos jóvenes no es nueva y no es la primera vez que la aborda. Incluso durante la campaña trató el tema y en su discurso de proclamación del triunfo, en Bogotá, le solicitó al Fiscal que “libere a nuestra juventud”, que “liberen a los jóvenes”.
“Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general”, le respondió el fiscal Francisco Barbosa en una entrevista publicada por EL TIEMPO.
Pero Petro no se quedó en esto, sino que ha sido insistente en la liberación de estos jóvenes, señalados de delitos como daño en bien ajeno, incluso de concierto para delinquir.
Por ejemplo, Pastor González (alias 19) junto a Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez fueron declarados responsables judicialmente de los delitos de tortura y concierto para delinquir.
Es así como incluso en el trámite del proyecto de modificación de la Ley 418, aprobado hace unas semanas en el Congreso, se alcanzó a incluir en la ponencia que el jefe de Estado podría indultar a esos jóvenes. Tras la polémica, en el Congreso decidieron hundir esa iniciativa.
Y cuando el tema parecía que ya estaba agotado, este sábado, desde Pasto, el presidente Petro sorprendió con el anuncio.
Sobre este asunto, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, señaló que el tema de la juventud es muy delicado. Recordó que su partido se ha opuesto al beneficio de impunidad total a quienes cometieron graves delitos. Uribe dijo que es necesario diferenciar entre el joven que delinque y el joven inconforme.

¿Qué viene?

Esto no es algo improvisado y lo que EL TIEMPO conoció es que ya hay una conversación avanzada con algunos de ellos.
“No es un indulto generalizado, no todos van a salir y los que salgan tendrán que hacer gestiones de paz en el marco de la justicia restaurativa. Habrá compromisos que se revisarán, que sí cumplan con ser gestores de paz”, dijo una fuente de la Casa de Nariño.
“Lo que uno entiende es que muchos jóvenes salieron durante el paro a protestar y somos absolutamente respetuosos del derecho a la protesta, pero también muchos salieron a delinquir y esos son los que están detenidos”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó que ese asunto se va a estudiar a la luz de la Ley 418, que habilita al Presidente para la toma de estas decisiones, y dijo que no todos los encarcelados serán tenidos en cuenta para ser gestores de paz, sino que se hará una revisión de ciertos casos. Anunció que se han identificado 230 casos.
El funcionario anunció que ya se viene trabajando en las disposiciones y en un marco reglamentario de esta iniciativa con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y otras autoridades judiciales y de derechos humanos.
Pero el excandidato presidencial Federico Gutiérrez planteó: “Queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como ‘gestores de paz’ a de primera línea que hoy están en la cárcel (no por protestar, sino por generar terror). Les dará libertad”.
Sin embargo, Prada aclaró que no existe amnistía, ni indulto ni perdón judicial, sino que se trata de “una figura transitoria que va a permitir utilizar de la mejor manera a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”.Dijo que el asunto se regirá por un decreto reglamentario.
El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, al referirse a este asunto insistió en que “es potestad” de los gobiernos en el marco de diálogos de paz “otorgar esa condición de gestores de paz” para que puedan participar en mesas de diálogo.
“Algunos tienen hoy una condición de imputación de delitos. Es un asunto que revisará la Oficina Jurídica de Palacio, pero el Gobierno sí puede declarar los gestores de paz”, dijo Barreras.
Destacó que podrán trabajar en diálogos regionales, construcción de paz y en diálogos con las organizaciones juveniles, entre otros.

Precedente nefasto

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, aseguró que se utilizará un precedente nefasto que se usó para lograr la liberación de alias Violeta, y es que mediante una resolución del Presidente de la República se les designa como gestores y por esa vía, sin que pase por un juez, se logra la liberación.
“Por la vía que hicieron la liberación de alias Violeta, pareciera que no hay una limitación respecto de los delitos, y aunque teóricamente esas resoluciones se pueden atacar en una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, pueden pasar 3 años en que eso se debata”, dijo Bernate.
“En mi criterio, no es posible jurídicamente que una resolución de un Presidente tenga la fuerza para desconocer fallos judiciales, si están presos por una decisión de un juez, solo pueden ser liberados por una decisión de un juez. Estas resoluciones son novedosas, lo que se hacía antes era un indulto o una amnistía, pero no una resolución”, señaló.
Por todo esto, desde el Gobierno fueron claros en señalar que cualquiera sea la figura que se utilice jurídicamente, no se suspenden los procesos judiciales que deben terminar en manos de los jueces con una sentencia para cada caso. El énfasis es que esto no se trata de impunidad.
De todas maneras, la filigrana jurídica para abordar este tema comenzará a dilucidarse en la mañana de hoy en una reunión en la que estarán, entre otros, el presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna.
REDACCIONES POLÍTICA Y JUSTICIA

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