Estudio alerta por déficit en el sector de la salud para 2025: comenzará el año entrante con faltante de $ 19 billones; esto dicen expertos

afidro, gremio que agrupa varias compañías farmacéuticas en Colombia, y el Centro de Estudios Económicos de la Anif presentaron los resultados de un nuevo estudio sobre la situación financiera del sistema de salud en el país. 

Las cifras del informe revelan que el sector iniciará 2025 con un déficit de 19,7 billones de pesos, un monto que es equivalente al dinero que habría sido necesario para cubrir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 15,7 millones de personas que en 2023 se encontraban en situación de pobreza monetaria. 

De acuerdo con la entidad, dicha estimación está sustentada en que, desde 2021, la UPC ha sido calculada por debajo de su nivel real en alrededor de 2,8 puntos porcentuales anuales, situación que, además, agrava la crisis financiera de las EPS, especialmente considerando la demanda diaria de 2,5 millones de servicios que dichas entidades prestan para cubrir la salud de toda la población. 

Y es que, desde hace años, expertos advierten que el sistema está en medio de una profunda crisis financiera debido, en parte, al mencionado error de cálculo en la UPC y la falta de pagos en Presupuestos Máximos (PM). Pero el escenario se agrava todavía más debido a la incertidumbre que genera la nueva propuesta del Gobierno para reformar el sistema, así como la falta de gestión y reconocimiento del Estado ante la evidente crisis del sector. 

En consecuencia, el estudio titulado ‘Financiamiento del sector salud’ advierte que para el año entrante se requeriría un aumento del 16,4 % para la UPC, lo que implicaría una necesidad presupuestal total de más de $100 billones. Este valor es esencial para cubrir las necesidades de prestación de servicios de salud del próximo año y no aborda el déficit acumulado de años anteriores. Por lo tanto, expertos de la Anif indican que es fundamental continuar discutiendo mecanismos dentro del presupuesto para satisfacer las necesidades del sistema y garantizar el pago oportuno de las deudas previas.

Fabián Suárez, jefe de Estudios Sectoriales de Anif y economista con experiencia en Medición Económica, Análisis Macrosectorial y Construcción de Índices Indicadores, explica que la necesidad de establecer el monto de la UPC en 16,4 % para 2025 se debe, en gran medida, a un desajuste entre los ingresos del sistema de salud y el uso de sus servicios.

"Desde la pandemia, ha crecido la preocupación de las personas por su salud, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios médicos. Aunque esto es positivo, los ingresos del sistema de salud se han mantenido casi estáticos, ya que dependen de las contribuciones de los trabajadores y de las transferencias del gobierno central, especialmente para el régimen subsidiado. Con la reactivación económica, el uso de servicios médicos ha aumentado, pero las primas de aseguramiento que los trabajadores aportan al sistema han permanecido iguales. Esto genera un desajuste financiero, ya que el costo del uso de los servicios crece, pero los ingresos no", aclaró.

Por su parte, Catalina Bello, directora de y Sostenibilidad de Afidro, manifestó durante la presentación de la investigación que es alarmante que la falta de recursos financieros esté generando un 'cortocircuito' en toda la cadena de suministro de medicamentos. Esto, luego de que las asociaciones de pacientes de todo el país se plantaran en más de una ocasión frente al Ministerio de Salud para exigir que se resuelva el estado de desabastecimiento de ciertos fármacos que son esenciales para mantener a ciertos s con vida. 

"Desde Afidro, reiteramos nuestra total disposición para colaborar con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud en la búsqueda de soluciones conjuntas, reconociendo las deudas y la insuficiencia actual, al tiempo que proponemos alternativas para generar más recursos y optimizar el uso de los disponibles”, dijo. 

Cabe señalar que son muchos los actores del sector que proponen soluciones e intentan llegar a concesos con el Gobierno, sin obtener una respuesta positiva. La Anif traza una serie de recomendaciones en su informe que se enfocan en hacer evaluaciones integrales para ajustar correctamente la UPC, tomando en cuenta indicadores macroeconómicos y el uso real de los servicios durante el año.

Además, aseguran que es necesario fortalecer los sistemas de información y las auditorías, flexibilizar los estándares de calidad en la atención en zonas dispersas y mejorar la distribución del talento humano en el sector salud.

Asimismo, proponen adoptar un enfoque de largo plazo que contemple los factores que aumentan el gasto, como el envejecimiento poblacional, la formalización laboral y el avance tecnológico, y advierten que lo más urgente es encontrar nuevas fuentes de financiamiento. También destacan la necesidad de cerrar las brechas de atención en el país, reforzar la atención primaria en salud y garantizar servicios de calidad en tiempos oportunos.

De no encontrar soluciones, los analistas advierten que se perderán los grandes avances del sistema en 30 años: una cobertura casi universal (de 99,4 %) y un gasto de bolsillo que no superaba el 13 %, al cierre de 2023. 

"Actualmente, Colombia es uno de los países con menor gasto de bolsillo en proporción al gasto total en salud. Sin embargo, si persisten los problemas de tiempos de espera y baja disponibilidad de medicamentos, las personas buscarán opciones privadas para acceder a servicios médicos esenciales, incrementando así el gasto de los hogares. Esto ya es una realidad observable hoy en día y podría intensificarse si no se ajusta el sistema para mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios", señaló Suárez.

Lo que advierten los analistas de Anif, coincide con lo que vienen planteando otras figuras del sector. A tan solo unos meses de la discusión en el Congreso para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo) ya estima un faltante de 5,9 billones de pesos para la vigencia 2024, por concepto de Unidad de Pago por Capitación (2,2 billones), Presupuestos Máximos (2,7 billones) y siniestros asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (850.000 millones).

Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico del gremio, aseguró ante varios medios de comunicación, que la situación a mediano plazo es insostenible. Las cifras muestran que, con corte a marzo de 2024, la siniestralidad promedio de las EPS es de 111,5%. Es decir que por cada 100 pesos que reciben estas entidades, gastan $111,5 pesos en costos de salud. Si a este desfase se agregan los gastos istrativos que son cercanos al 4,5% de los ingresos, la siniestralidad combinada estaría cerca de 116%.

“La falta de recursos tiene diversos impactos negativos. Esto provoca pérdidas operativas, una disminución en el valor de los activos de las EPS, inversión inadecuada y escasa de las reservas técnicas, y un aumento en las deudas, tanto las reconocidas como las posibles, con prestadores y proveedores”, indicó.

Cabe resaltar que el componente de salud que más creció dentro de todos los segmentos del PIB fue el gasto de bolsillo. Se incrementó a una tasa del 3.7% real y se espera que los planes voluntarios de salud crezcan un 10% nominal este año, según cifras oficiales de Acemi del primer trimestre.

A pesar de que el Dane decidió eliminar las preguntas relativas al gasto de bolsillo de la Encuesta Calidad de Vida, por lo que el país ha perdido este valioso insumo para la discusión pública, Mario Cruz ha señalado que se vienen tiempos difíciles, en los que los ciudadanos tendrán que financiar el sistema con su propio dinero.

“La gente está teniendo que meterse la mano al bolsillo para comprar medicamentos, para ir a médicos especialistas, para ir al odontólogo y aún para contratar pólizas o medicinas prepagadas o planes complementarios que suplan lo que el sistema de salud no les está entregando. De alguna manera lo están financiando y yo me temo que este fenómeno puede irse empeorando en el tiempo”, destacó.