Iván Cepeda radicó proyecto para sancionar a quienes obstaculicen procesos de paz

El senador Iván Cepeda Castro radicó un proyecto de ley para sancionar a quienes obstaculicen procesos de paz en el país, especialmente cuando se trata de altos funcionarios públicos.

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La iniciativa lleva busca establecer un nuevo delito denominado "Obstrucción a la paz" realizando ajustes al Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

"Esta iniciativa tipifica los crímenes contra la paz, que son aquellos que cometen quienes obstruyen, restringen, limitan de manera dolosa un proceso de paz en cualquiera de sus estadios”, aseguró Cepeda.

De esta manera, se busca que quienes cometan asesinatos de firmantes de paz, o quienes a través de acciones delictivas intenten frustrar los procesos de paz tengan que afrontar una responsabilidad penal. Además, contempla agravantes cuando la conducta es cometida por servidores públicos de alto nivel en el Estado.

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"También busca sancionar a quienes intenten desviar o sustraer fondos públicos destinados a la paz o promover actos de corrupción", agregó el senador del Pacto Histórico.

El proyecto ya tiene un antecedente el año pasado cuando el mismo Cepeda presentó el proyecto 314 de 2022, el cual no fue discutido y quedó archivado. La propuesta recientemente radicada incorpora nuevos elementos en su articulado.

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"Da cuenta de los desafíos que ha tenido que enfrentar el Acuerdo Final de Paz, desde las interceptaciones ilegales al equipo negociador del Gobierno, pasando por los ataques a las Jurisdicción Especial para la Paz, el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos, liderazgos sociales y firmantes de paz, masacres y desplazamientos forzados en el país, las afectaciones a niñas, niños y jóvenes que ha sido víctimas en el conflicto, hasta los rezagos en su implementación", sentencia el comunicado del senador.

Adicionalmente, el proyecto pretende reconocer los efectos de los conflictos armados en las mujeres, en especial, quienes sean excombatientes, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales. Las penas se agravarían cuando si se causa la muerte o lesiones personales a esta población.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA