Exclusivo: Expresidente de Coosalud responde a acusaciones de las Superintendencias

Este jueves, el Gobierno decidió tomar control completo del conglomerado de empresas que conforman Coosalud a través de la Supersolidaria. 

Según anunció en rueda de prensa la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, se encontraron irregularidades con la Cooperativa Coosalud, que supuestamente estaría siendo usada para mover recursos de la salud entre dicha empresa y la EPS Coosalud, por lo que se decidió “tomar posesión” de esta entidad financiera de ahorro.

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Tras esta toma de posesión, la Supersolidaria tendrá dos meses para realizar una auditoría y a partir de lo que se encuentre en dichas pesquisas se decidirá si pasa a una fase de intervención para istrar o se pasa a una toma de posesión para liquidar a la cooperativa, que además desde la participación accionaria es dueña de otras empresas del conglomerado de Coosalud, como Coosalud Inversa.

La funcionaria destacó que a partir de esta intervención de la cooperativa financiera lo que se buscará es averiguar cómo se están realizando ciertos movimientos de dineros entre las tres empresas. Dicha realidad, según señaló la supersolidaria, habría generado un supuesto riesgo de lavado de activos que tendrán que investigar las autoridades.

Ante ello, EL TIEMPO habló con Jaime González, presidente ejecutivo de Coosalud EPS desde el 1 de febrero de 1996 hasta el 22 de noviembre del 2024, cuando fue intervenida por el Gobierno. 

González, quien también es representante legal de las otras compañías que hacen parte del conglomerado de Coosalud, negó las acusaciones y aseguró que lo que se está buscando es crear una “cortina de humo” con la EPS para desviar la atención alrededor de la grave crisis que atraviesa el sistema. 

“Nosotros consideramos que esto es un mecanismo para desviar la atención”, puntualizó González.

El directivo volvió a insistir que los giros de recursos y el cobro hecho por el banco GNB Sudameris estaban dentro del marco legal, dado que Coosalud surgió primero como una cooperativa comunitaria de salud y luego se transformó en EPS, creando alrededor de ella varias empresas que funcionan como vehículos financieros para poder operar.

“En el año 2017, que fue cuando se hizo ese proceso de reorganización empresarial, los recursos que necesitaba la empresa eran más o menos unos $ 120 mil millones, y siendo una cooperativa comunitaria no los tenía. Tuvo que hacer la reorganización y se escindió, se creó una sociedad comercial y con esa sociedad empezaron a buscarse las capitalizaciones. En esa sociedad comercial se crearon diferentes vehículos de inversión, uno de inversión que se llamó Multiservicios, otros vehículos que fueron unos fondos colectivos fiduciarios para poder movilizar unos activos y un vehículo de propósito especial para endeudarse que se llamó Inversa. Todo esto bajo la tutela de la cooperativa, que pasó de ser una cooperativa especializada en salud a ser una cooperativa multiactiva”, enfatizó González.

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En ese sentido, destacó el exdirectivo, bajo su concepto tanto María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, como Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, desconocen la normatividad, pues la solidaridad intraempresarial es permitida por la normativa colombiana, por lo que el movimiento de recursos entre las distintas empresas del grupo lo que buscaba era capitalizar las compañías y todo se hizo dentro de la ley.

“El señor superintendente no entiende que nosotros estamos utilizando un vehículo legal y aprobado para que se endeude. Y si no fuese un vehículo legal o con la fortaleza suficiente ningún banco le hubiese prestado. Ahí está la mayor demostración de que esto era un vehículo que tenía la capacidad para endeudarse, como efectivamente se hizo”, destacó, refiriéndose al préstamo hecho por el banco GNB Sudameris.

En cuanto a la casa que Coosalud Inversa compró con un préstamo de $ 10.000 millones de pesos de Coosalud EPS y luego la misma EPS le pidió a Coosalud Inversa que le arrendara, González señaló que lo que se estaba haciendo en dicho caso es una inversión para la construcción de infraestructura hospitalaria.

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“Utilizamos un concepto del Ministerio Público que decía que las EPS podrían endeudarse o buscar mecanismos financieros para poder contribuir al aumento de la infraestructura hospitalaria. El señor superintendente Rubiano, que quiero creer que es más por desconocimiento de norma que por otra cosa, no ha entendido que lo de la edificación no es una casa, sino que es un activo que se compró porque se pretendía hacer una clínica ahí con otros inversionistas con 150 camas para la atención de los afiliados dada la precariedad en la atención en Cartagena y Bolívar. Se pagaron 10.000 millones que fue un préstamo de 40.000 millones que había hecho Inversa a la EPS y lo que hicimos fue una cesión de pagar 10.000 millones de esos $ 40.000 millones de pesos que le debía la EPS a Inversa”, enfatizó el exdirectivo.

Finalmente, González calificó de “absurdas” las decisiones que se han tomado desde las Superintendencias, teniendo en cuenta que Coosalud EPS, que tiene más de 3 millones de afiliados, fue varias veces elogiada como ‘Gran Lugar Para Trabajar’ y por su gestión como EPS.

“Más que juicios mediáticos lo que tenemos es que buscar las pruebas de que se está cometiendo algún delito. Porque es muy fácil salir a desprestigiar y hablar de las personas. Por ejemplo, el superintendente cuando le hicieron una pregunta de qué había pasado con los supuestos paraísos fiscales denunciados dijo ‘que él no tenía pruebas de eso y que lo estaban investigando’. Es lo más irresponsable que puede haber, uno tiene que ser serio en la vida. Si utilizamos las palabras del presidente podría decir: qué tipo tan despistado en la vida este superintendente”, finalizó.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud 

@CaicedoUcros