¿Cuántos servicios de salud se cerraron el año pasado en Colombia? Cifra alerta por la grave situación del sistema

Las deudas que aquejan al sistema de salud ya se están traduciendo en impactos visibles sobre los pacientes. Hace dos semanas miles de personas tenían que enfrentarse a extensas filas para poder acceder a sus medicamentos mientras los gestores farmacéuticos no tenían capacidad de dispensación. Y esta semana, con apenas tres días de diferencia, las clínicas del Occidente y la Ciudad Roma, en Bogotá, anunciaron el cierre de servicios neonatales y de urgencias -respectivamente-, ambas aduciendo deudas y falta de pagos.

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Esta realidad no es nueva, y el año pasado se evidenció en el elevado cierre de servicios en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), es decir los hospitales y clínicas del sistema. Según datos del ‘Informe de novedades REPS 2024’, elaborado por la Unión de IPS (Unips), el año pasado se registaron 14.530 cierres temporales y 4.628 cierres definitivos de servicios en el país.

Un servicio se refiere a la oferta que realiza una IPS de algún tipo específico de atención, es decir, de fisioterapia o de ginecoobstetricia. En algunos casos, cada servicio puede reflejarse en cama como en las hospitalizaciones y en otros en oportunidades de , como las consultas de psicología. Y si bien, de acuerdo con datos del informe, en 2024 se aperturaron 9.109 servicios, esto aún deja un déficit de más de 10.000 servicios que no estarán disponibles sea de manera temporal o permanente.

Según expertos, y la propia Unips, es evidente que esta problemática surge a partir de la falta de recursos y grave crisis financiera que atraviesa el sistema. De acuerdo con Cristina Isaza, directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, lo que se está viendo con el cierre cada vez más frecuente de servicios y unidades de salud muestra el colapso inminente del sistema “como un dominó, donde una ficha cae tras otra”.

Para la experta, mientras las EPS, con déficit, tienen grandes deudas con las IPS, estas últimas no pueden seguir operando, dejando a los pacientes desprotegidos. Todo, en su concepto, debido al desfinanciamiento del sistema, a una UPC insuficiente y a la “negligencia y falta de liderazgo positivo y técnico” del Gobierno Nacional.

“Como promotora de la participación ciudadana planteo que al no haber disposición del Gobierno debería hacerse un gran ‘Pacto por la salud’, que incluya mesas técnicas regionales lideradas por gobernadores y alcaldes y que tenga la participación de los actores del sistema. El objetivo debe ser mitigar daños y darnos tiempo. Podría estudiarse el uso de regalías, obras por impuestos, reasignar algunos presupuestos municipales, ayudarnos con alianzas público -privadas e incluso que la ciudadanía participe con un crowdfunding”, señala Isaza.

Por su parte, el investigador y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, advierte que es posible que sigamos viendo más cierres de unidades durante las próximas semanas o meses, a menos que el Gobierno decida tomar medidas urgentes para hacerle frente a la falta de recursos que atraviesa actualmente el sistema.

“Mientras persistan las causas estructurales -como la falta de liquidez, los retrasos en los giros, el aumento de los costos operativos y la incertidumbre frente a la implementación de una eventual reforma-, el cierre de unidades puede continuar e incluso acelerarse. Sin un plan de contingencia inmediato, existe el riesgo real de que se profundicen las desigualdades territoriales en salud y se debilite aún más la red pública, especialmente en zonas rurales y dispersas”, destaca Hernández.

En su concepto, el Gobierno debe actuar desde tres frentes: el primero es garantizar el flujo oportuno y transparente de los recursos, para asegurar que los prestadores puedan seguir operando sin interrupciones. El segundo, reforzando la red pública y privada hospitalaria y protegiendo al talento humano en salud, especialmente en regiones donde cerrar una unidad significa dejar a una población entera sin atención. Y el tercero, liderando una transición ordenada, técnica y consensuada en el marco de cualquier reforma, sin que eso implique desatender la garantía inmediata del derecho a la salud y la continuidad de los servicios.

Sin embargo, para el exministro de Salud y director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, aunque el Gobierno Nacional debe cumplir con lo Autos de la Corte Constitucional que ordenan revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema, lo cierto es que en su concepto hasta ahora se “ha tratado de eludir” esa ordenanza.

“Es muy posible que sigamos viendo cierres de servicios médicos por esta falta de financiación si el Gobierno no cumple con lo ordenado en el Auto 007 de 2025 para una adecuada financiación de la UPC en este año. Y si adicional a eso el cumplimiento sigue siendo parcial en el acuerdo correspondiente de la Corte relacionado con los Presupuestos Máximos, pues seguiremos con esta situación desafortunada de cierre de servicios”, advierte Galán. 

Entre tanto, la Supersalud ordenó auditorías a IPS que han anunciado cierres en Bogotá y Cali.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros