¿Qué está pasando con la crisis de medicamentos? Abecé para entender la situación que pone miles de vidas en riesgo

Un paciente trasplantado debe tomar obligatoriamente medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano recibido. Algunos diabéticos, por otro lado, necesitan entre 2 y 4 inyecciones diarias de insulina para mantener sus niveles de glucosa bajo control. Para quienes padecen enfermedades huérfanas, acceder a su tratamiento -costoso y difícil de conseguir por vías comerciales- puede marcar la diferencia entre sufrir síntomas y dolores indescriptibles o mantener su enfermedad controlada. Hoy, la vida de estas personas está en riesgo debido a la crisis en el a medicamentos que afecta al país desde hace varias semanas.

La problemática enfrenta al Gobierno y a los gestores farmacéuticos, mientras los pacientes quedan en medio, a la espera de una solución urgente. Según el presidente Gustavo Petro, la crisis se debe al acaparamiento de fármacos por parte de actores privados. Los gestores, en cambio, aseguran que el problema radica en deudas impagas y una cartera vencida que impide seguir dispensando medicamentos a través del canal institucional.

Para entender la crisis actual del sistema, es clave conocer cómo funciona la venta y dispensación de medicamentos en el país. En Colombia existen dos canales: el institucional, a través del cual los pacientes reciben los medicamentos recetados por su EPS, y el comercial, que corresponde a la venta directa en farmacias y droguerías. Según expertos, el problema radica en deudas impagas de las EPS con los gestores farmacéuticos, lo que ha impedido que estos últimos reabastezcan sus inventarios y, en algunos casos, entreguen los medicamentos.

A esto se suman, en menor medida, otros factores, como problemas en la cadena global de abastecimiento, que afectan a varios países; demoras en la regulación y aprobación de registros y licencias por parte del Invima, que actualmente tiene 14.000 procesos represados; y un aumento en la demanda de ciertos medicamentos específicos tras la pandemia.

Según explicó a EL TIEMPO Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), actualmente no hay una crisis de escasez o desabastecimiento de medicamentos en el país, de acuerdo con datos del Invima. Sin embargo, no se han girado los recursos para pagar los fármacos de años anteriores, lo que impide reabastecer las bodegas del canal institucional. En contraste, en el canal comercial sí hay disponibilidad, ya que el flujo de recursos es casi inmediato.

Un factor que agrava la situación es que, por ley, los gestores farmacéuticos (como Cruz Verde, Audifarma y Éticos, entre otros) no pueden distribuir en el canal institucional los medicamentos adquiridos para el canal comercial, según lo establecido en el decreto 677 de 1995. Esto significa que, aunque un gestor tenga inventario en el canal comercial, no puede destinarlo al institucional y viceversa, porque se arriesga a sanciones y multas. Esta norma busca evitar que los recursos del canal institucional se usen para vender medicamentos en el canal comercial.

No obstante, el gobierno del presidente Gustavo Petro plantea una versión distinta. Según el mandatario, el sector farmacéutico está acaparando los medicamentos y no los está entregando a los pacientes a través del canal institucional.

“Debo hacer una advertencia pública. No es una amenaza, sino certeza: no permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos, que han monopolizado el mercado de las medicinas y elevado artificialmente los precios, acaparen los medicamentos para sabotear las políticas de salud pública. El acaparamiento va contra la ley. Es criminal porque asesina. Si acaparan, iremos por los medicamentos. Llegó el momento de democratizar los gestores de la salud”, señaló el mandatario en una publicación antes de pedirle a la Supersalud que actuara.

Si bien la Superintendencia de Salud aclaró que no tiene la facultad istrativa para intervenir un gestor farmacéutico, como ya lo ha hecho con nueve EPS, sí puede ejercer inspección y vigilancia sobre estos actores, además de imponer sanciones istrativas. Estas pueden ser de tipo sancionatorio, como multas, o preventivo, como medidas cautelares. Fue mediante una de estas medidas que se realizó una auditoría al Centro de Distribución Aurora, la bodega de Audifarma en Funza (Cundinamarca). Este centro, de más de 14.000 metros cuadrados y de talla internacional, es uno de los más grandes de América Latina y el único en la región que permite el alistamiento y almacenamiento de medicamentos en un solo lugar.

A raíz de dicha auditoría, el presidente Petro afirmó la semana pasada que se habían encontrado “113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma” y que estas fueron supuestamente descubiertas por el Gobierno. “Estas son las 113.000 dosis de insulina acaparadas en Audifarma y descubiertas por mi gobierno. Sé a lo que me arriesgo cuando me acerco a gente muy favorecida en alguna justicia no independiente cuando hay gente con dinero. Pero debo decir la verdad: son unos cochinos asesinos”, señaló Petro.

Esa auditoría también llevó al Ministerio de Salud, a través de su Dirección Jurídica, a denunciar penalmente a los directivos y al representante legal de Audifarma por el supuesto “acaparamiento” de medicamentos. Según la Dirección Jurídica, “la retención de los medicamentos hallados genera un grave impacto en la salud pública, ya que son tratamientos indispensables para enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemias, convulsiones y trastornos endocrinos”.

Además, las decisiones del Gobierno generaron inseguridad entre las aseguradoras, que ya salieron a alertar que podrían ser liquidadas, como el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo ha pedido que se haga en caso de no aprobarse la reforma. De acuerdo con Ana María Vesga, presidenta de Acemi, en declaraciones a La FM, el Gobierno no quiere entrar en una conversación técnica y podría utilizar el argumento de la falta de pagos a los gestores farmacéuticos para tomar la decisión de liquidar las nueve EPS que actualmente están intervenidas, que son las que no cumplen de plano con los requisitos financieros para operar.

Vesga resaltó que el Gobierno ha presentado cifras irreales en sus argumentaciones: “Hay un desconocimiento total del funcionamiento mismo del sistema, tantas cifras que no son ciertas, tantas afirmaciones sin sustento técnico y tantos errores, que uno se sorprende, porque finalmente son decisiones sobre la vida de las personas”.

Pero, ¿qué tan cierto es que hay acaparamiento, como afirma el Gobierno, o que existen deudas, como señalan los gestores farmacéuticos? El Ministerio de Salud aseguró que sí ha cumplido con los pagos para garantizar la distribución de medicamentos y que, en los últimos cinco meses, ha girado más de 1,6 billones de pesos a las principales empresas encargadas de su entrega. Es importante señalar que cinco gestores farmacéuticos manejan el 80 por ciento del abastecimiento de medicamentos en el país: Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam. Además, es necesario aclarar que el sistema de salud le cuesta al país cerca de 100 billones de pesos al año, y de ellos cerca de 20 billones de pesos se van en dispensación de fármacos, según datos de Fenalco y la Supersalud.

Es decir, con 1,6 billones de pesos solo alcanzaría para la dispensación de un mes de medicamentos, y ese monto es lo que se ha girado en los últimos cinco meses, según el Ministerio de Salud. Adicionalmente, es importante considerar las deudas acumuladas en el sistema, que los gestores farmacéuticos han denunciado desde hace años y que, según ellos, se han agravado en este Gobierno. De acuerdo con el Sector de Gestores Farmacéuticos de Fenalco, que representa al gremio, actualmente el Gobierno Nacional tiene una deuda de 4,4 billones de pesos con el sector, lo que genera “intermitencias en el abastecimiento”. Dichas deudas han incrementado exponencialmente, pues en 2023 la deuda era de $ 2,9 billones y en 2022 ascendía a $ 1,9 billones.

En ese sentido, el investigador de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de Harvard y profesor de Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes, Jonatthan García Ruiz, explica que algunas afirmaciones en el debate público no corresponden con la realidad. Según él, no hay un acaparamiento general de medicamentos, como se ha afirmado en algunos casos, sino un problema de y escasez localizada que afecta a ciertos fármacos por razones operativas y financieras.

“Me parece exagerada la narrativa del Gobierno sobre un plan coordinado por parte de gestores farmacéuticos y EPS para frenar el a medicamentos con el objetivo de desestabilizar al Presidente o bloquear sus reformas. Esta interpretación política de un problema que es fundamentalmente operativo y financiero no contribuye a encontrar soluciones. Estamos ante un asunto práctico del sistema de salud, no ante una campaña de desprestigio como, desafortunadamente, lo ha sugerido el presidente Petro en sus declaraciones públicas”, señala García.

La situación actual, para el experto, presenta desafíos que se agravarían si no se toman medidas urgentes. En su concepto, el panorama es preocupante porque no se avizora una solución inmediata ante la falta de flujo de recursos y, frente a dicha realidad, los prestadores y gestores farmacéuticos se vuelven más cautelosos, evitando ofrecer servicios a crédito y priorizando la recuperación de cartera, lo que puede afectar la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.

Pero más allá de la pelea por los recursos o el debate político, para expertos como la directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, Cristina Isaza Mejía, esta podría verse ya como una “crisis humanitaria” para los pacientes del país, especialmente para aquellos que requieren tratamientos para patologías crónicas como la diabetes y el cáncer.

“Esta es una crisis humanitaria, y lo peor, anunciada, ya se sabía lo que podía ocurrir. Esta crisis la veo como resultado de una mala gestión, irresponsabilidad financiera del Gobierno y de la politización de un sistema de salud. En los últimos días hemos visto pacientes y familiares haciendo largas filas y pagando dinero de su bolsillo para obtener los medicamentos necesarios, situación que no sucedía en gobiernos anteriores. Esta afectación se ha hecho evidente desde hace meses para pacientes de enfermedades huérfanas, sino que como son tan pocos, es un mal que sufren en silencio, en solitario. Ahora la crisis se trasladó para otro tipo de medicamentos de enfermedades más comunes y esto ya dio la visibilidad a la problemática”, advierte Isaza.

Para ella, el Gobierno estaría usando esta situación para imponer políticamente su proyecto de reforma a la salud. “Están en riesgo las vidas de miles de pacientes y la tranquilidad de sus familias, especialmente de aquellos que sufren enfermedades crónicas. Muchas personas pueden morir o sufrir complicaciones, lo más triste, siendo evitables, gracias a la escasez de fármacos esenciales. El colapso total de un sistema de salud que ha sido funcional, nos regresa a un sistema más centralizado, ineficiente y corrupto, donde el estado obtiene más poder”, agrega la experta.

Con dicha opinión coincide el exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, quien destaca que esta crisis financiera y de falta de liquidez del sistema puede profundizar las dificultades para un goce pleno del derecho fundamental a la salud para todos los colombianos sobre todo para ciertos grupos poblacionales, como aquellos pacientes que venían recibiendo tratamientos a tiempo y que hoy se enfrentan a dificultades operativas.

“El Gobierno debe reconocer la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud y encontrarle la solución a través de la mesa técnica y que cumpliría parcialmente hasta ahora con lo ordenado por la Corte Constitucional. Sin embargo, tampoco parece que la voluntad sea esa, cuando el Gobierno Nacional está diciendo públicamente que no habrá corrección en el sistema y tampoco en la Unidad de Pago por Capitación. Hay un tema central de la discusión y es la voluntad de buscar un consenso para llegar a los acuerdos que permitan realmente una solución”, agrega Galán.

El investigador y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, advierte que, contrario a lo que ha señalado el Gobierno, que ha manifestado que esta crisis puede solucionarse a través de la reforma de la salud, lo cierto es que el articulado no ofrece una respuesta con la urgencia que requiere la problemática actual.

“La reforma no constituye por sí misma una respuesta integral e inmediata. Una reforma estructural del sistema de salud puede mejorar procesos regulatorios, fortalecer controles sobre la comercialización de medicamentos y racionalizar la gestión logística. Sin embargo, los resultados positivos de cualquier reforma tardarían tiempo en evidenciarse, mientras que la crisis actual exige soluciones de corto plazo. Por lo tanto, la reforma debe complementarse con acciones urgentes que atiendan directamente las causas inmediatas del problema, como la gestión eficiente del Invima, controles estrictos contra la especulación y acuerdos con proveedores nacionales e internacionales. La incertidumbre por una propuesta de reforma a la salud mal gestionada por el Gobierno Nacional ha agudizado la crisis por falta de medicamentos”, destaca Hernández.

En su concepto, para enfrentar efectivamente esta crisis se deben tomar medidas inmediatas a corto y largo plazo. De esta manera, se debe resolver el problema del flujo de recursos; fortalecer la capacidad operativa del Invima para acelerar los procesos de registro y aprobación sanitaria (que actualmente tiene 14.000 solicitudes represadas); también se requiere de controlar estrictamente prácticas de especulación y acaparamiento en el mercado; y promover la importación prioritaria de medicamentos críticos en riesgo de desabastecimiento.

Mientras que a mediano y largo plazo se debe revisar y fortalecer la política farmacéutica nacional, garantizando disponibilidad y precios justos mediante mecanismos como compras centralizadas y negociaciones directas; también se requiere de implementar sistemas robustos de vigilancia y gestión anticipada de riesgo de desabastecimiento; y promover la producción nacional y regional de medicamentos esenciales para reducir la dependencia de importaciones.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros