El Gobierno puso fin a la EPS Coomeva, una de las primeras aseguradoras de salud que tuvo Colombia, por la crisis financiera en la que se encontraba y por el riesgo en que estaba poniendo la prestación de servicios de salud a sus 1,2 millones de afiliados en 24 departamentos del país.
La EPS hacía parte de una de las más emblemáticas cooperativas del Valle del Cauca, con su acción cotizando en Bolsa de Valores, con más de 3.000 accionistas minoritarios y la entidad de salud que en la década pasada llegó a tener cubrimiento en más 900 municipios del país, con cerca de 3 millones de afiliados.
El martes, cuando funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud llegaron a su sede principal en Cali, pusieron en sus puertas los avisos de ‘sellamiento’ y notificaron la medida de liquidación como consecuencia de la toma de posesión, la EPS operaba en 124 municipios y en solo el año pasado había perdido 300 mil de sus s, quienes optaron por cambiarse voluntariamente de programa de salud.
La desbandada se debía, principalmente, a la mala atención que recibían, con continuas demoras en la entrega de medicamentos, la no realización de procedimientos y la dilación en tratamientos de enfermedades de alto costo como cáncer, hemofilia e insuficiencia renal crónica.
Según los entes de control como la Defensoría del Pueblo y la propia Supersalud, esta EPS ocupó en los últimos años los primeros lugares por el volumen de quejas radicadas por sus afiliados. De 2019 a 2021 la Superintendencia tiene registros de 193.100 quejas o reclamos de casi todos los departamentos donde operaba.
Ni con tutelas los s podían lograr a los servicios
En enero de 2020, dos meses antes del inicio de la pandemia en Colombia, se llegó a evidenciar que la EPS se demoraba hasta 84 días para atender una queja de riesgo de vida, es decir de un paciente que requería atención inmediata.
La toma de posesión era la medida istrativa que, junto con la intervención forzosa desde hace cuatro meses, fue adoptada desde el año pasado la Supersalud sobre la EPS con el fin de verificar su situación real, ya que Coomeva venía incumpliendo con los reportes de información a los que estaba obligada.
“Ni con las medidas de salvamento propias de intervención para istrar, se pudo superar la situación crítica que la entidad venía experimentando y, por ende, el incumplimiento de estas órdenes se mantuvo en el tiempo”, dice la resolución de la Supersalud que ordenó la liquidación.
El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, señaló que “ni con tutelas los s podían lograr a los servicios”, tras indicar que durante los últimos cuatro años y medio en que la EPS estuvo bajo medida de vigilancia especial y desatendió las órdenes de su despacho para que diera oportuna respuesta a las necesidades de los afiliados.
Algunas de estas órdenes incumplidas fueron las de garantizar la entrega de medicamentos de manera completa y oportuna a la población asegurada y reducir las quejas y el número de días de cierre de estas.
Indicadores financieros en rojo
Una de las causas que llevaron al declive de la EPS fue su deteriorada condición financiera y de solvencia, representada en el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado, capital mínimo, pérdidas acumuladas por un billón de pesos en los últimos 10 años y un progresivo nivel de endeudamiento.
“Presenta una disminución acelerada de sus afiliados, equivalente al 20% en los 11 meses de 2021 (corte a noviembre 2021), lo cual se refleja en menores ingresos, costos sostenidos para la atención de sus s y, por tanto, mayores pérdidas esperadas en los siguientes periodos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la entidad y la prestación efectiva de servicios de salud”, dice la resolución.
En la radiografía a su actual situación, el documento dice además que la EPS ha disminuido significativamente la generación de disponible, generando riesgo de iliquidez y aumento en los tiempos de mora de las obligaciones con su red prestadora.
La EPS estuvo bajo medida de vigilancia especial y desatendió las órdenes de la Supersalud para que diera oportuna respuesta a las necesidades de los afiliados
Precisamente la insuficiente red de prestadores impedía garantizar los servicios de salud a los s, afectaba la detección temprana de las enfermedades, aumentaba la gravedad de las patologías y provocaba congestión en urgencias.
En 11 meses de 2021 la EPS registró pérdidas por 190.219 millones de pesos y durante esta vigencia el 40% de su pasivo se concentraba en 30 acreedores por valor de 700.352 millones de pesos, lo cual generaba un alto riesgo de liquidez por la probabilidad de incumplimiento en esas obligaciones.
“No voy a permitir que las EPS jueguen con la salud de los s y por eso en estos tres años y medio ya hemos liquidado a 12, lo que permite que una población de 7,6 millones de afiliados se traslade de EPS y encuentren garantías de a los servicios de salud”, dice el superintendente Aristizábal Ángel, quien advierte que seguirá “tomando decisiones de fondo para salvar la vida y la salud de los colombianos”.
Más de un quinquenio en la mira de la Supersalud
El historial de sanciones y medidas istrativas contra la EPS Coomeva se inició a finales de 2015, cuando se empezaron a evidenciar incumplimientos de sus principales indicadores financieros y de atención.
Para ese momento, aún contaba con cerca de dos millones y medio de s y acumulación de deudas con su red prestadora, la cual comenzó a dejar de atender a sus afiliados especialmente a los pacientes de alto costo.
Para 2020 la crisis era tal que el Gobierno le exigió establecer un Plan de Ajuste Financiero, o de salvamento, en el que sus socios se comprometieron a hacer millonarias capitalizaciones que, a la postre, nunca cumplieron. Se estima que para mantener los estándares de aseguramiento debían capitalizar en 1,1 billón de pesos.
Por la Supersalud ha sido sancionada con más de 20.000 millones de pesos por motivos como fallas en la prestación de servicios e incumplimientos de pago con su red prestadora.
En diciembre de 2018 un editorial de este diario advertía que el agravamiento de sus indicadores asistenciales y financieros estaba repercutiendo en la insatisfacción de sus s y en los problemas de pago con las clínicas y hospitales que tenía contratadas para prestar los servicios.
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