Este es el informe de delegada de ONU sobre implementación de acuerdo de paz

Antonia Urrejola, delegada por la oficina de Derechos Humanos de la ONU para investigar el caso Jesús Santrich y la situación del acuerdo de paz, presentó el informe preliminar con el que dio cuenta de lo ocurrido con este caso emblemático y sus impactos . Además, hizo un análisis de la implementación en global. 

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En todo momento Urrejola dejó claro que este resultado es preliminar y que en marzo de 2024 presentará un informe final en el que ahondará en las conclusiones presentadas. Asimismo, señaló que recibió un mandato del Consejo de Derechos Humanos que le pidió “verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz”, sobre todo lo relacionado con la situación de Jesús Santrich.

Luego de hacer un breve resumen del choque de competencias que hubo en el caso en varias ocasiones y cómo este se fue dando en la vía judicial, aclaró que no se trata de una investigación judicial para determinar posibles responsabilidades penales, sino un análisis de lo ocurrido y sus afectaciones a la implementación.

“Me limitaré a presentar unas observaciones preliminares sobre algunos obstáculos a la implementación del acuerdo que he podido identificar y que requieren atención prioritaria”, dijo Urrejola, que dividió en siete puntos sus hallazgos.

En primer lugar, apuntó a que desde el comienzo hubo un contexto poco favorable frente a la aplicación del acuerdo. “No cabe duda, y los colombianos y colombianas lo conocen mejor que yo, que en torno a la firma del acuerdo de paz existió un enorme debate”, declaró la enviada especial, que hizo énfasis en que entidades como la Fiscalía pusieron en duda las competencias de la JEP.

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De acuerdo con Urrejola, todo este debate devino en “el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional”. Su mayor expresión fue el caso Santrich. A esto se agregó que hubo una estigmatización a los líderes firmantes y creó todo un “manto de duda” en el proceso y sus instituciones.

Otro punto que resalta la experta es que siguió la violencia en el país, en gran medida a las dificultades para ocupar los territorios que dejó a su salida las extintas Farc. Este sería uno de las grandes limitantes de la implementación.

“Es urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el acuerdo, sesione de manera regular, sobre todo, con la participación de quienes pueden tomar decisiones, dado que la política de desmantelamiento de organizaciones criminales recién aprobada el pasado mes de septiembre requiere de un riguroso seguimiento”, declaró Urrejola.

Otro de los apartados que se señaló en el informe previo fue las violaciones a la vida e integridad de los firmantes del acuerdo. De acuerdo con cifras de la ONU, con corte a septiembre de 2023, han asesinado a 394 firmantes. No solo es la cifra de homicidios, dicen, sino que se advirtió que es “una impunidad estructural, frente a los perpetradores y en particular los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos”-

“La responsabilidad de prevenir la ocurrencia del riesgo y proteger a las personas firmantes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales y no es una responsabilidad exclusiva de la UNP. De forma conjunta con las fuerzas militares y policiales, las entidades competentes y los firmantes del acuerdo de paz, se deben crear planes y acciones preventivas y no solamente reactivas”, dice el informe.

En este mismo documento preliminar se habla puntualmente de la falta de seguridad jurídica para los comparecientes ante la JEP. Varios siguen con procesos en su contra por delitos que supuestamente fueron amnistiados en la vía istrativa. “El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado”, dice el informe, en el que se añade que varios firmantes no saben su situación jurídica y por eso no han podido acceder a las garantías del acuerdo, como servicios y empleos.

El quinto problema que encontró María Antonia Urrejola fue la falta de coordinación institucional entre las entidades participes de la implementación: “Es sumamente importante que exista una estrategia de coordinación entre las instituciones estatales a nivel nacional y las gobernaciones y alcaldías que resultaron elegidas en las elecciones regionales del pasado mes de octubre”.

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En ese sentido se pidió una instancia única estatal que lidere la implementación y que articule el diálogo con las distintas instancias. “Los problemas de descoordinación, algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de un liderazgo aglutinador y del más alto nivel, dificultan la implementación efectiva del acuerdo de paz”, dice el informe.

En el sexto punto se destacó lo que hizo la Comisión de la Verdad en el esclarecimiento del conflicto, por lo que se pidió recursos al comité de seguimiento y monitoreo para la aplicación de las recomendaciones de este ente.

Por último, se habló del rezago en la aplicación de los capítulos étnico y al de enfoque de género. “Como he indicado anteriormente, el acuerdo de paz no busca solamente poner fin a un conflicto armado de más de 50 años sino abordar las causas estructurales de injusticias, exclusión y discriminación. Desde esta perspectiva, para poder efectivamente transformar la realidad de los territorios y de tantos colombianos y colombianas, el capítulo étnico y las disposiciones de género son elementos esenciales precisamente para lograr dichas transformaciones”, señaló la experta.

Al final, en las conclusiones, Urrejola destacó el compromiso con la paz de la mayoría de los firmantes y celebró que el actual gobierno ha tenido una voluntad de “implementar el acuerdo” al reactivar instancias que habían sido pausadas durantes la istración Duque.