Grupo de exministros y exviceministros alertan por 'debilitamiento de la capacidad técnica del Ministerio de Salud'

Este miércoles, el grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social emitió un comunicado conjunto en el que manifiestan estar preocupados por el proceso mediante el cual se definió la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2025 y alertan por un supuesto desmantelamiento progresivo en conocimiento y experiencia acumulada dentro del Ministerio de Salud, que son vitales para la adecuada operación del sistema de salud. 

“El grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, firmante de esta comunicación, reafirma su profunda preocupación por el proceso mediante el cual se definió la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025, que compromete la financiación suficiente del sistema de salud y, en consecuencia, la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Su definición se hizo sin el rigor técnico y metodológico exigido por las normas. De acuerdo con juristas, la resolución 2717 de 2024 comprometió principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública, eficiencia en el gasto público, y además incurrió en falsa motivación”, señala la carta firmada por 17 exfuncionarios, entre los que están voces como la de Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Jaime Arias o Augusto Galán.

De acuerdo con los expertos, la ley y la Constitución establecen de manera clara la obligación que tiene el Estado de financiar con suficiencia la atención en salud, lo que implica que las decisiones relacionadas con la UPC deben estar respaldadas por estudios rigurosos, actuariales y financieros. Con estos estudios, la determinación de la UPC debe reflejar de manera precisa las necesidades de la población y los costos reales de la atención en salud.

Sin embargo en su concepto se han ignorado dichos fundamentos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, limita el oportuno a los servicios de salud y afecta la calidad de la atención, con consecuencias directas y graves para la vida y el bienestar de los pacientes. “Esos estudios no son una opción ni un formalismo, son un requisito indispensable. El incumplimiento de estas obligaciones no es una falla menor ni un problema istrativo: tiene consecuencias directas y graves para millones de colombianos”, enfatizaron.

En ese sentido, de acuerdo con los expertos que llevan meses alertando sobre la crisis del sistema, la insuficiencia de recursos afecta la capacidad del sistema para atender a los pacientes de manera oportuna, deteriora la calidad de los servicios, genera barreras de y pone en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud para tratar sus enfermedades. Retrasos en la atención, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y falta de atención especializada son solo algunas de las consecuencias que podría producirse o que ya se están viendo, según alertan.

“No es con informes sesgados y sin sustento ni metodología técnica, que demuestran el desconocimiento de las funciones, responsabilidades, competencias y capacidades del ministerio de Salud o de la Adres, como se pueden tomar decisiones tan complejas y con tanto impacto para la ciudadanía. Por esas razones este grupo expresa también su profunda preocupación porque en lugar de fortalecer la capacidad técnica del Ministerio para la toma de decisiones informadas, se desmantela progresivamente el conocimiento y la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en estas materias tan vitales para la adecuada operación del sistema de salud”, agregaron.

En el concepto de los expertos, el debilitamiento de la estructura técnica del Ministerio de Salud plantea interrogantes críticos sobre la idoneidad de las decisiones que se han adoptado respecto a la suficiencia de la UPC en el último tiempo y, en consecuencia, sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

“Este escenario es particularmente preocupante en el contexto de la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la UPC, que aún no inicia su trabajo y cuya convocatoria no cumple con lo ordenado por la Corte, ya que no responde a la representatividad indicada en el Auto 007 de 2025. Si no hay una verdadera voluntad por realizar un análisis técnico riguroso y transparente, es incierto cómo se podrá garantizar que los recursos sean adecuados para atender las necesidades de la población y cumplir con los mandatos constitucionales”, resaltaron en la carta publicada hoy.

Por último, los exfuncionarios rechazaron “enfáticamente las expresiones sin fundamento del presidente de la República y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional quienes apelan a palabras injuriosas y ofensivas -proferidas contra senadoras y senadores, pacientes, profesionales de la medicina, exfuncionarios del ministerio y en general contra quienes los controvierten- con lo cual evidencian la insuficiencia de sus argumentos técnicos y democráticos, y alejan la discusión de la rigurosidad que debe tener la materialización de los principios constitucionales del derecho a la salud”.

Por lo que en su comunicación, los 17 exministros y exviceministros hicieron un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con la ley y la Constitución, así como con los Autos proferidos por la Corte Constitucional.

“A los diversos agentes del sector salud y a la opinión pública los invitamos a la unidad en torno a la defensa de nuestro sistema, más allá de las discusiones sobre la reforma. La salud de millones de colombianos no puede estar supeditada a decisiones improvisadas ni a criterios políticos partidistas o electorales. La garantía de su derecho requiere definiciones basadas en evidencia, planeación financiera adecuada y una institucionalidad técnica fuerte e independiente”, finalizaron.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros