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Noticia
Las complejas alertas que dejó la tercera mesa nacional por la crisis de la salud realizada este jueves
Distintos actores presentaron un grupo de peticiones para frenar la crisis del sistema.
Distintos actores se reunieron este jueves para revisar la crisis actual del sistema de salu7d. Foto: Cortesía
Este jueves, en Bogotá, diferentes actores, organizaciones y asociaciones relacionadas con el sector salud se reunieron por tercera vez en una mesa nacional por la crisis de la salud. En esta ocasión, la reunión fue convocada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas; la Sociedad Colombiana de Anestesiología y reanimación (Scare); Assosalud; los Colegios Médicos de Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Cauca y Santander; otras organizaciones de trabajadores y pacientes; asociaciones de s y grupos académicos y de expertos, quienes realizaron una revisión y análisis de la afectación del sistema de salud, así como lo relacionado con denuncias de corrupción en el sector de la salud.
Entre las conclusiones de la reunión, las organizaciones de pacientes declaran que existe una vulneración masiva del derecho a la salud expresada en más de 1.600.000 PQR recibidas, que llevándolos al total de la población, representan 4 millones de pacientes afectados por barreras de en el último periodo, ante la omisión de las autoridades de cumplir con el mandato a garantizar el derecho a la salud para todos y todas en el territorio nacional.
De acuerdo con los pacientes, las barreras, expresadas en la interrupción de medicamentos y tratamientos, falta de citas, procedimientos y demás atenciones, ponen en peligro la salud y la vida de los enfermos y lamentablemente ya se han expresado, con la muerte de algunos de ellos.
Por su parte, las organizaciones médicas, de profesionales y trabajadores del sector declararon que las condiciones de calidad y seguridad en la atención de los pacientes por falta de insumos y medicamentos están afectadas. Esto, dado que las deudas con las IPS han afectado el pago a una gran parte de los más de 800.000 trabajadores del sistema de salud.
Sumado a ello, las condiciones de empleo para los trabajadores del sector, en su concepto, son precarias y más del 65 % de los médicos y profesionales están contratados por prestación de servicios, quienes además dicen tener sobrecarga de trabajo e incertidumbre, lo que afecta su salud mental. De acuerdo con el gremio médico, en los últimos meses al 33 % de los profesionales de salud contratados por prestación de servicios les han sido disminuidos sus honorarios y un 18 % han sido removidos de sus cargos.
Para los expertos, el giro directo no está dando respuesta oportuna ni eficiente a las IPS y deja por fuera a los profesionales y trabajadores de salud por lo que este mecanismo debe ser implementado con este propósito. “El incumplimiento en el pago a los trabajadores afecta las condiciones de habilitación, elemento que debería ser considerado para que se tomen las medidas pertinentes de solución”, señalaron los expertos.
En cuanto a la situación de las clínicas y hospitales del país presentada por algunos de sus representantes, los expertos declararon que hoy el sistema de salud vive un cierre de servicios asistenciales por falta de recursos económicos en las IPS, que llega a la cifra de más de 26.000 cierres temporales y 9.055 cierres definitivos entre 2023 y 2024 (semestre I) y más de 1.200 en semestre II de 2024 registrando las regiones más afectadas Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico, siendo los más afectados, los servicios de mediana complejidad con un 55 %. Un 85% de estos cierres ocurrieron en IPS privadas.
Hoy estuvimos en la Mesa Nacional por la Crisis de la Salud, un espacio de diálogo y construcción colectiva organizado por la ACSC, donde se reunieron expertos, líderes del sector, asociaciones médicas, representantes de pacientes y aseguradoras. pic.twitter.com/qvOC17ymQE
— Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (@asocientificas) March 6, 2025
La cifra de IPS cerradas en el año 2023 asciende a 2.400 y en 2024 a 1.462, lo cual, según los expertos, evidencia una gran afectación en la capacidad instalada del sistema de salud, según cifras recogidas directamente de las secretarias territoriales de salud del país.
La Andi, también presente en el encuentro, manifestó que ha evidenciado las consecuencias de la desfinanciación del sistema de salud en la cadena de valor y muestra que, a tercer trimestre de 2024, la cartera vencida de las IPS llegó a 85,5 %, la de la industria farmacéutica a 32,5 %, la de las organizaciones de dispositivos médicos a 37,9 % y la de la cámara de gases medicinales a 69 %.
Los expertos, también analizaron los estados financieros de 1.004 IPS que están publicados en la página de la Supersalud y estos evidencian que en los últimos 3 años el deterioro en la rotación de cartera y el apalancamiento en proveedores ha sido una constante. Ahora bien, al proyectar el ejercicio en el tiempo, se puede identificar el punto de inflexión a partir del cual las IPS dejarían de tener caja para su operación corriente y ese punto ocurre cuando la rotación de cartera pasa de 180 días (estimación para el cierre de 2024) a 198 días, momento en el cual la afectación de la caja de las IPS va a llegar al límite según los expertos, poniendo en riesgo su operación, lo que pondría en riesgo la prestación de los servicios de salud a los pacientes y s del sistema en todo el país.
En ese sentido, la Andi afirmó que en comparación con los recursos presupuestados en la Adres para 2025 se requieren 4,2 Billones de pesos adicionales para presupuestos máximos corrientes, sin incluir la suficiencia de la UPC ordenada por Corte Constitucional y que está por el orden de 11 billones de pesos por lo que los recursos para garantizar el derecho a la salud en el 2025 son insuficientes.
Por su parte, Asocajas reiteró la necesidad de declarar una alerta temprana ante la vulneración del goce efectivo del derecho a la salud derivada de la crisis financiera que ha afectado el a los servicios de salud de manera progresiva.
Exministros y centros de pensamiento del sector salud, alertaron sobre los mínimos constitucionales que deben ser garantizados en el trámite de la reforma de la salud que involucra un derecho fundamental y que involucran la financiación requerida, hoy ausente según su concepto, pues el proyecto de Ley en trámite, no cuenta con aval fiscal.
“La no definición de una transición clara y segura para los actores del sistema, pacientes y demás actores del sistema y la falta de participación ciudadana amplia y democrática han sido una constante. La implementación del modelo de salud para los maestros es una muestra de lo que podría darse en el sistema general de salud”, señalaron los exministros.
Sobre el trámite de la reforma de salud los expertos lamentaron que el Congreso no dé prelación a las voces y propuestas de los actores, pacientes y trabajadores, de los expertos y demás actores del sistema, “sino que prevalezcan mecanismos transaccionales que deberían ser erradicados. Para este Gobierno el trámite de la reforma está por encima del derecho a la salud de los colombianos y mientras avanza la reforma en el Congreso, la crisis se agudiza, mueren pacientes, se cierran servicios e IPS y los médicos, profesionales y trabajadores sufren graves consecuencias”, añadieron.
La crisis del sistema de salud ha impactado a las IPS pero también al personal de salud. Foto:Gobernación del Valle
En ese sentido, los actores hicieron un conjunto de peticiones:
Al Gobierno Nacional para que cumpla las órdenes emitidas en los años 2024 y 2025 por la Corte Constitucional e incorpore y convoque a hacer parte de las mesas ordenadas por la Honorable Corte Constitucional a las organizaciones científicas, de profesionales y trabajadores y pacientes abajo firmantes.
Al Procurador General de la Nación para que en cumplimiento de su misionalidad convoque a los diferentes actores del sistema y para que tome las decisiones en lo que respecta a actuaciones de funcionarios públicos que no cumplan con su deber de garantizar y proteger el derecho a la salud de los residentes en Colombia y para que garantice que los mismos den cumplimiento a las ordenes de la Corte Constitucional.
A la defensora del Pueblo para que asuma con la mayor rigurosidad la defensa del derecho fundamental a la salud y emita las alertas que correspondan, evitando muertes por vulneración de este derecho fundamental.
A la Corte Constitucional para que declare el Estado de cosas Inconstitucional y ordene las medidas necesarias para superar la crisis, ordene la creación de un mecanismo colectivo que garantice el seguimiento y cumplimiento de las ordenes emitidas y así mismo ordene al Ministerio convocar a los grupos y agremiaciones de profesionales a las que se hace referencia en el punto 1.
A la Fiscalía general de la Nación, Contraloría General de la república y Auditoria General de la Nación y la Superfinanciera para que adelanten las investigaciones y hagan el seguimiento a los recursos de la salud en aras de llegar al fondo de presuntos actos delictivos o desviación de recursos que puedan estar cometiéndose en detrimento de los recursos para garantizar el derecho a la salud de los residentes en Colombia.
A la academia organizada en Universidades, centros de pensamiento, grupos expertos en el sector, Responsables de IPS, así como colectivos de trabajadores y s de todo el país para que se unan a esta Mesa en acciones conjuntas y colectivas a fin de exigir al Gobierno Colombiano que en cumplimiento de sus funciones garantice el derecho a la salud para todos y todas. Alertamos a la ciudadanía en general para que se solidarice con esta causa y se sumen a las acciones que se orienten a la defensa del derecho fundamental a la salud.