Designación de 'exparas' como gestores desata controversia y genera más dudas en la 'paz total'

El presidente Gustavo Petro ha dado un nuevo y controvertido paso en su propósito de, en sus palabras, darle un “cierre definitivo” al proceso de Justicia y Paz al designar a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –incluidos ‘don Berna’ y ‘Cuco Vanoy’, capos del narcotráfico que siguen cumpliendo condenas en Estados Unidos y que se han negado a cumplir sus compromisos de verdad, justicia y reparación– como gestores de paz.

Con esta decisión, que abrió un intenso debate debido a que no es claro cuál sería el aporte a la reparación de las víctimas y a que podría traer beneficios para varios de los autores de las peores masacres en la historia reciente del país, se podría dar inicio a la décima mesa de la ‘paz total’, una política que tras dos años del actual gobierno sigue estancada.

La publicación de la Resolución la 453 de 2024 generó críticas de víctimas, defensores de derechos humanos y exnegociadores de paz. Y coincidió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la negativa de libertad que ya habían tomado los jueces en el caso del primer nombramiento como gestor de paz de Salvatore Mancuso Gómez. Mancuso quedó libre hace varios meses porque Justicia y Paz consideró que ya había cumplido la pena alternativa, pero la solicitud elevada antes por el gobierno Petro seguía su curso judicial.

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La Corte consideró, en un pronunciamiento que muchos consideran aplicable hacia futuro, que se buscaba otorgar un beneficio ilimitado (su liberación), “sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado”. “En la resolución en comento no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación (en la nueva, ese lapso quedó en seis meses), lo cual es inisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas. Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación”, afirmó la Sala Penal de la Corte en su pronunciamiento.

Una crítica similar lanzó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien afirmó que estas designaciones envían un mal mensaje tanto para las víctimas como para quienes cometen graves delitos. Además, cuestionó que las funciones que los exparamilitares van a desarrollar no sean claras e hizo una pregunta crucial: “¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz?”.

Sin responder el interrogante que lanzó la funcionaria que él mismo ternó, el presidente Gustavo Petro se pronunció en X. El jefe de Estado señaló que estas designaciones tienen como propósito conocer “toda la verdad sobre el paramilitarismo” en Colombia y que no contemplan ningún beneficio jurídico –aunque en la Resolución 453 se indica que la oficina del comisionado de paz podrá solicitar a las autoridades penitenciarias “las medidas necesarias” para ejercer su función–.

“Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes en el paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el gobierno Uribe. En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso se perdieron muchos inmuebles, y aún faltan espacios de verdad”, dijo Petro el viernes.

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Si bien el jefe de Estado ha sido reiterativo en que reabre este proceso en busca de verdad –así lo afirmó el pasado 3 de octubre durante la entrega de 8.000 hectáreas de tierras que estuvieron en manos de estos jefes criminales–, con el paso de los días las dudas se acrecientan. ¿Cómo funcionará la mesa que se pretende instalar? ¿Los exparamilitares presos en Colombia saldrán de la cárcel? ¿Tendrán algún papel en los acercamientos con el ‘clan del Golfo’ u otros grupos con de las AUC? ¿Se usará políticamente?

Estas preguntas siguen sin respuesta y todo parece indicar que, como ha sido una constante en la política insignia de esta istración, se irán resolviendo con mayor o menor polémica sobre la marcha. Sin embargo, para varios analistas este asunto debe manejarse con absoluta transparencia y con límites claros.

“No pueden pasar los seis meses sin conocer indicadores, sin que haya una hoja de ruta clara porque en ese punto dependerá totalmente del compromiso de los actores en el proceso y de hasta dónde quieran llegar. Eso no aporta claridad”, señaló Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Afirma, no obstante, que puede ser un esfuerzo valioso si aquellos que fueron expulsados de Justicia y Paz ahora sí les cumplen a las víctimas.

No obstante, para Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, decir que el proceso con las AUC no está cerrado es una apuesta muy riesgosa y crea confusión en las víctimas. “Porque integra en un mismo listado a excomandantes que le cumplieron al proceso, se desmovilizaron y apostaron a la paz, con otros que nunca se desmovilizaron y siguieron delinquiendo”, manifestó el analista.

En medio de estos interrogantes, surge la duda sobre qué busca el jefe de Estado en un momento en el que su política de paz no pasa por el mejor momento. Con el congelamiento de la mesa con el ELN, los pocos avances en los procesos con las disidencias de ‘Calarcá’ y la ‘Segunda Marquetalia’, la incertidumbre que reina en los espacios de paz urbana, el Gobierno se aferra a lograr un acuerdo con los Comuneros del Sur para dejar algo que mostrar en términos de paz. Sin embargo, hay quienes creen que con esta idea también busca mostrar algo.

“Es una decisión inoportuna, a pocos meses del inicio de la campaña presidencial. Lo que no debería pasar es que los aportes a la verdad de estos excomandantes paramilitares se conviertan en medios para interferir en política, en lugar de fortalecer la garantía de derechos de las víctimas y de la sociedad”, añadió Arias. Además, no hay claridad en quién será el encargado de verificar los testimonios que eventualmente entreguen los exparas o si estas “verdades” ya fueron dichas previamente en Justicia y Paz. “No quedan para nada claras las capacidades de la Oficina del Comisionado Consejero de Paz para hacer seguimiento”, concluyó Arias.

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Esta figura, que se creó en la Ley 418 de 1997, cobró especial relevancia en la década del 2000 cuando en el gobierno del expresidente Uribe –quien cuestionó que detrás del nombramiento de Mancuso como gestor hubiera supuestos intereses políticos en su contra– se le otorgó a jefes de las Farc como alias Karina o Rodrigo Granda.

Durante el gobierno del presidente Petro, las designaciones han estado rodeadas de polémica porque a través de ellas se intentó liberar a de la primera línea que estaban encarcelados. Además, con una resolución similar a la publicada esta semana, cuatro de las disidencias de ‘Calarcá’ capturados en vías de Antioquia mientras se desplazaban en una camioneta de la UNP terminaron libres.

No hay que olvidar que en términos jurídicos, esta figura aplica, según la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016, para integrantes activos de grupos armados organizados al margen de la ley que puedan contribuir a implementar acuerdos. De ahí que surja otro interrogante: ¿A qué grupos armados representan estos antiguos señores de la guerra?

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“No se entiende qué papel de gestores pueden jugar personas que lideraban una organización armada ilegal que desapareció en el 2006 y que hoy no tiene ningún liderazgo o incidencia sobre los grupos que sucedieron a las AUC”, señaló el experto en conflictos y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejo. También queda en el aire la pregunta de si el jefe de Estado insistirá en medidas similares con de otros grupos armados ya desmovilizados.

Otro factor de análisis será la postura que tome Estados Unidos, país en el que pagan condenas capos como ‘Vanoy’ y ‘don Berna’ (Ver gráfico). A la fecha, el único pronunciamiento llegó por parte del Departamento de Estado. “(...) Creemos que se debe proteger el derecho a la justicia de las víctimas y que cualquier acuerdo debe cumplir con el derecho internacional humanitario y mejorar la protección de los civiles”, le dijo un portavoz de esa dependencia al corresponsal de este diario en Washington.

La designación del Gobierno suscitó opiniones divididas en las organizaciones de víctimas. Mientras unas ven con esperanza esta medida, otros condenan este reconocimiento a quienes en su momento fueron los autores de todo tipo de violaciones a los derechos humanos. “Yo pienso que es una burla para nosotras las víctimas. Para el presidente Petro lo malo es bueno. Para nosotros es una burla porque ni siquiera nos han indemnizado”, dijo Rosa Nidia Quintero, víctima de Mancuso.

Una visión similar tiene Melba Mieles Ramírez, a quien ‘Jorge 40’ le mató sus padres en julio de 1999 en El Copey, Cesar. “Al Estado colombiano le digo que el olvido no es el camino a la paz. Exijo justicia y no más impunidad para los paramilitares, que ellos reconozcan y pidan perdón por sus crímenes. Solo así podremos avanzar hacia la reconciliación, la paz y la justicia”, manifestó.

Finalmente, Alfonso Castillo, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, expresó que “es una acción compleja que, si no contribuye al esclarecimiento de los hechos de los que fueron sus principales autores, termina revictimizando a un amplio espectro de la sociedad colombiana, afectada por el accionar criminal de estos jefes paramilitares”.

CAMILO CASTILLO

Redacción Política