‘Gobierno busca estatizar la salud con propuestas polarizantes, innecesarias y electorales’: Exministros de salud

Durante los últimos tres años, el sistema de salud colombiano ha enfrentado un deterioro sostenido y creciente. Diversos informes técnicos, académicos y ciudadanos, con base en fuentes oficiales, han documentado un aumento significativo en las peticiones, quejas, reclamos y tutelas; un crecimiento preocupante del gasto de bolsillo por parte de los hogares; y un mayor número de personas que buscan alternativas en seguros privados. Estos síntomas, según han advertido los expertos, reflejan el actual deterioro del sistema de salud, algo que está afectando en forma grave a los pacientes y sus familias.

Durante ese período, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ha intentado impulsar su proyecto de reforma, que de acuerdo con el grupo interdisciplinario de exministros, exviceministros, expertos y defensores del derecho a la salud, es “regresiva y no responde a las verdaderas necesidades del sistema, ni a las prioridades de los s y pacientes, y tampoco a las evidencias técnicas”.

Así lo afirma el grupo de expertos en un comunicado emitido el martes 20 de mayo, en donde firman exfuncionarios como Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria, Jaime Arias, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, Eduardo Alvarado, Fernando Ruiz, Blanca Cajigas, Diana Cárdenas, Mauricio Santamaría y María Andrea Godoy, entre otros

En su concepto, el modelo de salud del Magisterio (Fomag), presentado por el Gobierno Nacional como ejemplo para reemplazar el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) a nivel nacional, ha demostrado resultados negativos que fueron evidenciados por estudios publicados en los últimos meses y más recientemente en una sesión de su Consejo Directivo, mostrando desorganización, barreras de y desprotección de los maestros.

“El Ministerio tampoco ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional ni ha tomado las decisiones necesarias para garantizar la financiación del sistema. Como consecuencia, éste se encuentra ilíquido, los prestadores están al borde del colapso operativo y los ciudadanos enfrentan cada vez más obstáculos para acceder a sus tratamientos. La situación se agrava con discursos polarizantes, acusaciones sin fundamento y ataques a quienes han servido al país desde el conocimiento, la academia y la gestión responsable”, señalan los exministros.

De acuerdo con ellos, el Gobierno ha promovido decretos que buscan “transformar de facto el modelo de aseguramiento en salud, sin respaldo legal, sin sustento fiscal, sin capacidad de implementación ni acuerdo político amplio”. Esto, refiriéndose al proyecto de decreto propuesto por el Ministerio en días pasados que profundizaría estos riesgos al querer transformar el sistema de salud por vía reglamentaria, desconociendo las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011, vulnerando la Ley Estatutaria de Salud y debilitando la protección financiera y la continuidad del cuidado para millones de colombianos.

“Preocupa el sentido de algunas declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno nacional, que pueden interpretarse como parte de una estrategia para hacer explícita y profundizar la crisis del sistema de salud, con el fin de justificar un cambio abrupto de modelo. Se percibe el patrón del uso de la crisis como herramienta de ruptura, y no como motor de corrección. Esto no solo deslegitima las instituciones existentes, sino que ha puesto en riesgo la salud, la confianza y la vida de los ciudadanos”, alertan los expertos.

Para ellos, además preocupa que el último informe técnico sobre el aval fiscal de la reforma legal en curso en el Congreso incrementa la incertidumbre sobre su sostenibilidad económica real, dado que no existe “un modelo claro de financiamiento de mediano plazo que incluya el pago del faltante acumulado durante los últimos años y que permita garantizar el pago de los servicios, la formalización del talento humano y la ampliación del sin comprometer otras prioridades sociales”.

En su concepto, cualquier transformación profunda del sistema debe estar precedida de responsabilidad fiscal, planificación técnica y respaldo legislativo transparente. Por lo que avanzar sin estos pilares incrementaría el riesgo de colapso operativo y de regresividad en el derecho a la salud.

“La iniciativa de involucrar al sector salud en una consulta popular se reconoce como una pretensión de instrumentalizarlo dentro de una tosca estrategia electoral. Las preguntas que incluyen son polarizantes, porque buscan decisiones emocionales y no informadas; engañosas, porque plantean soluciones aparentes como si fueran viables y automáticas; e incompletas, porque no presentan modelos funcionales ni responsables. Con esa Consulta Popular el Gobierno Nacional no plantea la resolución a la crisis financiera que enfrenta el Sistema, peor aún, agrava la situación al distraer y confundir a la población sobre sus verdaderas causas y sus soluciones”, señalaron los expertos.

En ese sentido, el grupo de exministros, exviceministros y expertos advirtió a través del comunicado emitido ayer que el sistema de salud enfrenta actualmente una crisis de gobernabilidad, de financiamiento y de legitimidad sin que se avizoren propuestas de solución por parte del gobierno y que se están desmontando estructuras funcionales sin construir capacidades reales de reemplazo, destruyendo la capacidad técnica de las instituciones.

“Los s y pacientes están pagando los costos de decisiones ideologizadas e improvisadas, afectando la economía de los pacientes y sus familias. El flujo de recursos financieros está comprometido y se ha roto la confianza institucional. Toda la cadena está afectada; la dificultad para el y la escasez de medicamentos son apenas algunos de los signos de este bloqueo. Se pretende imponer un modelo estatizado, centralista y regresivo que no ha demostrado eficacia ni siquiera con el “modelo” que se implementó en el magisterio”, resaltaron.

“Además, este grupo interdisciplinario reitera su compromiso con el país, con el derecho a la salud y con una reforma verdadera: progresiva, técnicamente viable, fiscalmente sostenible, democráticamente tramitada y centrada en las personas. Hacemos un llamado al Senado de manera general y a su Comisión 7ª en particular, para que considere los aportes hechos por los pacientes, s, academia, profesionales de la salud, sociedad civil y a la evidencia, y no aprobar propuestas que afectarán aún más a las personas. Es claro que se debe trabajar en la solución de las grandes pérdidas que tiene el Sistema para mejorar el y la oportunidad; ese debe ser el centro de cualquier discusión o propuesta”, destacaron.

Los expertos también pidieron a las Cortes que, dentro de sus competencias, mantengan la vigilancia e impartan las órdenes que consideren necesarias para que se supere la crisis actual del sistema de salud y se atienda de manera sostenible este derecho a todos los colombianos. “Confiamos en que el Gobierno Nacional rectifique el rumbo, abra espacios reales de diálogo y reconstruya la confianza.

Reiteramos que nuestra Colombia merece un sistema de salud justo, humano y sostenible. No una ruptura improvisada, sino un progreso sensato y respetuoso con los grandes avances obtenidos, construidos sobre lo que ha funcionado, protegiendo la salud y los ingresos de los pacientes y sus familias”, finaliza el documento publicado por el grupo interdisciplinario.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros